¿Por qué ordena la fiscalía a los mossos
 que hagan lo que tienen que hacer? Vigilar los delitos, impedirlos, 
denunciarlos, perseguirlos. Se trata de la función de los mossos. ¿Es 
que no la hacían? No debía de ser el caso puesto que la policía 
autonómica ya había mandado a la Audiencia Nacional un informe 
documentando 24 casos de delitos de este tipo. 
Prueba de estaba 
trabajando a pleno rendimiento. Más parece que el recordatorio de la 
fiscalía tiene una funcionalidad intimidatoria o amenazadora. Al hacer 
pública la advertencia de que los guardias estén atentos a la comisión 
del menor delito, a fin de reprimirlo, lo que se pretende es que sea de 
conocimiento general la plena disposición de las autoridades a reprimir 
cualquier conato de sedición o rebeldía. En el fondo, una amenaza del 
nacionalismo español al catalán.
Otra
 cosa es que se tipifiquen como delito los "ultrajes" a la corona. Eso 
sedicentes "ultrajes"no se refieren solo a la corona sino a 
prácticamente todo el orden político, desde la Constitución al ejército.
 En realidad, fue a causa de este último cuando se crearon estos delitos
 tan subjetivos como arbitrarios de los ultrajes e injurias a símbolos, 
objetos, entes, en la Ley de Jurisdicciones de 1906, aquella vergüenza 
por el que el Estado alfonsino se sometía a la arbitrariedad cuartelera.
 La República, con gran tino, la derogó; pero Franco, siempre dispuesto 
 mostrar su faz de dictador, la incorporó a su legislación de seguridad,
 de delitos contra el ejército y al Código Penal.
Y
 ahí sigue. Dentro de poco veremos más acciones de desobediencia civil 
en Cataluña, muchas de las cuales podrán interpretarse como intolerables
 ultrajes a la corona o a la Constitución y así lo harán los segmentos 
más profranquistas de la judicatura, como ya está sucediendo. Admitir 
que un "ultraje" a la corona, a la Constitución, a la casa real sea un 
delito, cuando es materialmente imposible delimitar objetivamente el 
alcance del ultraje es abrir las puertas de par en par a la censura, a 
la represión a la negación de libertad de expresión. Se trata de algo a 
lo que este gobierno neofranquista es muy proclive, como se muestra por 
el hecho de haber aprobado una norma tan represiva, dictatorial y odiosa
 como la ley mordaza, por la que se pretende yugular todo atisbo de debate público.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED 

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