El coste de esta medida rondaría los 3.000 millones de euros
que se repartirían entre Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La
Mancha.
En una segunda fase podrían abordarse algunas
cuestiones en principio técnicas, como una revisión del sistema de
retenciones y entregas a cuenta de forma que las primeras reflejen con
rapidez las decisiones tributarias de las comunidades autónomas y las
segundas sean más sensibles a la evolución real de la recaudación.
Y mientras se implementa la segunda fase, Fedea cree conveniente que
se abran negociaciones, primero entre las formaciones políticas y luego
con las comunidades autónomas, "para buscar un consenso lo más amplio
posible sobre las reformas que el sistema necesita".
"Para que
la reforma sea factible y pacífica, sería necesario al menos un acuerdo
entre los dos principales partidos nacionales. Sería deseable ampliar
el consenso a otras fuerzas políticas y a las comunidades autónomas,
pero no a cualquier precio", sentencia el informe.
Fedea ha advertido del riesgo de que se inicie "una deriva hacia un
sistema de financiación autonómica a la carta", negociado de forma
bilateral con comunidades como Cataluña, lamentando que esto "privaría
al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus
funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y
territorial".
Es una de las conclusiones del informe que ha
presentado este lunes el director de Fedea, Ángel de la Fuente, en un
desayuno informativo con la Asociación de Periodistas de Información
Económica, donde ha presentado un nuevo informe que recopila varias
notas sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y local.
En este contexto, Fedea advierte que, dado los pactos de investidura
alcanzados por el PSOE con las formaciones independentistas, "podría
iniciarse una deriva hacia un sistema de financiación a la carta, que
limitaría artificialmente la contribución de éstas a la redistribución
regional y a la financiación de los gastos comunes del Estado".
"Esto no sería admisible", añade el informe, que reconoce que esta
situación ya existe con las comunidades forales --País Vasco y
Navarra--, aunque desde Fedea apuestan por "trabajar para ir
corrigiéndola de forma gradual".
Por ello, creen que "no se puede permitir que el problema se extienda
a otras comunidades de mayor peso económico".
"Eso privaría al Estado
de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones
esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y
territorial".
Para el director de Fedea, la reivindicación
independentista de "una financiación a la carta" podría comportar que
ciertas comunidades "se queden básicamente sin recursos" porque no se
financien los gastos comunes del Estado, mientras que el Gobierno
central se podría quedar sin fondos para "ejercer sus funciones".
"Si esto se cede, si aceptamos echar a andar en esa dirección,
estaríamos echando a andar en la dirección del Estado federal" en el que
"cada uno se queda con lo suyo", ha alertado De la Fuente, asegurando
que lo que "hoy se dé" a Cataluña "mañana lo pedirá" Baleares y "pasado
mañana" lo hará Madrid.
En cualquier caso, el informe de Fedea
apuesta por abordar la reforma del sistema de financiación "en varias
fases".
"Puesto que una reforma integral del sistema es una tarea compleja que exigirá muchos meses de negociaciones, sería deseable aprovechar el tiempo para ir avanzando en ciertos trabajos preparatorios de carácter técnico y, sobre todo, para ir introduciendo en el sistema algunos retoques que podrían implementarse sin necesidad de un acuerdo general", añaden.
No hay comentarios:
Publicar un comentario