LONDRES.-  El Gobierno español debe dejar caer a algunas cajas de ahorros para  evitar los errores cometidos por Irlanda, que ha dado cheques en blanco a  las entidades a costa de los contribuyentes, según un artículo de  opinión del 'Financial Times'.
 
   Esta medida supondría un paso adelante en las medidas que el  Gobierno español está dispensando "al obsoleto mundo de las cajas de  ahorros bajo control político", considera el diario británico.
 
   Además, "podría servir de ejemplo para otros países europeos" con  sectores financieros parecidos y para dejar que los acreedores compartan  las pérdidas, dice.
 
   El 'FT' alaba las medidas adoptadas por el Gobierno en materia  financiera, como el reciente decreto ley de Reforzamiento Financiero,  por considerar que sus esfuerzos para enderezar el sector "lo sitúan por  delate del resto de Europa y están comenzando a dar resultados".
 
   Al igual que Irlanda, el error económico en España fue dejar que  el capital extranjero barato espoleara el 'boom' inmobiliario, y al  igual que en dicho país, el riesgo se apiló en los bancos,  "especialmente en el opaco y politizado sector de las cajas", dice.
 
   No obstante, 'FT' destaca que los reguladores españoles "nunca  abdicaron de sus responsabilidades" como hicieron sus homólogos  irlandeses, y sostiene que los colchones contracíclicos para afrontar  pérdidas y las provisiones en general evitaron "la corrosión tóxica" de  los balances de las entidades.
 
   "El Gobierno acaba de dar otro paso para limpiar cualquier  podredumbre en las cajas de ahorros", incide el diario. Después de  elevar los requisitos de transparencia, España aprobó un decreto que  fuerza a las cajas a recapitalizarse por su cuenta antes de que acabe el  año hasta ratios de capital del 10%, "lo que supone endurecer y  adelantar las exigencias de la regulación internacional de Basilea III",  indica.
  
   A su parecer, "más capital es la mejor medicina contra las  pérdidas", pero "el caso es encontrarlo". En este sentido, recalca que  el Banco de España tiene instrumentos para forzar a las cajas  a elevar  su capital y someterlas a mayor control, pero avisa de que si los  inversores privados no aparecen, el Estado deberá inyectar capital.
 
   El pronóstico tanto para las cajas de ahorros como para el  bolsillo público dependerá de cómo de malas resultan las pérdidas al  final, dice el diario.
 
   El Banco de España "está realizando un valiente esfuerzo para  calmar los nervios de los mercados" con un reflejo de la situación de  las cajas, dice el diario, partidario de que los gobiernos se den cuenta  de la necesidad de decir la verdad a los mercados.
    No obstante, el artículo considera que "hay lugar para el  escepticismo", porque las estimaciones de pérdidas potenciales del  instituto emisor español descansan sobre los "laxos" test de estrés  realizados en Europa.
Once cajas en riesgo
 
 Once cajas de ahorros, incluidas las que ya han recibido apoyos del  Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pueden necesitar  capital adicional para cumplir con los nuevos requisitos legales, según  Standard & Poor's (S&P), que pronostica nacionalizaciones y  cifra los activos problemáticos del conjunto del sistema financiero  español en 230.000 millones de euros. 
   La estimación de necesidades de capital del sistema financiero  español que hace la firma se sustenta únicamente en si las entidades  cuentan con presencia de inversores privados en al menos la quinta parte  de su capital. Este es uno de los requisitos para entrar en el grupo al  que se exige un 8% de capital sobre los activos ponderados de riesgo,  en vez del 10%. 
 
   S&P prevé que, a la luz de las dificultades de salir a bolsa  en el plazo máximo establecido por el Gobierno, hasta marzo de 2012, y  de recapitalizarse, algunas entidades financieras "no lograrán cumplir  con las exigencias regulatorias y necesitarán recursos públicos".
 
   En su informe sobre la reestructuración de las cajas de ahorros,  S&P considera que algunas entidades no lograrán elevar el capital  por sus propios medios, por lo que contempla la posibilidad de que el  Estado entre en el capital de "una porción del sistema financiero".
 
   Tras destacar los potenciales beneficios a corto plazo de la nueva  norma de capital sobre la confianza del mercado, S&P advierte de  que convertir al Estado en accionista de la banca "puede introducir  distorsiones en las dinámicas del mercado y resultar negativo para el  conjunto del sistema financiero español".
 
   La firma indica que la estimación de capital adicional necesario  de menos de 20.000 millones de euros -realizada por el Gobierno a partir  de cálculos del Banco de España- para cumplir con los nuevos requisitos  de capital establecidos "es razonable" y coincide con la suya.
 
   Concretamente, los cálculos de S&P elevan las necesidades de  capital del sistema financiero español a 35.000 millones de euros, pero  esta cifra incorpora los 11.500 millones de euros que ya han recibido  algunas entidades a través del FROB, por lo que encaja con la del  Ejecutivo.
  
   La presión para elevar el capital que introduce el decreto ley de  Reforzamiento del Sistema Financiero provocará más consolidación en el  sector, proceso que podría englobar tanto a entidades financieras  españolas como extranjeras, subraya.
 
   La norma que fija mayores requisitos de capital llevará la  transformación del sistema financiero español un paso más allá y  conducirá a una remodelación aún más profunda del sector, ya que  acelerará la conversión de cajas en bancos y su cotización, estima.
 
   Aunque la consolidación será beneficiosa para el sector en su  conjunto, ya que limará el exceso de capacidad instalada y permite a las  cajas captar capital, "el reto de estas entidades será emerger como  jugadores eficientes y competitivos" en el nuevo terreno de juego, dice.
 
   A su parecer, la concentración del negocio y el mayor enfoque en  la reducción de costes llevará a una reducción del exceso de capacidad,  lo que resulta esencial tanto para las cajas como para el conjunto del  sistema financiero español ante las perspectivas de un menor crecimiento  a medio plazo.
 
   En otro informe sobre las perspectivas del sector financiero,  S&P advierte de que la morosidad tocará su nivel más alto antes del  final del ejercicio, y cifra en 230.000 millones de euros los activos  potencialmente problemáticos del sistema financiero a finales de 2010.  Según el Banco de España, los activos problemáticos se elevan a 181.000  millones al cierre del primer semestre. 
 
2011, difícil
 
   La firma advierte de que 2011 será un año difícil para el sistema  financiero español, que "deberá saltar muchas vallas", por lo que  mantiene la perspectiva negativa sobre los rating a largo plazo de las  entidades españolas, si bien apunta a que el panorama mejorará de forma  gradual en 2012 al calor de la recuperación económica.
 
   S&P detecta frágiles niveles de confianza de los inversores  internacionales y, en consecuencia, aventura un acceso caro y limitado a  los mercados de financiación mayorista que solo lograrán capear las  entidades más grandes y eficientes, que aprovecharán las ventanas que se  abran en el mercado.
 
   Estas dificultades de acceso a la financiación y liquidez para  muchas entidades españolas no dispararán las solicitudes de préstamos al  Banco Central Europeo (BCE) o la emisión de deuda con aval del Estado,  sino que más bien provocarán la venta de activos y la oferta de  depósitos atractivos, aventura.
    Las entidades españolas también deberán encarar este año el  descenso de los volúmenes de crédito, lo que pesará en sus resultados,  así como la débil rentabilidad operativa a causa del esfuerzo en  provisiones en costes de financiación.