VALENCIA.- La defensa del ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana ha presentado un recurso en el juzgado nº 8 de Valencia en el que pide que la investigación del "Caso Erial",
 en la que se le atribuyen diversos delitos ligados a la prevaricación, 
la malversación y el blanqueo de capitales, sea asumida por la Audiencia Nacional, según recoge hoy El Mundo.
La
 solicitud se apoya básicamente en la circunstancia de que los supuestos
 delitos cometidos -y que Zaplana niega rotundamente- se habrían 
cometido en distintos países además de España. Por tanto, al igual que 
ha sucedido en otras investigaciones como Gürtel, Púnica, la Operación Lezo o el "Caso Pujol", que se citan en el recurso, debería ser el órgano jurisdiccional con sede en Madrid el que siguiera con el caso.
Según el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá de los delitos 
cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a
 los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. 
"Es
 del dominio público que la Audiencia Nacional se ha declarado 
competente para la instrucción y ulterior enjuiciamiento de numerosos 
procedimientos relativos a la corrupción sobre la base de que el delito 
de blanqueo de capitales asociado a los mismos, se había perpetrado 
básicamente fuera de España", se reproduce en el recurso.  
 Además, el abogado de Zaplana aprovecha el escrito para desacreditar la
 declaración del abogado uruguayo Fernando Belhot, considerado por la 
Guardia Civil como el "testaferro" del ex ministro de Aznar. 
Entre los argumentos del escrito se cita que, según la Guardia Civil,  Imison Interrnacional, la sociedad luxemburguesa que constituyó Beatriz García Paesa con hasta 600.000 euros de fondos entregados en mano por el recientemente fallecido Juan Cotino,
 y el resto de sociedades el supuesto entramado montado para evadir 
capitales, tienen o han tenido su sede social  fuera de España. Desde esas sociedades se hicieron transferencias a distintos lugares (Hong Kong, Panamá, Andorra, sostiene el escrito, pero ninguna de ellas tuvo como "beneficiario" a Zaplana. 
Al respecto, se dice que Zaplana "no tenía la menor relación con las 
compañías beneficiarias de tales movimientos, tal y como se deduce 
claramente de la abundante documentación aportada a las comisiones 
rogatorias internacionales".  Sostiene el abogado de Zaplana que "la 
fuerza actuante", que liga al ex presidente valenciano  con esas cuentas
 "es  la incoherente y espuria declaración del anteriormente investigado
 Fernando Belhot".
Pese a negar a los hechos que se le atribuyen, 
el recurso indica que los supuestos delitos de cohecho y de blanqueo que
 se le atribuyen se habrían cometido en Luxemburgo y no en el partido 
judicial de Valencia, que es donde arrancó la investigación con lo que 
califica como "rocambolesca historia de los papeles de Marcos Benavent", conocido como el "yonqui" del dinero. 
Alegato de inocencia
Pese
 a las continuas citas a casos de corrupción muy conocidos en España, el
 abogado de Zaplana deja claro que "no debe interpretarse en el sentido 
de que esta parte comparta, si quiera mínimamente, las valoraciones 
realizadas por la fuerza actuante y por la propia Instructora sobre el 
resultado de las diligencias practicadas". 
Antes al contrario, se
 sigue, "tras el examen de la abundante documentación aportada a las 
comisiones rogatorias tramitadas, del seguimiento realizado a 
determinadas salidas de fondos de las cuentas investigadas o del 
escrutinio verificado sobre el patrimonio de Eduardo Zaplana, se pone de
 manifiesto la inexistencia de vinculación directa o indirecta con 
actividad ilícita alguna".
Es aquí cuando  se carga contra los investigadores, a quienes acusa 
de "recurrir a dos elementos incriminatorios inaceptables desde un punto
 de vista lógico y procesal": por un lado, la declaración del "ex 
imputado" Fernado Belhot y la coincidencia de determinadas anotaciones 
en las agendas del Sr. Zaplana con (sólo) algunos hitos de las 
operaciones investigadas".
Sobre la confesión de Belhot, se dice: 
"Una vez analizados los movimientos bancarios, las fichas de firmas de 
las cuentas suizas, la documentación incautada al propio Fernando Belhot
 en su despacho y domicilio en Uruguay, se pone en evidencia la 
incoherencia y falsedad de sus manifestaciones, como tendremos ocasión 
de demostrar". 
Y respecto a la fuerza de las anotaciones en su 
agenda, el escrito sostiene que "no parece serio, ni siquiera a nivel 
indiciario, extraer conclusiones de este dato; particularmente cuando un
 simple repaso a dichas agendas nos muestra que raro era el día en el 
que el Sr. Zaplana no tenía dos, tres o incluso más reuniones, muchas de
 ellas, como es natural, con sus amigos y ahora, quizás por eso, también
 imputados en la presente causa". 
Así, se concluye, "con tan 
peculiar criterio al señor Zaplana y a los amigos que frecuentaba se les
 podría imputar casi cualquier delito que dentro de un marco temporal de
 más de 20 años, les pareciera oportuno o les viniera bien a los 
investigadores, por el mero hecho de que días antes o días después 
tuvieron una reunión, paseo, comida, encuentro o llamada entre ellos".
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