https://youtu.be/2-n_kTJ8O-s?
(*) Escritor, empresario y estudioso de la Psicología Social
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero de 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la Universidad Complutense desde 1976.
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(*) Escritor, empresario y estudioso de la Psicología Social
“Más que la crisis en sí, me preocupan los síntomas de descomposición que se advierten por todas partes”. La frase no pertenece a un moralista al uso, ni a un político con ansias redentoras. Fue pronunciada esta semana por un presidente de empresa del Ibex, asustado por las cosas que estaba viendo desfilar por su despacho. Sobre el fango de una crisis económica que va camino de los 5 millones de parados empiezan a emerger situaciones de escandalosa corrupción típicas de sistemas en fase de desguace, de momentos de “sálvese quien pueda”, o de irónicas despedidas tipo “el último, que apague la luz”.
Dos casos de ahora mismo para ilustrar la profunda crisis política y de valores que está en la base de la decadencia económica de España: Los estertores en la carrera judicial del dizque juez Baltasar Garzón, defendido a capa y espada por el Gobierno y su imponente aparato mediático, con Prisa a la cabeza, a pesar de las tres querellas tres admitidas a trámite por el Tribunal Supremo (TS).
Y la operación de lobby sobre Moncloa puesta en marcha por Florentino Pérez (ACS, los March), para meter la mano en la caja de Iberdrola -como muy bien relata hoy aquí Escudier- so capa de acabar con las limitaciones de voto en los Consejos, un tren al que se ha subido Luis del Rivero (Sacyr), que aspira a lo mismo en Repsol. “Esto lo lleva directamente Zapatero, y está sobre su mesa de trabajo”. Hedor inconfundible de corrupción al por mayor.
Tiempo habrá para abordar este asunto, cuyo análisis remite por derecho a algunos de los más sonoros escándalos del felipismo. Centrémonos en el inmarcesible juez Garzón, a quien el TS ha aplicado aquello de “si no quieres caldo, toma tres tazas”. Tres querellas tres. Es lo que tiene echarle un pulso al Poder, aunque sea el judicial.
Mucho tiempo lleva echándoselo el juez campeador a través de su abogado, Martínez Fresneda, y de su íntimo amigo el también letrado Gómez Benítez –incurso en el caso Faisán, que el propio Garzón guardó en un cajón durante meses-, con la ayuda de sus amigos mediáticos de la izquierda, incluida TVE, y el respaldo total del Gobierno, con la Fiscalía General del Estado y el ministro Rubalcaba en primera línea de fuego. Una ofensiva formidable contra quienes claman por una regeneración del Justicia, que trata de enmascarar los desmanes del Campeador y salvarlo del trance, con prácticas que se acercan a la más pura y dura mafia. Parece, sin embargo, que la estrategia de intimación no ha funcionado esta vez. ¿Por qué?
La línea Maginot se ha fundido porque al juez le han pillado in fraganti en el lugar más inadecuado y en el instante más inoportuno. Justo en el cruce de caminos de varias corrientes de aire que, simultáneas en el tiempo, han provocado la tormenta perfecta capaz de expulsarle de ese planetario jurídico del que siempre soñó ser considerado astro rey. Una ha sido el caso Gürtel, cuyo damnificado es el PP. Otra, el caso Faisán, cuyo beneficiario es el PSOE, partido al que el damnificado sirve ahora con ejemplar dedicación. Una tercera, el llamado caso Pretoria, que ha puesto contra las cuerdas a ilustres catalanes sacando los colores a CiU.
Y, en medio, un frente frío llamado causa abierta contra el franquismo, que choca abruptamente con el cálido de los 300.000 euros que el juez bonito pidió al Banco Santander, Querido Emilio, para sufragarse unos meses sabáticos en Washington. La confluencia de tanto meteoro jurídico ha surtido el efecto del barril de pólvora presto a explotar de forma inmisericorde en las partes pudendas del “Príncipe de la Magistratura”, como en su día lo calificara el director de El Mundo (“Baltasar Garzón ha guiado con destreza la relampagueante trayectoria del arma justiciera, dibujando en la pizarra de la Historia uno de los más memorables guiones torcidos de Dios”), en los días en que ambos compartían vino y rosas.
