CARTAGENA.- Vox y PP han dado luz verde este martes en el Pleno de la Asamblea Regional a
la proposición para modificar la ley de personal estatutario del
Servicio Murciano de Salud (SMS). La propuesta, que surge de Vox, tiene
la finalidad de que los jefes de servicio del SMS puedan trabajar
también en la sanidad privada.
El diputado de Vox, el ultra Rubén
Martínez, ha expuesto que su grupo no considera justa la ley, motivo por
el que promueven la modificación de la norma aprobada en 2001 por el PP.
Esta medida decaerá si se aprueba el Estatuto Marco del Ministerio de
Sanidad mediante el cual se quiere extender a todo el territorio
nacional la prohibición de compatibilidad que actualmente solo está en
vigor en Murcia y Aragón.
En este sentido, Martínez ha
anunciado que si sale adelante la propuesta del Ministerio la
recurrirán. "La incompatibilidad para los jefes de servicio supone un
grave problema para garantizar la excelencia sanitaria. Si se cumplen
las amenazas de la banda de Pedro Sánchez, de los comunistas estos, sin
duda, tendremos muchísimas repercusiones negativas en todo el territorio
nacional", ha dicho.
Por parte del PP, Antonio Martínez ha
asegurado que esta incompatibilidad está provocando que "plazas de
jefaturas de servicio hospitalarias queden vacantes por tener
condiciones que no resultan atractivas para profesionales con gran
experiencia, lo que puede suponer que el usuario del sistema no se
beneficie del conocimiento y la experiencia de estos profesionales".
Entre los críticos con la modificación destacan PSOE y Podemos. La
socialista María Soledad Sánchez ha reprochado a Vox que las excusas
para modificar la ley "son una ofensa para los miles de profesionales
del SMS" y ha instado a "proteger mucho más aún el sentido de la función
pública reflejado en la Constitución".
En ese sentido, ha argumentado
que la exclusividad de los médicos que ejercen labores de dirección
"fortalece el sistema de pertenencia. Los conflictos de intereses pueden
propiciar problemas de productividad y prácticas irregulares".
La diputada de Podemos María Marín también ha advertido que la razón
de la incompatibilidad está recogida también en la ley. "Se excluye al
personal facultativo que ocupe labores de dirección para que las
decisiones que se adopten no se encuentren condicionadas por intereses
distintos", ha dicho señalando que un jefe de servicio puede influir en
la externalización de estos y llevarlos a los hospitales donde trabaje
por las tardes.
Asimismo, el Pleno ha aprobado una moción del
PP, que ha contado con el apoyo de Vox, y que rechaza la propuesta del
Estatuto Marco anunciado por el Ministerio de Sanidad. La diputada del
PP Mari Carmen Ruiz ha advertido que el Estatuto Marco "genera
incertidumbre, ataque directo a los derechos de los profesionales, lo
que provocará agravar el problema de déficit médico".
La diputada de Vox
María José Ruiz ha recordado que "se debe diseñar un plan nacional de
Sanidad que subsane las diferencias entre regiones. Hay que frenar toda
propuesta que rompa la unidad de España creando diferencias entre
españoles".
Por contra, la diputada de Podemos María Marín ha
reprochado al PP que no llevara al Pleno propuestas para mejorar el
Estatuto Marco. Y se ha mostrado a favor de medidas incluidas en el
Estatuto Marco como la adaptación de las categorías profesionales para
que las enfermeras sean A1 y las TCAE, nivel C1 exigiendo que sus
retribuciones "se adapten a esta categoría profesional".
Al igual, la
socialista María Soledad Sánchez ha recordado que la renovación de esta
norma es "una petición de los sanitarios".
El Pleno también ha
aprobado por unanimidad una iniciativa de Vox para que el Gobierno
regional ponga en marcha un plan integral de calidad y auditoría en la
gestión de los contratos-programa suscritos por las distintas
consejerías con entes y organismos públicos.
