Resumen breve de la situación: Torra ha 
superado el trámite de la investidura en una condiciones muy difíciles. 
Enfrentado a un ataque maligno y demencial que no solo no respeta los 
100 días de cortesía parlamentaria sino el mero hecho de la investidura,
 es el 131 presidente de la Generalitat. 
Todos los comentaristas 
españoles han formado un coro denigratorio y amenazador. Torra es un 
racista, un supremacista, un xenófobo, un antiespañol que debe tener 
cuidado con lo que hace y dice y, si falta a la ley, M. Rajoy está dispuesto a seguir aplicando el 155 con el apoyo de PSOE y C's. 
En
 realidad, no es el gobierno el interlocutor en esta lucha, sino el 
conjunto del Bloque del 155, con el entusiasta apoyo del PSOE, de C's y 
de buena parte de Podemos. Esta parte o sector crece en la medida en que
 ve que la falta de un discurso nacional-español le restará votos en 
España, lo único que le importa, pues, a pesar de querer asaltar los 
cielos, su cálculo se orienta exclusivamente a las elecciones y los 
escaños conseguidos. 
No es el PP solo el que se enfrenta al 
independentismo, sino el conjunto del sistema político español, las tres
 cuartas partes del Congreso (más del 90% si llega el caso), la 
totalidad del sistema mediático, el poder judicial, convertido en el 
vehículo de la política represiva y, por supuesto, el electorado que, 
cuando se trata de reprimir a los catalanes, forma una piña, una unión 
sagrada capitaneada por lo más corrupto y reaccionario del Estado. 
El
 procés sigue y mantiene firme la unidad de acción de las fuerzas de 
esta revolución: las instituciones, los partidos, las organizaciones 
sociales, las profesionales, las redes y el pueblo en permanente tarea 
de organización espontánea de la resistencia. Es la única garantía de 
llegar hasta el final. El independentismo no puede esperar más ayuda y 
respaldo que las que obtenga de su propia acción estratégica y el apoyo 
que pueda conseguir en el extranjero. Del resto del Estado español, ni 
una ayuda, sino todo lo contrario; de los intelectuales y las izquierdas
 españolas cero colaboración.
Por
 eso hace muy bien Torra en viajar a Berlín como primer ministro de la 
República Catalana, a comunicar su elección al presidente legítimo de 
Catalunya y no a Madrid, a comunicar eso mismo al rey del país vecino. Y
 también hace bien el presidente del Parlament, Roger Torrent en 
no desplazarse a rendir pleitesía y comunicar al jefe del Estado 
español, el rey, la decisión de investir a Torra. Se limitará a darle 
razón de ello por escrito. Y aun eso me parece excesivo por su parte. No
 se me alcanza qué puede obligar a Torrent a mantener la corrección 
parlamentaria con una gente que, como el rey, el gobierno del PP y la 
oposición en su conjunto tampoco lo hacen.
 Poco
 a poco, con todo,  la República Catalana va consolidándose en un plano 
simbólico que tiene una gran importancia cuando, como sucede 
actualmente, se ve impedida de desplegar sus potencialidades 
institucionales al estar sometida a una amenaza permanente de 
intervención arbitraria. Esta  que puede desencadenarse en cualquier 
momento en que el B155 considere oportuno para seguir con su objetivo de
 extirpar el independentismo catalán. 
Sin
 duda, el proyecto del gobierno "efectivo" de la Generalitat es avanzar 
en su plan de construcción republicana.  Pero su capacidad de hacerlo 
está condicionada por la situación de inseguridad jurídica en que se 
encuentra el conjunto del movimiento. No solamente los presos políticos,
 cuyos derechos dependen de los estados de humor de un juez, sino la 
propia acción de gobierno y la actividad legislativa del Parlament.  
En 
estas condiciones, lo que cualquier gobierno independentista que trate 
de realizar el mandato del 1º-O tiene por delante es un horizonte penal.
 No obstante, a su vez, por mucho que los neofalangistas de C's 
presionen o los socialistas amenacen con más represión a través del 155,
 lo cierto es que no podrán materializarla. Un segundo gobierno de la 
Generalitat, procesado y encarcelado por ese peculiar juez del Supremo 
es más de lo que la UE puede condonar. 
Mientras
 haya presos políticos no cabe contar con una normalización de la 
situación catalana. Se ha dicho muchas veces pero, al parecer, es 
preciso repetirlo. Y menos cabrá contar si continúa aplicándose la 
política de encarcelamiento. Es una situación en la que el gobierno del 
Estado y sus aliados del B155 ha colocado al país como resultado de su 
carácter autoritario y su fantástica incompetencia.
En
 realidad, el camino de consolidación de la República catalana está 
expedito por cuanto sus adversarios no están en situación de impedirlo 
más que a base de intensificar los disparates represivos que 
profundizarán en la crisis y favorecerán la mediación exterior. Solo les
 queda la política de asfixia y suspensión de la autonomía catalana, una
 vuelta atrás que no pueden mantener y que se encuentra con una barrera 
infranqueable si se obstinan en imposibilitar el gobierno de la 
Generalitat: las elecciones anticipadas. 
Téngase en cuenta que estas 
serán convocadas por el govern en condiciones favorables (como las del 
21 de diciembre lo fueron para el gobierno español, que las perdió) y, 
mediando una lista de país, pueden ser el momento decisivo en este 
contencioso ya excesivamente prolongado. 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

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