Un juez con muchos padrinos
Lo que parecía imposible, lo que no consiguieran tantas querellas interpuestas durante tantos años, lo ha logrado ahora la tenacidad de dos abogados, Mazón y Panea, enzarzados con Emilio Botín por el caso de las cesiones de crédito; un ex fiscal de la Audiencia Nacional cabreado hasta la médula tras haber sido espiado, Ignacio Peláez, y una asociación que se creyó lo de la ley de punto final sobre la guerra civil. En El Profeta, la película de Audiard de reciente estreno, el protagonista, un joven magrebí analfabeto y frágil que acaba de ingresar en la cárcel, es acogido en el clan de los corsos que controla la prisión después de superar la prueba que le impone el capo del grupo: asesinar a otro recluso. “A partir de ahora estás bajo la protección de Luciani”.
Garzón también pasó a estar bajo la protección de Polanco (“que me lo meten en la cárcel, José María [Aznar], que me lo meten…”) después de que el juez bonito le salvara del trance Sogecable, matando a su mejor amigo, el también juez Liaño. Garzón pasó a ser Uno de los nuestros. El padrino de Prisa resolvió su futuro y lo blindó de toda acechanza. Nada ni nadie podría contra él. Desde entonces, muchos han sido los cadáveres insepultos dejados en su camino hacia el poder y la gloria. Pero, con Polanco muerto y Prisa al borde de la tumba, Garzón ha cometido un error capital de última hora, solo explicable por su infinita soberbia: se ha atrevido a arremeter cual toro embolado contra sus propios compañeros de carrera, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo. Y no hay peor cuña que la de la propia madera.
La frase que un día dirigiera Miquel Roca a Alfonso Guerra, “es que a usted le tenían ganas…”, se ha vuelto a reproducir aquí y ahora. A cuenta de su condición de aforado, Garzón se ha encontrado con una Sala Segunda del TS presidida por un Juan Saavedra, candidato outsider en su día al cargo, que se cree su función. Se la cree y la ejerce sin notoriedad, con eficacia y rigor, porque es un judicial de los de toda la vida, sin tentaciones políticas ni ambición de cargos.
Y con él, un conjunto de magistrados de impecable trayectoria profesional –Colmenero, Maza, Monterde, Andrés Ibáñez, Barreiro, Varela, etc.-, que con él han decidido pasar página de una de las épocas más oscuras de la Justicia española, la representada por Bacigalupos, Villarejos, Ancos y algún otro de la misma especie, y restituir a la suprema instancia penal el prestigio perdido. Hasta 14 magistrados han visto en el TS las tres querellas interpuestas contra el Campeador, y las tres han sido aceptadas por unanimidad, y ello a pesar de que entre esos 14 hay gente, como el citado Andrés Ibáñez, muy cercana a Prisa.
Garzón ha arremetido contra los dos frentes de los que hoy por hoy depende su estatus de inmune ante la Ley: El CGPJ, en la persona de Margarita Robles, impulsora principal de su inmediata suspensión de funciones, y contra los Magistrados de la Sala Segunda, amenazados por El País con salir en portada cualquier día de estos. “Nunca se nos ha ofendido tanto”, aseguraba días atrás un juez del TS. “Estamos ante un tipo disparatado, un bárbaro que cada día que pasa hace más insostenible la situación. Así no podemos seguir trabajando”. Para recuperar ese prestigio, cualquier tribunal –mucho más el Supremo- está obligado a hacer gala de una imparcialidad exquisita.
El error de la acorazada mediática que en las últimas semanas trata de amedrentar a los magistrados mediante una campaña frontal de apoyo de Garzón ha tenido, por eso, un efecto boomerang. Cualquier gesto realizado por la Sala Segunda en beneficio del juez hubiera sido interpretado por la ciudadanía como señal de que los Magistrados del TS son bizcochables -exactamente lo que piensan de la Fiscalía-, en feliz expresión del fallecido Joaquín Navarro, una de las personas que más hubiese disfrutado viendo la estrella del campeador acercándose a su ocaso.