El diputado de
Vox Rubén Martínez ha asegurado que en la Asamblea el consejero no dio
las razones en la interpelación que le hicieron sobre el incumplimiento
legal relativo a la publicación de forma periódica de los referidos
informes de seguimiento, "ni se ha ofrecido explicación razonada sobre
el procedimiento y establecimiento de indicadores adecuados para el
evaluar el cumplimiento de los objetivos estipulados en los
correspondientes contratos programa. Tampoco se ha justificado
debidamente el retraso en la formalización de los contratos programa,
llegando incluso a formalizarse dichos contratos a escasos días de
terminar el año al que dicho contrato se refiere".
Por otro
lado, el Pleno ha rechazado una moción del PSOE en la que se pedía que
el Gobierno regional aplicara la ley de vivienda estatal y definiera
como zonas tensionadas aquellas que sufren los alquileres más elevados.
El único respaldo al PSOE ha sido de Podemos.
El diputado del
PSOE Miguel Ortega ha recordado durante la exposición de la iniciativa
que desde hace años los precios de los alquileres y la vivienda en la
Región "no paran de subir. Somos la segunda comunidad donde más sube el
precio de la vivienda. Y esto es por culpa, exclusivamente, de 30 años
de gobiernos del PP", ha manifestado al tiempo que ha reprochado al
Gobierno regional la no aplicación de la ley.
"Lleva ocho años
sin construir ni una vivienda pública, no limita la proliferación de
pisos turísticos y no paga la ingente cantidad de ayudas que está
financiando el Gobierno de España, como el Bono al Alquiler Joven", ha
advertido.
Vox y PP han votado en contra de esta iniciativa.
Desde VOX Ignacio Arcas ha pedido al PP no traicionar a sus votantes y
"no apoyar ninguna iniciativa del Gobierno corrupto de Pedro Sánchez", a
lo que la presidenta de la Asamblea le ha llamado la atención y, a
petición del PSOE, le ha pedido retirar dicha afirmación, lo que ha
subsanado añadiendo "presunto" delante de corrupto.
El diputado del PP
Antonio Landáburu, por su parte, ha advertido que el problema de la
vivienda "no se soluciona con medidas populistas" y considera que el
PSOE "intenta traer en forma de crispación medidas populistas" para
solucionar el problema de la vivienda.
Además, la Asamblea
constituirá una Comisión Especial de Investigación sobre las
derivaciones presuntamente irregulares del Servicio Murciano de Salud a
la sanidad privada. La iniciativa, presentada por Podemos, ha salido
adelante con los votos también favorables de PSOE y Vox y el voto en
contra de PP.
La diputada de Podemos María Marín ha
denunciado que se están derivando operaciones y pruebas de la Arrixaca a
hospitales privados "sin justificar la necesidad de dichas
derivaciones".
Para ello ha puesto como ejemplo la externalización de
las operaciones de cataratas pagando en 2022 a hospitales privados en el
Área de Salud número 1 unos 358.937 euros por las operaciones "y nunca
se justificó la carencia de medios propios, según el informe del
Tribunal de Cuentas".
Desde Vox, Eugenia Sánchez ha señalado
que "es un derecho de los ciudadanos conocer la verdad". A su juicio, el
informe del Tribunal de Cuentas "denuncia unos hechos graves, tenemos
más gasto, más déficit y menos resultados para los ciudadanos".
De
similar opinión es la socialista María Soledad Sánchez que también ha
asegurado que el Servicio Murciano de Salud derivó pruebas a centros
privados "al margen de la ley".
Por contra, la diputada del PP
Mari Carmen Ruiz ha defendido que se haya actuado "conforme a la ley.
Hoy el Tribunal de Cuentas ratifica que procede decretar el archivo de
todas las actuaciones por no existir indicio de alcance contable, por
tanto, ¿quién miente? ¿El Tribunal de Cuentas o el PSOE", ha dicho
rechazando la creación de dicha comisión porque "no hay nada que
investigar".
Finalmente, el Pleno ha aprobado también ampliar
el plazo para que la Comisión de Estudio sobre Infancia y Adolescencia
pueda concluir sus trabajos y elevar al Pleno el correspondiente
dictamen.
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