MÁLAGA.- Mohamed Bourdebala murió en una cárcel sin fecha de
estreno. El juez habló el jueves en un auto: tiene claro que Mohamed, de
36 años, y que llegó a Murcia en una patera, se había suicidado.
Interior, también.
El hermano de Mohamed, Andalucía Acoge y la
coordinadora impulsada contra el improvisado CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Archidona
dudan de lo que en realidad le ocurrió a Mohamed. Quieren preguntar a
los inmigrantes (hay testigos), pero la autoridad judicial lo rechaza.
Y, excepto abogados personados en la causa y políticos, nadie puede
entrar en ‘Archirona’. STOP transparencia, según publica El Confidencial.
En la cárcel convertida en CIE las horas pasan muy lentas para los 570
argelinos “encerrados ilegalmente”, según la coordinadora y los funcionarios de prisiones.
Creían que llegaban a Europa y se encontraron con una cárcel que ha
costado 130 millones de euros donde los primeros días no funcionaba la
calefacción y el servicio médico era escaso. Mohamed falleció en una
celda. El miedo y la desesperanza penetraron entre todos sus compañeros
como cuchillos afilados.
Dos meses como máximo. El 20 enero vence el plazo de internamiento para
los 200 inmigrantes (el cálculo de las ONG) que siguen en el recinto
(Interior no facilita los datos concretos, “por seguridad”, indica un
portavoz oficial). El resto han sido expulsados. En esa fecha los que
llegaron a la no estrenada cárcel ‘Málaga 2’ tendrán
que ser puestos en libertad. “A no ser que incumplan la ley… En este
país hemos visto ya muchas cosas”, resalta a El Confidencial José Luis Rodríguez Candela, coordinador del equipo jurídico de la ONG Andalucía Acoge.
“La gente está triste con lo que está pasando. Nadie esperaba cómo
les están tratando”, denuncia Rodríguez Candela que critica la “falta de
transparencia” del Ministerio del Interior. A los inmigrantes se les trata como lo que no son, como presos.
Tienen sus módulos, su control de entrada, sus celdas, sus locutorios. Y
el patio, donde pasan las horas en la que la temperatura es más
llevadera.
Daniel Machuca tiene 28 años y es el portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el CIE.
Trabaja de camarero en un bar de Málaga capital (“si no te importa,
prefiero obviar el nombre”, recalca) y lleva “toda la vida” echando una
mano “en lo que puedo” en acción social.
“El primer día no tenían ni
agua caliente. Había muy poca comida, carecían de ropa de abrigo. Los
que estaban más delicados fueron trasladados a un centro de salud
esposados y eso incumple la Ley de Extranjería. Los internos de un CIE
no pueden llevar esposas como si hubieran cometido un delito”.
“Palizas” de los antidisturbios
Machuca
denuncia “palizas” de los antidisturbios el día antes de la muerte de
Mohamed. “Aquello es para los internos una cárcel en toda regla. Esto no
puede volver a ocurrir. No queremos a más inmigrantes
en un centro penitenciario”, explica el responsable de la plataforma.
“Lo que tampoco entendemos es cómo no se ayuda a los familiares, que
están ‘tirados’ en la calle. Menos mal que el Ayuntamiento de Archidona
habilitó un albergue para que se pudieran quedar”.
Amanda Romero, experta en Extranjería, es la abogada de la familia de
Mohamed. “El asunto no está tan claro. Hay dos testigos de su muerte que
están en el CIE y no se les ha consultado. Y el informe de la autopsia
es preliminar”.
Los familiares recuerdan que el argelino fallecido en
Archidona era una persona “muy alegre y vital” y que su carácter que le
llevó a cruzar el Mediterráneo en patera no se corresponde con el
retrato-robot de un suicida. Incluso el ministro de Justicia de Argelia
ha anunciado que abrirá una nueva investigación y que también habrá una
nueva autopsia.