Un Gobierno decidido a rescatarlo del trance a toda costa
Los casos Gürtel, Faisán, franquismo y Pretoria son arquetípicos del mal hacer, en lo que a prepotencia y sectarismo se refiere, del juez de marras. El caso del Banco Santander, Querido Emilio, evidencia, por lo demás, su ánimo de lucro. Todos son episodios salpicados de trampas.
Trampa es grabar las conversaciones que en la cárcel mantienen los imputados con sus abogados sin conocimiento de los afectados, una de las más graves tropelías que, desde el punto de vista de un Estado de Derecho, se pueden cometer en el ámbito judicial.
Trampa es sobreseer y archivar precipitadamente un procedimiento porque de él se pueden desprender gravísimas responsabilidades jurídicas para el presidente del Gobierno y su ministro del Interior.
Trampa es eludir el deber de cumplimiento de la legalidad -Ley de Amnistía de 1977-, sin instar la cuestión de inconstitucionalidad de la misma antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento, dispuesto como estaba el juez bonito a abrir heridas que la gran mayoría de la sociedad española consideraban cerradas, todo ello ad maiorem gloriam suam.
Y trampa es usar fraudulentamente de la técnica de las piezas separadas para arrogarse la competencia -sin pasar por reparto- de asuntos que ni siquiera son materia de la Audiencia Nacional, ello para aflorarlos cuando al libre albedrío del narcisista juez interese.
Las señales de humo no habían sido positivas. La negativa de la jueza a aceptar la tesis del sobreseimiento en los lances previos a la vista oral, no hacía presagiar nada bueno. Su comunicado del 20 de mayo, anunciando que se tomaba “otros 40 días para decidir”, solo sirvió para aumentar las dudas, y la posterior prórroga “hasta finales de julio” ratificó la sospecha de que las cosas no le iban a ir bien al de Zaragoza. En contra de lo ocurrido con algunos altos prebostes de las finanzas hispanas, caso de Emilio Botín, que contó primero con el aval de Rodrigo Rato y después –tras el 14 de abril de 2004- de Pedro Solbes, el Gobierno Zapatero parece haber mantenido algo más que un simple principio de neutralidad: se ha lavado las manos –tan sucias por tantos casos que tienen que ver con la Justicia a la carta de los poderosos- cual Pilatos, en espera de poder recoger los frutos de un eventual traspié judicial del de Telefónica.
Se vuelve a repetir, calcada, la historia de los Albertos, Cortina y Alcocer, con el famoso caso Urbanor. El 2 de enero de 2001, La Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que los famosos primos cometieron delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental en la venta al Grupo KIO de unos terrenos de la plaza de Castilla de Madrid, pero determinó absolverlos al considerar prescrito el delito.
Tras el pertinente recurso del fiscal, el 14 de marzo de 2003 el Supremo revocó la sentencia de la Audiencia condenándoles a 3 años y 4 meses de cárcel al considerar que los delitos no habían prescrito. Ambos recurrieron en amparo ante el Constitucional, pero solo la intervención del Rey y la posterior actuación de una Sala Segunda del TC digna de toda sospecha -que para la ocasión dio a luz una nueva doctrina sobre la prescripción-, impidió que los primos fueran a parar a la cárcel (sentencia de 20 de febrero de 2008).
