BRUSELAS.- Los ministros de Transporte de la Unión  Europea han alcanzado este jueves un acuerdo político sobre la nueva  lista de proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de  transportes, que se beneficiarán de financiación de la UE a cambio del  compromiso de estar terminados en 2030. Para España, la lista incluye el  Corredor Ferroviario Atlántico y, por primera vez el Mediterráneo desde  Algeciras a Portbou.
   La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha sido la única en  oponerse al acuerdo al no incluir infraestructuras consideradas  fundamentales por el nuevo Gobierno, especialmente el Corredor Central,  que conectará España y Francia a través de un túnel por el centro de los  Pirineos. Pastor reclamaba también la incorporación a la lista de los  aeropuertos de Canarias, Alicante y Málaga, así como el puerto de Vigo.
   En su intervención final, Pastor se ha mostrado confiada en  que estos proyectos acabarán siendo aceptados en la negociación que se  inicia ahora con el Parlamento Europeo, que también tiene poder de  decisión en la materia. También Italia ha pedido que se incorporen más  proyectos, pero ha dicho explícitamente que aceptaba el compromiso,  según fuentes europeas.
   Durante el debate en el Consejo de Transportes, la ministra de  Fomento dejó claro que "el actual Gobierno de España no puede compartir  la propuesta actual al quedar excluidos itinerarios principales y  vertebradores de nuestro país".
   Pastor reclamaba especialmente a la UE "la introducción en la  red básica de la Travesía Central a través de los Pirineos, que es un  proyecto esencial para las comunicaciones en Europa que ya figuraba como  prioritario en la planificación europea del año 2004". 
   "España seguirá trabajando incansablemente a lo largo de este  proceso legislativo para que la importancia de la Travesía Central sea  reflejada en el texto final", ha agregado.
   La ministra de Fomento ha solicitado también "la inclusión en  la red básica del puerto de Vigo, que es el primer puerto pesquero de  Europa y clave del desarrollo de toda la vertiente Atlántica", así como  de los aeropuertos de Málaga, Alicante, Gran Canaria y Tenerife Sur  "tanto por su volumen de pasajeros como por su importancia estratégica  dentro de una industria de gran peso estratégico europeo como es la  turística". 
   Finalmente, Pastor ha defendido la incorporación de Zaragoza  "como plataforma logística por su ubicación estratégica y nodo central  de distribución de mercancías".
   Pero el comisario de Transportes, Siim Kallas, se ha mostrado  inflexible y ha rechazado incorporar a la lista ningún nuevo proyecto  por considerar que ello sentaría un "precedente diabólico" al dejar sin  valor una lista que se elaboró tras dos años de consultas previas.
   "No podemos iniciar estas negociaciones de nuevo", ha dicho  Kallas al término del debate público sobre redes de Transporte con los  ministros de los Veintisiete.
   En su opinión, si se aceptan las peticiones de un país "otro  Estado miembro se presentará con otra propuesta, y si aceptamos ésta los  Estados miembros vendrán con otras propuestas. Esto no puede llevarnos  lejos". Kallas ha señalado que durante los dos años de consulta ha  habido "varias rondas de negociaciones, muchas posibilidades de discutir  y de ajustar la metodología y propuestas concretas".
   La nueva norma incluye una cláusula de revisión que estipula  que la Comisión tendrá en cuenta la situación económica y presupuestaria  en la UE y en los Estados miembros cuando evalúe los progresos  realizados en los proyectos a finales de 2023.
   Bruselas quiere que todas las infraestructuras incluidas en la  red básica, incluidos el Corredor Mediterráneo y el Atlántico, estén  completadas en 2030. Para ello, ha propuesto movilizar 32.000 millones  de euros del presupuesto comunitario durante el periodo 2014-2020. Con  estos fondos se costeará entre el 20% y el 40% de los proyectos,  especialmente los tramos transfronterizos.
   En el caso del corredor Central, la Comisión está financiando  el estudio preliminar del túnel que atravesará los Pirineos y calcula,  basándose en experiencias anteriores, que una vez iniciadas las obras  tardará en construirse "más de 20 años", lo que incumpliría el requisito  de que la infraestructura esté finalizada en 2030. De ahí su rechazo a  incorporarlo a la lista de prioridades.
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