BRUSELAS.-
La Comisión Europea (CE) puso sobre la mesa su propuesta para la
nueva Política Agrícola Común (PAC), que plantea un recorte –a precios
corrientes– de los pagos directos del 3,5% para España y de un 15% para
desarrollo rural, frente a un recorte global del 5% en el conjunto de la
Unión Europea (UE).
Fuentes comunitarias indican que España está entre
los países que sufrirán recortes en los pagos directos de la PAC, que
afectará a todos menos a Estonia, Lituania, Letonia, Rumanía y Portugal.
En el contexto del primer presupuesto Postbrexit, la PAC de 2021 a 2027
sufrirá un recorte global del 5% –un 12% a precios constantes, sin tener
en cuenta la inflación– pero seguirá siendo la política más importante
de la Unión Europea en términos de presupuesto, con un total de 365.000
millones de euros.
La propuesta de la CE, que debe ser primero debatida y negociada por los
Estados Miembros, requiere que los países den luz verde al presupuesto
europeo para este periodo. España, de la mano de Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda y Portugal, respaldó ya una declaración conjunta para
pedir a la CE que la PAC no recorte «ni un euro» el presupuesto asignado
actualmente a esta política.
Con esta propuesta, la PAC sigue siendo la política más importante de la
Unión Europea en términos de presupuesto en este periodo, alrededor de
un 40% del total. La propuesta aboga por dar más flexibilidad a los
países a la hora de utilizar sus asignaciones de financiación, con la
posibilidad de diseñar «programas a medida» que respondan más
eficazmente a las preocupaciones de los agricultores y de las
comunidades rurales más amplias.
El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, explicó que a través de
«planes estratégicos» cada Estado deberá argumentar cómo cumplirá una
serie de nueve objetivos impuestos por Bruselas –medioambientales,
económicos y sociales–.
La CE seguirá la puesta en marcha de estos
planes y si cumplen los objetivos.
Bruselas, aseguró el comisario, garantiza con esta propuesta que los
pagos directos seguirán siendo una parte fundamental de la PAC, pero
insiste en la necesidad de una distribución «más equitativa».
Por ello,
plantea además un techo máximo de ayudas de entre 60.000 y 100.000 euros
por explotación para garantizar una distribución más equitativa de los
pagos, con el que Bruselas espera «dar margen de elección» a los países y
favorecer a las pequeñas y medianas explotaciones que están en «el
corazón del modelo agrícola familiar europeo».
Los países tendrán que reservar como mínimo el 2% de su asignación para
pagos directos y dedicar el importe así obtenido a ayudar al
establecimiento de los jóvenes agricultores, según la propuesta de la
CE.
Hogan aseguró que la misma «responde al compromiso de la Comisión de
modernizar y simplificar» la PAC, «aportando una auténtica
subsidiariedad para los Estados miembros, garantizando un sector
agrícola europeo más resiliente, y elevando la ambición en materia
climática y medioambiental de la política».
Así, la CE plantea una nueva
medida que da la opción a los países de «transferir» de los pagos
directos al desarrollo rural (del primer al segundo pilar de la PAC), y
viceversa, hasta un 15% de sus asignaciones, para garantizar la
financiación de sus prioridades.
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