CARTAGENA.- La Asamblea Regional,
con el apoyo de la oposición y la abstención del PP, ha pedido hoy al
Gobierno central una moratoria de un año en la puesta en marcha de la
reválida de 2º de Bachillerato contemplada en la LOMCE y, por tanto, que
continúe este curso la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), conocida como selectividad.
El diputado socialista Ángel Rafael Martínez ha defendido esta
iniciativa para acabar con la "enorme inquietud y nerviosismo" en el
alumnado de último curso de Bachillerato, que, a día de hoy, desconocen
cómo será la reválida, puesto que el Ministerio de Educación publicará
la orden ministerial al respecto a finales de noviembre.
La iniciativa ha sido refrendada por Podemos, a pesar de que su
portavoz, Óscar Urralburu, haya asumido que el Gobierno central hace
"muy poco caso" a los mandatos parlamentarios, mientras que el diputado
de Ciudadanos Miguel Ángel López-Morell ha justificado su apoyo debido a
que la aplicación de la LOMCE ha sido un "auténtico desastre".
Por parte del PP, el parlamentario Juan Luís Pedreño ha considerado que la moción socialista supone incumplir una ley orgánica,
además de pedir algo que las propias universidades públicas ya han
anunciado, como es respetar las pruebas selectivas hechas hasta ahora.
En materia de educación, el apoyo de PP a una iniciativa de
Ciudadanos ha permitido que el pleno valide que el Gobierno regional
revise la orden de la consejería de Educación que regula la enseñanza
bilingüe por parte de una comisión de trabajo.
La moción, que inicialmente pedía la derogación de la orden, ha sido
rechazada por PSOE porque la comunidad educativa queda fuera de la
comisión, y por Podemos, que pedía la eliminación de la norma, tal y
como se contemplaba en el texto original.
Asimismo, la oposición ha aprobado una moción de Podemos en la que
pide al Gobierno regional que firme convenios con las empresas
suministradoras de agua, luz y gas para prevenir e impedir los cortes de
servicio a las familias en riesgo de exclusión social.
El PP se ha abstenido aduciendo que el Gobierno regional ya está
ayudando a las familias que no pueden afrontar estos gastos mediante
ayudas directas o con subvenciones a los ayuntamientos, Cáritas y Cruz
Roja, además de advertir de que la Ley de Vivienda en la que se ampara
la iniciativa de la formación morada ha sido recurrida por el Gobierno
central ante el Tribunal Constitucional.
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