Mercedes Montero es la alcaldesa del pueblo, de
8.700 habitantes. A ella nadie le preguntó si estaba de acuerdo en que
la cárcel se convirtiera en CIE. Interior practicó con Montero una
política de hechos consumados.
“Si me hubieran consultado lo habría
rechazado, claro. Y estoy menos informada de lo que me gustaría. Me
enteré por los medios de la muerte de Mohamed. Pocas veces me entero de
lo que ocurre por vía oficial”.
La primera edil del municipio malagueño conoció las instalaciones penitenciarias aprovechando una visita al centro de una comisión interparlamentaria. Fue el pasado 1 de diciembre tras una visita a Archidona del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Les llevaron a una sala amplia donde estaban también representantes de la Cruz Rojas, diputados y senadores.
Sin contacto con los inmigrantes
“Reconocieron que los primeros días hubo un poco de desorden hasta que todo se fue regularizando. No había ni médicos
las 24 horas. Quisimos ver las habitaciones, bueno, las celdas, pero no
pudimos. La Policía Nacional nos dijo que el protocolo nos impedía que
tuviéramos contacto directo con los inmigrantes”, cuenta la alcaldesa.
La
cárcel carece de autorización para utilizar el agua de la red
municipal. Faltan algunos trámites administrativos. Archidona padece un
grave problema de agua. En septiembre tuvo que recurrir a
camiones-cisterna. El centro ha ejecutado una infraestructura para potabilizar el agua y que así llegue a los futuros reclusos y funcionarios.
“En
Instituciones Penitencias me dijeron que con las elecciones catalanas
no se iban a poner a inaugurar el espacio en esa coyuntura”
¿Y
la fecha de apertura de la cárcel? “Primero me dijeron que en junio o
julio de 2017, luego se retrasó con el problema del agua. Llamé a
Instituciones Penitenciarias y me dijeron que con las elecciones
catalanas no se iban a poner a inaugurar el espacio en
esa coyuntura. Luego que si enero o febrero. Lo último que me han dicho
es que será durante el primer trimestre de 2018”. Fuentes del Ministerio
del Interior consultadas por este diario no ratifican ninguna fecha de
apertura. "El CIE es provisional y la medida es excepcional y
extraordinaria", señalan estas mismas fuentes.
Los desperfectos que la infraestructura haya podido sufrir y la
incorporación de los 600 funcionarios de prisiones previstos y 90
efectivos de la Guardia Civil podrían retrasar aún más la inauguración
de la cárcel. Las obras acabaron en 2013. “Yo voy a
estar vigilante para que se cumplan las fechas. La situación se tiene
que clarificar cuanto antes mejor. Estoy deseando que todo esto cambie y
no seamos noticia por el CIE y sí por la puesta en funcionamiento de la
cárcel”.
Los ejemplos de Alhaurín de la Torre y Albolote
Pablo Romero,
nuevo presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de
Archidona “Cora de Raya”, prevé beneficios económicos con el centro
penitenciario. No tiene sobre la mesa ningún un estudio económico que
así lo certifique, pero sí ha contactado con los alcaldes de Alhaurín de
la Torre (Málaga) y Albolote (Granada), municipios con cárceles, para
saber las ventajas de contar con un centro penitenciario.
“Nadie en un principio quiere tener presos cerca de su casa, pero
pasado un tiempo se nota un empuje de la economía local con más trabajos
en el juzgado, más movimientos en las oficinas bancarias, taxis o
suministros. Al final puede dar mucha vida”, pronostica Romero.
Lo que ninguna Administración ha logrado sacar adelante es el proyecto de mejorar la carretera
que comunica el núcleo urbano de Archidona con la cárcel (se encuentran
a siete kilómetros de distancia). La infraestructura costaría nueve
millones de euros. “Tendrían que tomar cartas en el asunto. El trazado
tiene muchas curvas y se prometió una reforma íntegra que incluiría un
viaducto, pero nadie ha hecho nada”.
