MURCIA.- Un total de ocho organizaciones sociales, vecinales y ecologistas han
denunciado públicamente al Partido Popular por "falta de transparencia y
participación" en la tramitación de la modificación de la Ley 3/2020 de
Recuperación y Protección del Mar Menor.
En concreto, las
organizaciones que suscriben esta denuncia son Alianza Mar Menor
(AMARME); Colectivo Banderas Negras; Ecologistas en Acción de la Región
Murciana; Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Cartagena y
Comarca (FAVCAC); Greenpeace; Plataforma Ciudadana Pacto por el Mar
Menor; SEO BirdLife; y YayoFlautas -- Murcia.
Se trata de
organizaciones sociales y ambientales que "defienden el Mar Menor desde
hace años", y han denunciado públicamente mediante un comunicado su
rechazo a la forma de tramitar la reforma de esta Ley.
En
primer lugar, han recordado que "no tiene sentido modificar una ley que
apenas lleva cuatro años de recorrido y que, precisamente, no ha sido
todavía aplicada en sus aspectos más relevantes en cuanto a la
protección del Mar Menor, como son la ordenación territorial, la
reducción efectiva del uso de nitratos y las medidas de freno de la
erosión".
A las entidades firmantes les preocupa que esta
reforma "se aborde sólo para contentar a la ultraderecha, en la que se
apoya el PP para mantenerse en el Gobierno regional, casi 30 años ya, y
que se esté promoviendo un debate sesgado en la Asamblea Regional para
justificar la modificación a la baja y conforme a los intereses de la
agroindustria y la ganadería, cuyos lobbies llevan años presionando al
ejecutivo murciano".
Por otro lado, las organizaciones que han
suscrito el comunicado consideran que "es bastante sintomático el
listado que presenta el Partido Popular a la Comisión de Asuntos
Generales e Instituciones de la Asamblea Regional, que es la que tratará
la reforma de la citada Ley del Mar Menor".
De las 46
comparecencias propuestas, han señalado que "la mayor parte son del
sector agroindustrial, de ayuntamientos gobernados por el PP, con la
ultraderecha, y de científicos muy cuestionados por su papel en algunos
momentos de la crisis eutrófica o por defender algunas tesis poco
compartidas en el ámbito científico y que casualmente convienen al
sector agroindustrial y ganadero".
"Pero lo más indignante es
que el PP no haya nombrado ni a las organizaciones vecinales, ni a la
mayor parte de las organizaciones que vienen luchando por el Mar Menor
desde hace años, y que se permitan decir abiertamente que no interesa su
opinión, que es irrelevante, y que ya conocen su postura", tal y como
han aseverado.
Para estas organizaciones, esta postura "va
totalmente en contra del Convenio de Aarhus de 1998, sobre el acceso a
la información, la participación del público en la toma de decisiones y
el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que fue ratificado
por España el 29 de diciembre de 2004, y que entró en vigor el 29 de
marzo de 2005".
Las organizaciones se preguntan "cómo pueden
conocer las inquietudes y propuestas de la ciudadanía, si ni siquiera
las convocan, ni las reciben". Y usando el mismo criterio, se cuestionan
"cómo es que se convoca a todo el sector agropecuario, con el que se
reúnen constantemente, y por tanto deben conocer bien su postura y
reivindicaciones".
Para las organizaciones firmantes del
comunicado, esta situación "revela perfectamente qué intereses defienden
y cuáles son sus prioridades".
"No es propio de una democracia sana y
del siglo XXI negar la voz de la ciudadanía; es todo lo contrario, un
ejercicio de despotismo y una forma de gobernar autoritaria que no cree
en la transparencia y la participación social como modo justo y más
representativo de gobierno", han señalado.
Por ello, las organizaciones firmantes consideran que esta reforma de
la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor "es
innecesaria" y que "lo que hay que hacer es cumplir ya con todos los
artículos de la norma que no se están cumpliendo, con el Plan de Gestión
Integral (que tampoco se está cumpliendo) y con las Directivas
Europeas".
Igualmente, han considerado que el Gobierno
regional "debe tomarse muy en serio el necesario viraje hacia la
transparencia y la participación pública reales, y abandonar las
preocupantes derivas autoritarias que está adoptando"; así como que la
legislación ambiental "se tramite de forma ordinaria, para que se haga
con la máxima participación social, y con todos los informes preceptivos
de los órganos consultivos".
Para terminar, las
organizaciones firmantes han recordado que seguirán vigilantes para
denunciar, ante la Unión Europea y ante los tribunales, cualquier paso
atrás en la protección del Mar Menor.
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