MADRID.- La gestión de Ana Patricia Botín está en tela de 
juicio por las estrategias implementadas desde que ella accedió a la 
presidencia del banco tras la muerte de Emilio Botín. Su equipo más 
cercano está aplicando una serie de métodos que rozan continuamente los 
límites de la legalidad y la ética profesional, según publica http://diario16.com.
Esta forma de proceder en nombre del Santander provoca un daño a la imagen del banco, hasta el punto de que los máximos accionistas no están dispuesto a seguir permitiendo tal situación .
Según información de diferentes fuentes recogidas por nuestro 
corresponsal en Norteamérica, accionistas importantes de la entidad 
bancaria cántabra se plantean muy seriamente la posibilidad de provocar un cambio en la presidencia,
 tanto por los resultados operativos como por la imagen de falta de 
ética que los últimos movimientos corporativos se están transmitiendo al
 mercado en general.
Un porcentaje muy elevado de los beneficios declarados por el 
Santander presuntamente provienen de operaciones ejecutadas bajo 
importantes sospechas jurídicas. Movimientos como los 
realizados con el Royal Bank of Scotland, en el que se ha intentado en 
varias ocasiones inyectar capital para la compra de oficinas, pero que 
aún no se ha llevado a efecto a pesar de que el dinero para dicha compra
 esté disponible o que el propio RBS participará en la compra de la 
entidad brasileña Banespa. 
Y lo hará con la compra de acciones por valor
 de 300 millones de libras, una operación que, por cierto, se realizó 
mientras Miguel Zorita era presidente de Deloitte, la auditora del 
Santander.
Otra operación en la que se actuó al límite de la ética y de la 
legalidad fue la de Abengoa. En esta ocasión, para conseguir hacerse con
 el control de la multinacional sevillana, engañaron al Consejo de 
Administración para que cesaran a Felipe Benjumea con falsas promesas de
 apoyo en una ampliación de capital que no cumplieron tras producirse 
ese cese.
En este medio hemos informado también de la estrategia ejercida por el Santander en Duro Felguera con la imposición de un personaje tan oscuro y “peligroso” en sus comportamientos empresariales como Miguel Zorita .
Finalmente, el mayor “pelotazo económico” que ha dado la entidad 
presidida por Ana Patricia Botín ha sido el de la adquisición por un 
euro del Banco Popular a través de una operación que 
está en los tribunales europeos y españoles porque, tal y como hemos ido
 informando en Diario16, se realizaron movimientos y se ocultaron datos 
tanto al Consejo de Administración como a las autoridades españolas de 
control financiero que tuvieron como consecuencia la ruina de más de 
305.000 familias y por la que el Santander ya ha obtenido pingües 
beneficios y, estos seguirán aumentando de forma “escandalosa” a corto, 
medio y largo plazo, y con ellos arreglar un grave problema de liquidez y
 solvencia que venía arrastrando la entidad cántabra desde los últimos 
años agravados desde la presidencia de la hija de Don Emilio Botín.
Por estas razones y por otras muchas, según información lobtenida por Diario16 en Norteamérica, los principales accionistas estadounidenses del Santander se están planteando ejecutar las estrategias necesarias para sustituir a Ana Patricia Botín. 
Estos accionistas —bancos custodios, fondos de inversión, gestores de 
cartera—, no pueden permitir que su imagen quede deteriorada por los 
movimientos ajenos a las normas bancarias habituales en un Banco 
comercial puesto en práctica en los últimos años, tanto por la 
presidencia como por sus ejecutivos más afines , ya que estos 
comportamientos están poniendo públicamente en peligro el prestigio e imagen del Grupo Banco Santander. 
Por otro lado, hoy (viernes) se celebrará una reunión fundamental de directivos del Santander con la Representación Legal de los Trabajadores para
 tratar el tema de la fusión. Casualmente, un día antes de este 
encuentro, se produce una filtración desde medios judiciales por la que 
se deja caer que la solicitud de concurso necesario que daría un vuelco a
 toda la operación del Popular e, incluso, podría paralizarla, no 
tendría ninguna posibilidad de prosperar por un aspecto procedimental. 
Será casualidad, o no, pero cada vez que hay algún movimiento importante
 en tomas de decisiones con el fin de aligerar la “diabólica” operación 
Popular-Santander, siempre aparece una decisión o una filtración 
judicial que favorece al Santander.
Peligra la presidencia de Ana Patricia Botín en el Santander (II)
En el artículo anterior publicamos las causas principales que están provocando que los máximos accionistas del Santander estén planteándose provocar un cambio en la presidencia de la entidad cántabra. No se trata sólo de una reacción por los resultados cuantitativos, que también lo es, sino que los métodos de actuación aplicados desde que Ana Patricia Botín es su presidenta, unos métodos que van en contra de cualquier ética profesional y que no son las que se esperan de una entidad con el prestigio internacional del Santander.
