La entrada o no de 
ministros de Podemos no es el principal obstáculo para la investidura de
 Pedro Sánchez. Cabe suponer que sobre eso se llegaría a un acuerdo si 
ambas partes cedieran en algo. El gran problema es que aun con los 
escaños de Podemos, los del PNV y otros partidos menores, la abstención 
de Esquerra sería imprescindible. 
Y aceptar ese apoyo antes de que se 
conozca la sentencia del procés le resulta muy difícil al líder 
socialista. No sólo por lo que el partido de Oriol Junqueras pediría a 
cambio, que puede que no sea mucho. 
Sino porque a los ojos de la 
derecha, de buena parte de los medios y también de la opinión pública el
 nuevo gobierno se habría colocado del lado del independentismo.
Y
 no en un momento cualquiera. Sino en vísperas de que se conozca la 
sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Cuya decisión de este 
viernes de no poner en libertad a los presos hasta que se emita el 
veredicto es una señal que admite dos interpretaciones: una apuntaría a 
que Marchena y los suyos van a rebajar la petición fiscal, rechazando el
 delito de rebelión, y quieren seguir haciéndose los duros para ir 
preparando a los sectores de la judicatura, la política y la sociedad 
que exigen la máxima firmeza. 
La otra a que la sentencia va a ser 
tremenda y no quieren soltar a los presos para evitarse luego líos. Algo
 huele a que este segundo camino es más probable que el primero.
Los reiterados llamamientos de Pedro Sánchez a que el PP y
 Ciudadanos se abstengan en la votación de investidura se entienden a la
 luz de esa inquietante perspectiva. Aunque también es una manera de 
advertir de que si es elegido presidente con la abstención de Esquerra 
será por culpa de esos dos partidos. Su insistencia se está ganando toda
 suerte de críticas. 
Aunque en los últimos días varios exponentes de la 
derecha han venido a apoyar más o menos expresamente la posición del 
presidente. Mariano Rajoy lo ha hecho a su estilo: diciendo que debe ser
 Ciudadanos, y no su partido -¿por qué?- el que debería de dar ese paso.
 “Por la estabilidad”, ha dicho el expresidente. Porque no se ha 
atrevido a decir “para que los independentistas de ERC no se suban al 
machito”.
No cabe especular sobre lo que pedirían 
Oriol Junqueras y los suyos a cambio de permitir la presidencia de 
Sánchez y, más tarde, del gobierno de la izquierda española más o menos 
unida. Pero es muy probable que en una primera instancia, la previa a la
 investidura, no fuera mucho. Y que no plantearan directamente el 
reconocimiento de sus principales reivindicaciones, del derecho a 
decidir. 
Les bastaría con algún gesto que transmitiera que Pedro Sánchez
 está dispuesto de verdad al diálogo. Una actitud que parece bastante 
posible en el futuro, aunque desde hace bastantes meses el presidente no
 haya dicho una sola palabra al respecto.
Pero mucho 
más importante que ese eventual guiño, que, además, podría perfectamente
 no producirse, para Esquerra sería aparecer como el fautor último del 
nuevo gobierno. Sin perder una pluma habría ocupado el espacio 
tradicional de Jordi Pujol en la política española, el de socio 
inevitable, desplazando a Carles Puigdemont y los suyos de cualquier 
protagonismo y colocándose como interlocutor independentista único para 
la dura etapa que empezará el día que se conozca la sentencia.
¿Qué
 hará Pedro Sánchez si Manuel Marchena apoya las tesis de los fiscales? 
Está claro que una decisión como esa colocaría a la política catalana al
 borde de la implosión, al menos durante un tiempo. La gobernabilidad de
 España podría ponerse en cuestión. Sobre todo si también las derechas 
se ponen en pie de guerra y exigen el 155 y quien sabe cuantas cosas 
más. Europa miraría con ojos muy preocupados un panorama de ese tipo.
Sánchez
 no tendría más remedio que tomar iniciativas para evitar que la 
situación se le fuera de las manos. Tratando de entenderse con el PP y 
Ciudadanos, lo cual no sería fácil a la vista de que hoy por hoy y al 
menos en público, otra cosa es lo que puedan decir en privado, los 
dirigentes de esos dos partidos sólo hablan de mano dura con el 
independentismo y cabe suponer que verían con satisfacción que el 
gobierno socialista se viera metido en ese berenjenal. 
O intentando 
tender algún puente, obviamente a cambio de algo, con el 
independentismo, es decir, con Esquerra. Lo cual provocaría el rechazo 
de muchos, en Cataluña y en el resto de España, incluidos algunos 
sectores del PSOE.
Sin la abstención de Esquerra, 
Sánchez tendría más libertad para moverse en ese terreno. Pero tal y 
como están las cosas y a menos que el PP y/o Ciudadanos cambien de 
postura, esa abstención es insoslayable para lograr la investidura.
Ahí
 está el nudo, la razón principal de que las cosas aparezcan hoy 
bloqueadas. Las negociaciones con Unidas-Podemos deberían progresar, 
aunque no sin idas y venidas. Si Sánchez acepta que haya ministros de 
Podemos en el nuevo gobierno y Pablo Iglesias accede a no ser uno de 
ellos, el escollo más aparente quedaría superado. 
Y también podrían 
ponerse de acuerdo sobre el programa, aunque por el momento las 
diferencias no son pequeñas al respecto. Lo que todo parece indicar es 
que, a menos que las cosas se salieran de madre, Unidas-Podemos no va a 
arrostrar los riesgos que supondría provocar una repetición de 
elecciones.
Andoni Ortúzar ha dicho muy claro que el 
PNV está por hacer presidente a Sánchez. Compromis y el Partido 
Regionalista de Cantabria también parecen estar por esa labor. 
¿Aceptarán los socialistas ir a por todas y avenirse a la abstención de 
Esquerra? ¿Provocarán que la investidura se decida en una segunda 
sesión, que se celebraría en el mes de octubre, es decir, cuando ya se 
conociera la sentencia? Las respuestas, en las próximas semanas. 
(*) Periodista

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