LORCA.- El viceportavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes en el
ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, ha denunciado hoy la intención del
Partido Popular de "premiar" con 600.000 euros de fondos públicos a los
promotores de un convenio urbanístico que incumplieron sus obligaciones
con el consistorio.
Con esta subvención los propietarios del antiguo
convento carmelita de San Indalecio, anexo a la iglesia del Carmen,
habilitarán un centro privado de Formación Profesional y de estudios
universitarios.
En ese sentido, Sosa ha mostrado su sorpresa porque el
equipo de Gobierno del PP se lamente reiteradamente porque el
Ayuntamiento tenga que devolver el dinero que los promotores de varios
convenios urbanísticos aprobados en 2005 reclaman después de que el
Ejecutivo autonómico de su partido no cumpliese con la tramitación
administrativa en plazo, y que, sin embargo, "no sólo no exija
responsabilidades a los promotores del convenio del Carmen por el
perjuicio ocasionado a los intereses del municipio sino que, además,
vayan a regalarles cien millones de las antiguas pesetas del dinero de
todos los lorquinos para potenciar un negocio privado".
El concejal de IU-Verdes, recordó que su formación ya denunció en
2012 las condiciones del convenio de rehabilitación y conservación del
entorno de este antiguo convento, por el que los promotores podían
edificar 34 nuevas viviendas y se comprometían a la urbanización de la
plaza aledaña y a la cesión de una parte del claustro totalmente
rehabilitado al Ayuntamiento.
Lo hizo tras las lluvias torrenciales de
2012, que ocasionaron el derrumbe de parte del edificio, en lamentables
condiciones de conservación antes de las riadas y de los terremotos de
2011.
En aquel momento, el entonces concejal de Urbanismo, José Joaquín
Peñarrubia (PP), se comprometió a ejecutar los avales presentados por la
empresa para completar las obras de urbanización de la parte propiedad
del consistorio. Peñarrubia aseguró que los promotores eran los únicos
responsables de los daños en esta parte del claustro y que los técnicos
municipales habían emitido informes contrarios a la recepción de las
obras por encontrarlas "incompletas, deficientes y no ajustadas al
proyecto aprobado por el Ayuntamiento".
Por ello, en 2012, ni se habían
otorgado las cédulas de habitabilidad ni se habían recibido las obras de
urbanización, según el edil del PP.
Sosa, quien ha mostrado fotografías del estado actual de edificio y
su entorno y ha podido constatar que los promotores siguen sin cumplir
sus compromisos, ha exigido al equipo de Gobierno del PP que aclare si
finalmente fueron concedidas las cédulas de habitabilidad y cuándo, si
el Ayuntamiento recibió las obras sin que se cumplieran las condiciones
del convenio, especialmente la urbanización de la plaza y la
rehabilitación de la parte del claustro cedida al consistorio, y si éste
es , finalmente, el titular de esta parte de la edificación. También ha
reclamado al alcalde del PP, Francisco Jódar, que explique cómo piensa
abordar el cumplimiento del convenio doce años después de su aprobación y
si la administración local está en disposición de ejecutar los avales
presentados por la empresa para completar dichas obras.
Al respecto,
Sosa ha declarado que "en IU-Verdes nos oponemos tajantemente a que los
incumplimientos de la promotora vayan a resolverse a costa del erario
público y que, para más burla, seamos los ciudadanos quienes sufraguemos
un negocio privado que no va a incorporar un nuevo recurso turístico al
patrimonio histórico y cultural de la ciudad ni a cumplir con ninguna
utilidad pública".
Por otra parte, Pedro Sosa ha criticado la pasividad de las
administraciones públicas a la hora de exigir a los propietarios de
bienes catalogados y protegidos sus obligaciones de conservación. "Si
este antiguo convento es un Bien de Interés Cultural, ¿Por qué nunca se
les ha exigido a los propietarios la ejecución forzosa de obras de
rehabilitación y conservación, ni se les ha sancionado por el
incumplimiento de las obligaciones que reflejan la Ley de Patrimonio
Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley del
Patrimonio Histórico Español?"
En ese sentido, ha lamentado que
Ayuntamiento y Comunidad Autónoma no sólo no exijan la conservación de
estos bienes sino que, además, premien la dejación e irresponsabilidad
de sus propietarios con jugosas subvenciones que tienen como fin la
rehabilitación de espacios para su exclusivo uso y disfrute.
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