BARCELONA.- Los usuarios de la autopista de peaje (AP-7) entre Tarragona y Alicante y los de la AP-4 entre
Sevilla y Cádiz, que desde mañana 1 de enero del 2020 dejarán de pagar
por circular por esas vías de alta capacidad se ahorrará unos 290
millones de euros, según los datos que maneja el Ministerio de Fomento,
a quien le corresponde a partir de ahora la gestión de los 468
kilómetros --374 de la AP-7 y 74 de la AP-4-- de esas autopistas, recoge hoy El Periódico.
La
mayor parte de esa cantidad (unos 230 millones) corresponde a la vía que
transcurre por el litoral mediterráneo y 60 millones a la que une las
capitales andaluzas, ambas gestionadas por Abertis por medio
de Aumar hasta ahora.
La mayor parte del impacto del levantamiento des
peajes en la vía litoral se concentran en la Comunitat Valenciana: unos
175 millones; el resto (55 millones) corresponden al tramo catalán de la
AP-7.
No obstante, Fomento calcula que si se considera el incremento
del tráfico que se producirá en estas dos vías: un 30%, el ahorro potencial para los usuarios podría alcanzar los 380 millones de euros, de los que 300 millones se producirán en la vía mediterránea .
Aunque el impacto económico se notará en el bolsillo de los usuarios y
en las cuentas de la empresa concesionaria, su repercusión también se
dejará notar en los presupuestos del Estado, ya que el Ministerio de Fomento se hace cargo, a partir de ahora, de las labores de conservación que
hasta ese momento realizaba la empresa concesionaria con cargo a los
ingresos por peajes.
“Estas labores de conservación tienen un coste
significativo, que debe ser asumido por el presupuesto destinado a
carreteras del Ministerio”, ha puntualizado fuentes de Fomento.
Fomento ha licitado cinco contratos de servicios para la conservación y explotación de ambas autopistas (uno por cada provincia afectada), por un importe de 32,4 millones anuales.
No obstante, todavía no se han adjudicado.
Además, se han licitado 12
contratos de concesión de servicios, para la gestión por cinco años, de
cada una de las 12 áreas de servicio que existen en las autopistas que
revierten (tres en la AP-4 y nueve en la AP-7). En este caso, será el
adjudicatario el que deberá abonar al ministerio un canon por la
explotación de estas áreas.
Déficit en infraestructuras
En todo caso, son cifras que se suman al déficit que genera el
mantenimiento y conservación de la red de carreteras del Estado y que
desde algunos organismos, como la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de Catalunya (CCOC) se cifra en más de 7.000 millones de euros.
“El ministerio no tiene dinero para hacer frente al mantenimiento de
todas las vías que deben volver al Estado”, ha comenta Joaquín Llansó,
presidente de la CCOC.
Desde Fomento no se confirma la cifra del déficit, pero se
apunta que “el presupuesto de carreteras ha disminuido durante los
últimos años”. La media desde el 2012 es de 850 millones de euros
destinados a conservación, cuando antes de la crisis se destinaban 1.250
millones, y sin embargo, la red ha ido aumentando.
“La reversión de
autopistas de peaje es un ejemplo significativo, al tener que gestionar
el Ministerio, en el plazo de algo más de un año, 550 kilómetros más de
autovías”. A estos, en teoría se le sumarían los 425 kilómetros
de Acesa, cuando venza la concesión, el 31 de agosto de 2021. Se trata
de los tramos de la AP-7 de La Junquera a Barcelona y de Barcelona a
Cambrils, además del de Montmeló a El Papiol, así como el de la AP-2
Zaragoza-Mediterráneo. Todos ellos de Abertis, como los 60 kilómetros
del tramo Montgat-Palafolls y del de la C-33 Barcelona-Granollers.
Efecto en el tráfico rodado
Con lo económico, el impacto de la supresión afectará
directamente al tráfico rodado que discurrirá por esas vías. O como lo
denomina Pere Macias, ex conseller de Política
Territorial y presidente de la Fundación Círculo de Infraestructuras,
“externalidad negativa de la eliminación de peajes: más tráfico y más
emisiones de CO2”, sin contar los menores impuestos recaudados por
Hacienda.
Fomento espera que se produzca una redistribución del tráfico desde
las carreteras convencionales que van paralelas a las autopistas, como
la N-340 o N-332 en el caso de la AP7 o la N-IV en el caso de la
AP-4.
Este descenso mejorará sensiblemente la congestión y las
condiciones de seguridad vial de estas vías paralelas y por otra parte,
“la mayor intensidad de tráfico de las autopistas harán que sea
necesario adaptarlas a las nuevas condiciones de explotación.
Básicamente, habrá que analizar los niveles de servicio del tronco y de
los enlaces para ver si es necesario aumentar su capacidad, también
aumentar la conectividad con el territorio a través de nuevos”,
considera Fomento.
Los únicos datos sobre aumento de tráfico que tiene el
ministerio tras la supresión de peajes corresponde a la experiencia de
la única vía revertida, la AP-1 entre Burgos y Armiñón. Ha provocado que
cada día casi 8.000 vehículos, en su mayoría camiones, hayan cambiado
de carretera, desde la N-I a la autopista. Esto supone un incremento en
la intensidad media diaria (IMD) de un 30%.
Según Abertis, la intensidad
actual del tramo Tarragona-Valencia de la AP-7 es de 12.023 vehículos y
la del tramo sur es de 14.966.
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