Además de la pena para Juan Carlos Ruiz por fraude y cohecho condena a su jefe de Gabinete, José Fidel Saura y la directora de Turismo, dependiente de la Consejería de Industria, Mariola Martínez.
También condena a los empresarios de la trama, Alejandro de Pedro y el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, por cohecho activo y fraude. Tanto Ruiz como Alonso también son condenados a pagar costas y la inhabilitación, así como la prohibición de recibir subvenciones.
Además, el juez subraya que la falta de ejecución de algunos contratos "no elimina la relevancia penal de los actos preparatorios, especialmente cuando hubo concertación y presión política".
El juez considera colaboradores a Francisco Javier Bueno González y Agustín Alonso Conesa y les impone condenas de entre 6 meses y 2 años de prisión "como cómplices o cooperadores necesarios".
Es el caso del ex consejero de Industria y Turismo y ex portavoz parlamentario del PP en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, al que el tribunal considera culpable unos trabajos de mejora de la reputación personal en internet y al que el tribunal condena a un año por fraude y tres por cohecho.
Un papel principal en esta causa corresponde al exalcalde cartagenero José Antonio Alonso, quien, se habría dedicado a ofrecer a cargos públicos unos trabajos de mejora de la reputación personal en internet, conocidos como 'networking management' y sobre los que en apariencia se buscaba que fueran sufragados con fondos públicos.
El tribunal también considera culpables a la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles; y el jefe de gabinete de Ruiz, José Fidel Saura. Todos ellos han sido condenados a penas que suman cuatro años de prisión por los delitos de fraude y cohecho pasivo propio.
La Audiencia Nacional ha dictado sentencia por hasta cuatro años de prisión para los involucrados en la denominada ‘Operación Púnica’ en Murcia, afectando a figuras como el exconsejero Juan Carlos Ruiz, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, así como a María Dolores Martín, anterior directora general del Instituto de Turismo, el exjefe de gabinete José Fidel Saura y el empresario Alejandro de Pedro, todos ellos por delitos de fraude y cohecho.
Según la sentencia, el tribunal también ha impuesto penas de un año de cárcel para Jesús Norberto Galindo, ex secretario general del Instituto de Turismo, y Agustín Alonso, y una pena de seis meses para los trabajadores de las empresas involucradas, Sara Gargallo y Francisco Javier Bueno.
La AN considera que hubo una ‘concertación delictiva entre ellos, sujetos públicos y privados’, para cometer un ‘acto de corrupción’ que consistió ‘en el diseño y planificación de la operación reputacional –finalidad ajena al interés público–, como de la forma de sufragar ésta a través de uno o varios contratos administrativos amañados y de los actos delictivos concretos que comporta esta forma de actuar’.
Los jueces describen que la operación fue ‘dirigida a beneficiar ilegítimamente a las empresas EICO y MADIVA –ambas controladas por Alejandro de Pedro Llorca y su socio José Antonio Alonso– a través de una licitación simulada mediante procedimiento negociado sin publicidad, por importe de 30.000 euros’.
Además, se aclara que esta ‘concertación se estructuró en distintos niveles, con reparto funcional de tareas, según el lugar que cada interviniente ocupaba en la Administración o en el entorno empresarial’.
Finalmente, el tribunal ha absuelto a De Pedro, los hermanos Conesa, Gargallo y Bueno del delito de prevaricación administrativa que pesaba contra ellos.
La Guardia Civil llevó a cabo un lunes de octubre de 2014 una de las mayores operaciones contra la corrupción de la historia de España. Se registraron de forma simultánea ayuntamientos, domicilios particulares y sedes de empresas.
Los detenidos superaron la treintena. Entre ellos, el que había sido ‘número dos’ de la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, Francisco Granados, la persona más relevante entre los detenidos.
El estallido de Púnica hizo aflorar una red de corrupción que atravesaba una docena de municipios en Madrid, León, Murcia y la Comunitat Valenciana con adjudicaciones millonarias manipuladas a favor de determinados empresarios.
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