El Sobresueldos dice a quienes quieren
oírlo –que cada vez son menos, pues es obvio que el hombre no dice una
verdad así lo aspen- que el referéndum del 1/10 no va a celebrarse
porque es inconstitucional y por lo tanto ilegal. No perderemos tiempo
en analizar sus razones porque no merece la pena. Los conceptos de
“constitucionalidad” y “legalidad” han quedado fulminados con un
gobierno corrupto hasta los calzones, cuyo sentido de la legalidad es
como el de la honradez y uno que ha hecho mangas capirotes con el
Tribunal Constitucional hasta el punto de convertirlo en una especie de
consejillo político de gentes adictas.
Nos
dedicaremos mejor a los aspectos prácticos. Exactamente, ¿cómo piensa
Rajoy impedir ese referéndum que la Generalitat está empeñada en
celebrar y contra el que, en realidad, no tiene razones? ¿A qué medios
recurrirá? Según la inteligencia más aguda del gobierno, no se considera
conveniente la aplicación del artículo 155 CE. Sáenz de Santamaría pasa
por ser esa inteligencia más aguda; imagínese cómo serán las menos
agudas, por ejemplo, la de Rafael Hernando.
Además
de descartar el empleo del art. 155, tampoco goza de grandes simpatías
la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, ese bodrio arbitrario que
cocieron en 2014 entre Rajoy y Rubalcaba en contra de los catalanes. El
ejecutivo se resiste asimismo a aplicar la legislación de excepción
por la mala imagen exterior de España.
Y,
si ya no cabe bombardear Barcelona cada cincuenta años (los últimos
bombardeos fascistas tuvieron lugar en 1938), ni enviar al ejército,
¿cómo va a impedir el también conocido como “señor de los hilillos” que
los catalanes celebren su referéndum? El recurso a la ilegalidad de la
guerra sucia tampoco parece dar ya buenos resultados. Se encomendó a la
pareja de psicópatas al mando del ministerio del Interior que lo dejaron
todo peor que estaba y ha quedado reducido a una comisión de
investigación y un documental sobre “las cloacas del Estado” que pone
los pelos de punta.
Cabe
esperar una reacción típica de este gobierno que ha conseguido ya batir
todos los records de corrupción a escala mundial, consistente en su
inveterada práctica de decir una cosa y hacer otra, generalmente la
contraria. Uno de esos casos es el de las recientes actividades de la
Guardia Civil en el Principado que está actuando, según parece, por
iniciativa propia, sin respaldo de mandato judicial y siguiendo órdenes
de no se sabe quién, aunque se intuya.
Cuando
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúan por iniciativa
propia, sin cobertura de autoridad legítima, se convierten en
organizaciones ilegales, de carácter parapolicial y cabe hablar de un
estado de excepción más o menos encubierto. La arbitrariedad del poder
consiste en ignorar y silenciar las actividades presuntamente ilegales
de la Guardia Civil y completar la amenaza de estas con recursos de
inconstitucionalidad de carácter preventivo ante un Tribunal
Constitucional que opera como un brazo ejecutor de la política del
gobierno, ajustando sus tiempos a las necesidades de este.
Parece
claro que el gobierno movilizará a sus jueces y tribunales para dar una
apariencia de legalidad a lo que no es otra cosa que una imposición
arbitraria del poder. En un alarde de modernidad “democrática” esta
derecha parece decidida a sustituir a los militares por los jueces y con
los mismos fines represivos. Añaden los más viejos del lugar que no
conviene confiar en que dicha substitución sea definitiva, salvo que los
jueces consigan una “pacificación” de esa díscola población, como la de
los militares, cosa poco probable.
Queda
claro que el presidente sobresoldado no tiene ni idea de cómo resolver
el “problema catalán” y que confía en su habitual recurso de la
inacción, en el entendimiento de que si esta no consigue parar la
consulta, se echará mano a los demás recursos, empezando por el uso de
la fuerza.
De
hecho ya se ha comenzado con las actividades de la Guardia Civil sin el
correspondiente amparo judicial. Piénsese en qué puede pasar si en el
curso de estos interrogatorios a los cargos públicos y funcionarios de
la Generalitat, sucede alguna desgracia, prevista o imprevista. Para
curarse en salud, la Generalitat ha denunciado en el juzgado a la
Guardia Civil, supongo que por extralimitación de funciones y abuso de
poder. A su vez, la Guardia Civil ha pedido amparo a los Mossos
d’Esquadra frente a la manifa que la CUP tiene anunciada para mañana
frente a su casa cuartel.
Está
provocándose una situación de enfrentamiento institucional y
desbarajuste de gobierno, lo que no es menos alarmante por el hecho de
ser lo esperable en unos gobernantes neofranquistas cuyo espíritu
democrático es inexistente.
Del
otro lado, es llamativo el silencio de la izquierda no independentista,
tanto española como catalana. Los Comunes todavía no han encontrado
tiempo para condenar la actividad presuntamente ilegal de la Guardia
Civil. Y PSOE y Podemos guardan un silencio cómplice frente a las
arbitrariedades en Cataluña. Es de recordar aquí el famoso texto
erróneamente atribuido a Brecht, siendo de Niemöller, acerca de quién no
actúa y se rebela contra las injusticias porque afectan a otros sin
darse cuenta de que él siguiente en la lista será él.
Lo mismo con la
izquierda: si esta no tiene la entereza y el espíritu de denunciar las
arbitrariedades contra los independentistas, cuando los neofranquistas
vayan por ella, tampoco habrá quien la defienda. No se olvide que el
Sobresueldos, el gobierno y el PP actúan de acuerdo con pautas
democráticas porque no les queda más remedio, igual que Rajoy tuvo que
declarar ante el juez por obligación y a rastras, aunque luego dijera,
con su habitual cinismo, que estaba contento de haber colaborado con la
justicia. Ellos actúan más a gusto en contextos autoritarios.
Podemos
no está jugando limpio en el asunto del referéndum y las declaraciones
de sus dirigentes cada vez se parecen más a las del PP. El PSOE comulga
con ellas de antes. Su propuesta de reformar la Constitución para
neutralizar el referéndum es tardía, inviable y pobre. Cuando le
aprietan las clavijas en asunto de la nación catalana, el PSOE camina
del brazo del PP. Y que no se le ocurra aventurarse por vías nuevas, que
llega la caudilla del sur, enarbolando la bandera de la una, grande y
libre y empieza a mover la silla de Sanchez de nuevo. El
plurinacionalismo es una bagatela y, aun así, despierta las iras
encendidas de los socialistas más carpetovetónicos.
En
resumen, una izquierda inútil, incapaz de aportar soluciones a los
problemas colectivos si no es aceptando el marco conceptual y la idea de
España de la derecha. Algo completamente absurdo porque esta tiene un
interés patrimonial en el asunto (ya que considera que España es su
cortijo y los españoles, sus esclavos), pero aquella, la izquierda, no
tiene –o no debiera tener- otro que la justicia y el respeto a los
derechos de los pueblos. De todos. No solo del suyo. Pues cuando solo se
tienen en cuenta las intereses del pueblo propio, no se tiene en cuenta
ningún interés salvo el del partido.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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