VALENCIA.- Eduardo Zaplana solicitó el pasado lunes la suspensión de sus
comparecencias para firmas en la Ciudad de la Justicia por su
investigación en el caso Erial, el blanqueo de millones de euros de supuestas comisiones a cambio de adjudicaciones amañadas, según Las Provincias.
Dos son los motivos que la defensa del expresidente de la Generalitat
alegó en su escrito. Por un lado, el estado de alarma y las actuaciones
acordadas como urgentes por el Poder Judicial no incluían este tipo de
controles que tienen como finalidad vigilar que los investigados no
eludan la acción de la Justicia.
Pero, además, en este caso se añadía el
delicado estado de salud del exministro de Trabajo. Zaplana padeció una
leucemia que terminó en un trasplante en 2015. Un simple resfriado se
convierte en una cuestión de cierta importancia.
Desde entonces debe
someterse a continuas revisiones médicas e incluso, durante su estancia
en prisión, fue trasladado al Hospital La Fe de Valencia por las
complicaciones médicas. El especialista que lo trataba alertó de un riesgo vital en el caso de que regresara a la penitenciaría.
Pero la jueza, el Fiscal Anticorrupción y los magistrados de la
Audiencia que analizaron los recursos nunca creyeron que la cárcel
pusiera en riesgo la vida del político. De hecho, sólo se le concedió la
libertad provisional tras bloquear 6,3 millones de euros de dos cuentas
en Suiza. Apenas 72 horas después de esa operación, el dirigente del PP
recibió el alta médica y se marchó a su domicilio.
El Poder Judicial acordó ayer suspender con carácter general
este tipo de comparecencias. En la Ciudad de la Justicia de Valencia se
seguían ayer practicando con normalidad. En este caso, estos
procedimientos están centralizados en una garita.
Esto fue una idea
pionera en Valencia impulsada por el anterior juez decano de Valencia,
Pedro Viguer y que, más tarde, fue exportada a otras provincias
españolas. Los agentes de policía que recogen el cumplimiento de las
firmas se encuentran en una garita de seguridad, aislados. Además, ahora
se impedía que hubiera aglomeraciones en la cola.
La resolución del Poder Judicial, no obstante, acuerda que se
podrán mantener las comparecencias apud acta siempre que los jueces
aprecien circunstancias excepcionales para garantizar que el investigado
no eludirá la acción de la Justicia. Además, proponen que el control
se efectúe a través de una llamada de teléfono.
Será clave el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal
encargado del caso ya apreció en su día riesgo de fuga al disponer en
el extranjero de un enorme patrimonio, circunstancia que posteriormente
se confirmó tras la incautación de más de seis millones de euros de
Suiza y, en total, cerca de 11 millones a todos los investigados.
La Guardia Civil sigue el rastro de parte del dinero de Andorra cuyo
paradero se ignora. Esta circunstancia, así como las elevadas penas a
las que podría enfrentarse, pueden llevar al fiscal a forzar la
comparecencia o medida de control.
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