La intrahistoria política de una sentencia
Si el fiscal optara por recurrir esta sentencia ante el Supremo, como parece probable, el maño podría verse obligado a repetir el viacrucis de los Albertos camino del Constitucional, teniendo en cuenta que la doctrina del pleno del Supremo sobre la prescripción, contraria a la del TC, sigue viva. La solución final, con todo, no se conocería antes de 6 o 7 años, dado el estado comatoso de la Justicia española. Para entonces Alierta ya no estaría en Telefónica, pero el proceso amargaría su despedida, empañando los magníficos registros alcanzados al frente de la operadora. “Más que otra cosa, me interesa la intrahistoria política de esta sentencia”, aseguraba ayer un notable madrileño. “Es evidente que el Gobierno, a través del FGE, ha tenido muy fácil el archivo de la causa. Podían haberlo hecho, y hay que preguntarse por qué no lo han hecho. La sentencia absuelve a Alierta, pero mancilla su honor. Le salva la cara, pero no lo suficiente, de modo que el Gobierno tiene ahora la oportunidad de felicitarle efusivamente, al tiempo que, con una palmadita en el hombro, le dice que ya va siendo hora de pensar en el relevo, para que vaya haciendo hueco a otros. Ahora nos toca a nosotros. De hecho me consta que ya se lo han dicho”.
En el horizonte de la primera multinacional española se dibuja un futuro no exento de incertidumbre. “The mixed verdict raises questions about Mr. Alierta's future at Europe's largest telecom company”, afirmaba ayer la edición digital del WSJ. Como ocurriera tras la llegada al Gobierno de José María Aznar, que significó la entronización de su compañero de pupitre Juan Villalonga en la dirección de la compañía, ahora parece llegado el turno de José Luis Rodríguez y el PSOE. Telefónica no es una empresa privada, o no lo es en el sentido anglosajón del término. Además de una gran empresa, es un gigantesco conglomerado de intereses en el que abrevan todo tipo de iniciativas culturales, deportivas o de simple caridad. Casi 1.500 millones de euros destinados a patrocinios de todo tipo –tal que dar acomodo en Washington al yerno de Su Majestad–, incluida la publicidad y las relaciones públicas.
Mucho dinero a ganar, en un horizonte político que para el señor Rodríguez se presenta más bien problemático por culpa de la crisis en curso, y sin hucha de ningún tipo, al menos que se sepa. Es el momento de colocar a un amigo. La descripción puede parecer exagerada, brutal incluso, pero así es como funcionan las cosas en la “democracia” española. Y el presidente del Gobierno tiene un amigo muy querido en el Consejo de Telefónica. Se llama Javier de Paz Mancho, 51, y tras esta sentencia (y la espantada de Manolo Pizarro en enero de 2008, abandonando la operadora incorporarse a las listas del PP) muchos ojos se volverán ansiosos hacia su discreta figura. Ex secretario general de las Juventudes Socialistas, ex miembro de la ejecutiva confederal de UGT, ex presidente de la pública Mercasa y más recientemente de la privada Panrico, De Paz procede de una familia vallisoletana muy humilde que, tras emigrar a Alemania en los sesenta, se vio forzada a dejar al hijo al cuidado de los abuelos, modestos jubilados en el no menos modesto barrio palentino de El Cristo, cuando en el Cristo todavía no había agua corriente.
Un año por delante para Alierta
Tímido, afable, discreto a más no poder, De Paz camina con pies de plomo tratando de evitar las trampas para elefantes que pueblan Telefónica, huyendo como alma en pena del acecho de quienes le señalan con el dedo como heredero. Desde las filas de la derecha se llevan las manos a la cabeza asegurando que “no da la talla”, afirmación un tanto exagerada si reparamos en las capacidades de la persona que hoy ocupa la presidencia del Gobierno. Para aumentar esa talla, o limar carencias, De Paz, que en junio invirtió 100.000 euros en la compra de 6.600 acciones de la operadora, ha pasado los últimos meses en Inglaterra aprendiendo el idioma a marchas forzadas. Y lleva muchos más por los pasillos de la monumental nueva sede de Las Tablas preguntando, visitando, estudiando su gran asignatura de futuro. Y sin mover un dedo que pueda ser interpretado por el jefe como señal de traición.
