MADRID.-  Las grandes constructoras aseguran que ya dan
 por perdido un importe de 1.799 millones de euros en las nueve 
autopistas de peaje que están en concurso de acreedores y en riesgo de 
quiebra, de las que estas empresas son actualmente titulares.
   Esta pérdida corresponde a los desembolsos de capital realizados 
en las vías y en la atención al servicio de la deuda que acumulan. Las 
empresas ya no esperan recuperar este importe sea cual sea la solución 
que el Gobierno decida dar a estas vías.
   Por ello, la asociación defiende que en ningún caso la solución 
que se dé a este problema supondrá un rescate para el sector, según 
aseguró su presidente, Julián Núñez.
   Las constructoras concesionarias de las autopistas en problemas 
aseguran que, adicionalmente, la Administración les debe 473 millones de
 euros por las modificaciones incluidas en los proyectos de construcción
 de las vías.
   Además, afirman que pueden tener que abonar 2.217 millones por las
 expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las vías, 
uno de los motivos de su quiebra junto con la caída de los tráficos por 
la crisis.
   El presidente de Seopan asegura que en el plazo de un mes el 
Gobierno dará una solución al problema de estas diez autopistas de 
peaje, para la que analiza dos alternativas, integrarlas en una sociedad
 pública o bien abordar su "liquidación ordenada".
   Las constructoras abogan por que la solución pase por la 
constitución de la sociedad pública, al considerar que se trata de la 
"mejor opción para el interés general", pues no supondría coste alguno 
para las arcas públicas.
   Por contra, avisan de que la eventual liquidación de la decena de 
autopistas supondría para el Estado unos 5.000 millones de euros.
   Asimismo, Seopan avisa de que también provocaría un enfrentamiento
 judicial de las principales empresas del sector con el Gobierno, "al 
que reclamarían todos los importes puestos en las vías" y que "duraría 
varios años".
   Además, advierte de que liquidar sociedades concesionarias de 
autopistas "cerraría el país" a inversiones privadas, tanto nacionales 
como extranjeras, para promoción de infraestructuras, y ocasionaría un 
"daño a la imagen de España ante la inseguridad jurídica que generaría".
   Aunque, según el presidente de Seopan, aún no hay una decisión 
tomada entre las dos posibles soluciones, el Gobierno y el sector siguen
 trabajando en el proyecto de constitución de una empresa nacional de 
autopistas.
   En este sentido, detalló que el Ejecutivo actualmente sopesa 
controlar el 100% del capital de esta empresa, en vez de ceder el 20% de
 las empresas actualmente concesionarias de las autopistas como esta 
previsto en un principio. De esta forma, se busca evitar que Bruselas 
rechace el proyecto por considerar que suponga ayuda de Estado.
   Según Núñez, las concesionarias de las vías aceptarían no contar 
finalmente con el 20% de la sociedad siempre que la solución final fuera
 acordara.
   Esta eventual empresa nacional de autopistas integraría a nueve 
empresas concesionarias que suman 748 kilómetros de autopistas, más de 
una quinta parte (el 22%) de la red, y una deuda financiera de 3.600 
millones de euros.
   Se trata de la radiales de Madrid, la vía que une la capital con 
el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-la Roda, la 
Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.
   "Esperamos que en breve plazo se cierre una solución acordada, que
 no cueste dinero a los españoles y que sea la mejor para el interés 
público", indicó Julián Núñez en rueda de prensa, para después 
manifestar que espera esta resolución en el plazo de un mes.
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