A partir de este miércoles empezarán a llegar a las prisiones catalanas de Lledoners, en la comarca del Bages, y de Puig de les Basses,
en el término municipal de Figueres, los nueve presos políticos
catalanes después de un auténtico calvario en las prisiones madrileñas
de Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real y de una larga e injusta
privación provisional de libertad, que se prolongará por un tiempo
indefinido.
Un total de 260 días presos ya en el caso de los Jordis,
Sànchez y Cuixart, 243 días Oriol Junqueras y Joaquim Forn, 134 Jordi
Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa y 103 noches en prisión
la presidenta Carme Forcadell.
Abandonaron Catalunya como ciudadanos
libres y retornan privados de libertad y en una situación absolutamente
paradójica: tendrían que estar en el Govern, porque su privación de
libertad es injusta y el independentismo ganó las elecciones del 21-D.
Y, en cambio, una consellera independentista será la responsable última
de que la decisión del juez Pablo Llarena se lleve a término.
Para las próximas jornadas se han anunciado movilizaciones delante de las prisiones y una gran manifestación en Barcelona
el sábado día 14. Es obvio que la carga emocional de los próximos
días será alta, máxime cuando se oirán más alto que nunca las
acusaciones de PP y Ciudadanos, enfrascados en mantener vivo un relato
que se ha revelado falso y que gravita alrededor de la mentira.
De una
gran mentira que tiene como fundamento que quien protagonizó un
auténtico golpe de estado institucional contra las instituciones
catalanas acaba responsabilizando a su adversario de haberlo perpetrado
él. La suspensión del Govern y la disolución del Parlament fue una
clamorosa vulneración de la Constitución aunque sus defensores públicos
carecieran de escrúpulos cuando tomaron la decisión de aplicar el 155.
Se fueron libres y retornan presos pero la exigencia de libertad se
hará más fuerte que nunca en los próximos días. Coincidirá también todo
ello con la entrevista entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el de Catalunya, Quim Torra,
el próximo lunes. No será una reunión fácil para ninguno de los dos.
El
primero, dispuesto, como ha dicho, a dialogar sobre competencias, leyes
suspendidas y poca cosa más y Torra obligado a situar como eje de
cualquier negociación presos, derecho a la autodeterminación y
referéndum. Lo que está claro es que el traslado no es moneda de cambio
de nada sino el cumplimiento de la legislación vigente.
Y un aviso para los que en pocos días empezarán a debatir sobre si
los nueve presos políticos gozan o no de hipotéticos privilegios por el
hecho de que las prisiones estén bajo la supervisión de la Generalitat.
Una mirada hacia la cárcel de Brieva, en Ávila, donde está Iñaki Urdangarin, a buen seguro zanjaría cualquier debate.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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