“Para Alierta era muy importante no terminar su carrera con una condena”, señalan en la operadora, “pero no está contento. Dice que su honra ha quedado manchada y que el tribunal no ha tenido en cuenta sus argumentos ni las pruebas presentadas por sus abogados”. Es evidente que el relevo no se producirá mañana, pero nadie cree que Moncloa deje pasar esta oportunidad para pillar cacho. Una fecha importante en lontananza: el 5 de mayo de 2010. Ese día Alierta cumplirá 65 años. “Hasta que no cumpla los 65 no me jubilo”. Cumpleaños en mayo y Junta General en junio. Casi un año por delante, el tiempo que resta para que De Paz pueda ser elegible. Habrá que ver lo qué dice y hace Isidro Fainé, un hombre con magníficas conexiones con todas las instancias terrenales, que tan importante papel jugó en la defenestración de Villalonga de Gran Vía 28.
Y una referencia final al tempo de esta sentencia. En Estados Unidos, un caso tan complejo como el Madoff ha sido juzgado y sentenciado en siete meses (la estafa estalló el 11 de diciembre pasado). El malandrín está en la cárcel para toda su vida. En España, los hechos ahora fallados tuvieron lugar en febrero de 1998, y la querella fue admitida a trámite en septiembre de 2003. La sentencia ha tardado, pues, 11 y 6 años, respectivamente. Con un tipo de Justicia como esta es imposible concebir no ya una democracia digna de tal nombre, sino siquiera una economía moderna, dotada de las imprescindibles garantías jurídicas, una de las cuales, y de las más importantes, es la rapidez a la hora de obtener una sentencia justa. ¿Hará alguna vez algo nuestra clase política para acabar con esta vergüenza?
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La instalación de la escultura El Zulo de Víctor Ochoa en la explanada principal del puerto al módico precio de 740.000 euros, junto a la bandera española ideada por el cartagenero Federico Trillo en sus tiempos de ministro de Defensa a imitación de la que ondea en la madrileña Plaza de Colón, divide a tirios y troyanos en la ciudad portuaria. Esta vez, sin embargo, la polémica no afecta a californios y marrajos semanasanteros, sino al interior mismo del Partido Popular dominante.
Una escultura y una bandera de proporciones gigantescas (ocho por diez metros) sobre un mástil de 25 metros de altura, inauguradas a bombo y platillo en la plaza portuaria de los Héroes de Cavite el pasado 4 de abril, ha causado una polémica primaveral que ha afectado al seno mismo de la cúpula del PP, además de a la propia ciudad. Los bordesicos cartageneros se han apresurado a rebautizar El Zulo como El Cagón, una estatua que se ha paseado por media España (Salamanca, Madrid, Ávila, Granada, etc) sin que ningún ayuntamiento del PP la comprara.
Mientras algunos cartageneros están mosqueados porque su ayuntamiento se gastara 740.000 euros -Boletín Oficial de la Región de Murcia número 301 del martes 30 de diciembre de 2008, pg. 41191- en tiempos de crisis y en tan polémica pieza, el mismísimo presidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes, que goza del mayor sueldo público de la región desde 1996 y designado por el presidente regional Ramón Luis Valcárcel, ha atizado más fuego a la polémica. Todo porque Pilar Barreiro, alcaldesa desde 1995 y diputada en el Congreso desde hace un año, no ha puesto las decoraciones en el centro de la ciudad sino sobre unas baldosas que están bajo jurisdicción de la Autoridad Portuaria, es decir, de Adrián Angel Viudes y no de la corporación municipal.
Al acto de inauguración de la ‘cosa’ asistieron, además de todos los concejales populares del Consistorio, el cartagenero Federico Trillo, venido expresamente desde Madrid acompañado por su fiel escudero, el diputado también cartagenero Andrés José Ayala, y demás fanfarria uniformada o no al uso. El presidente de la Autoridad Portuaria no asistió. Estaba de viaje -no se sabe si marítimo- ese día 4 de abril y, obviamente, no pudo estar presente.
Los bordesicos cartageneros hicieron correr inmediatamente el rumor de que el autor de la escultura era artista de la cuadra de María Porto, afamada marchante de arte en su día ligada sentimentalmente al socialismo beautiful y ahora esposa de Francisco Álvarez Cascos, compañero de fatigas políticas y ministeriales del cartagenero Trillo.