Los métodos utilizados por parte del Santander para hacerse con el Popular también están muy cuestionados por estos grandes bancos y empresas estadounidenses. El volumen de demandas que ya se están dirigiendo contra la entidad presidida, de momento, por Ana Patricia Botín ha hecho plantearse a estos gigantes del mundo financiero a cuestionarse si lo que, en principio, fue una gran operación, se va a transformar en un verdadero fiasco económico y, sobre todo, de imagen para el propio Santander como para ellos mismos como principales accionistas de la entidad.
Hay que recordar que la familia Botín -una familia ¿unida o desunida?- apenas controla un 1,7% tras la última ampliación, mientras que algunos de estos bancos custodios o gestores de cartera tienen en su poder más del 7%. Por más que algunos tuvieran una participación activa en la operación bajista, los errores cometidos por precipitar la intervención pueden llevar a que esa «gran operación» se convierta en el punto de inflexión para la caída de uno de los principales bancos del mundo.
La Justicia está a un paso de determinar medidas cautelares si realmente se sigue con rigor el contenido de nuestro sistema legal, medidas que paralizarían cualquier nuevo movimiento de rentabilidad rápida como, por ejemplo, la operación de venta a BlackStone de un 51% de la cartera inmobiliaria del Popular, los bonos de fidelización cuyo coste será asumido por el capital del Popular pero los beneficios recogidos por el Santander, la eliminación de la marca y de la personalidad jurídica del Popular, el pelotazo urbanístico de la actual sede de los servicios comerciales de Santander España tras su traslado a la nueva sede corporativa del Popular o el plan de reestructuración que supondrá la destrucción de más de 7.000 puestos de trabajo.
Todos estos movimientos están en peligro por la actuación de una Justicia que está en la obligación de dictaminar una paralización cautelar de la operación para evitar que los perjudicados lo sean aún más ante el planteamiento de tierra quemada que el Santander pretende plantear ante la Audiencia Nacional para demostrar que la compra del Popular es una operación que no puede paralizarse, por más que con ello se mantenga la ruina para más de 300.000 familias.
En resumen, los máximos accionistas del Santander no están contentos con la gestión que está haciendo Ana Patricia Botín y están dispuestos, según las informaciones recogidas por nuestro corresponsal en Norteamérica, a realizar los movimientos necesarios para que ella misma pruebe de su propia medicina. La protección se ha terminado. Hay demasiado en juego, siempre según http://diario16.com.
Peligra la presidencia de Ana Patricia Botín en el Santander (II)
En el artículo anterior publicamos las causas principales que están provocando que los máximos accionistas del Santander estén planteándose provocar un cambio en la presidencia de la entidad cántabra. No se trata sólo de una reacción por los resultados cuantitativos, que también lo es, sino que los métodos de actuación aplicados desde que Ana Patricia Botín es su presidenta, unos métodos que van en contra de cualquier ética profesional y que no son las que se esperan de una entidad con el prestigio internacional del Santander.
Los métodos utilizados por parte del Santander para hacerse con el Popular también están muy cuestionados por estos grandes bancos y empresas estadounidenses. El volumen de demandas que ya se están dirigiendo contra la entidad presidida, de momento, por Ana Patricia Botín ha hecho plantearse a estos gigantes del mundo financiero a cuestionarse si lo que, en principio, fue una gran operación, se va a transformar en un verdadero fiasco económico y, sobre todo, de imagen para el propio Santander como para ellos mismos como principales accionistas de la entidad.
Hay que recordar que la familia Botín -una familia ¿unida o desunida?- apenas controla un 1,7% tras la última ampliación, mientras que algunos de estos bancos custodios o gestores de cartera tienen en su poder más del 7%. Por más que algunos tuvieran una participación activa en la operación bajista, los errores cometidos por precipitar la intervención pueden llevar a que esa «gran operación» se convierta en el punto de inflexión para la caída de uno de los principales bancos del mundo.
La Justicia está a un paso de determinar medidas cautelares si realmente se sigue con rigor el contenido de nuestro sistema legal, medidas que paralizarían cualquier nuevo movimiento de rentabilidad rápida como, por ejemplo, la operación de venta a BlackStone de un 51% de la cartera inmobiliaria del Popular, los bonos de fidelización cuyo coste será asumido por el capital del Popular pero los beneficios recogidos por el Santander, la eliminación de la marca y de la personalidad jurídica del Popular, el pelotazo urbanístico de la actual sede de los servicios comerciales de Santander España tras su traslado a la nueva sede corporativa del Popular o el plan de reestructuración que supondrá la destrucción de más de 7.000 puestos de trabajo.
Todos estos movimientos están en peligro por la actuación de una Justicia que está en la obligación de dictaminar una paralización cautelar de la operación para evitar que los perjudicados lo sean aún más ante el planteamiento de tierra quemada que el Santander pretende plantear ante la Audiencia Nacional para demostrar que la compra del Popular es una operación que no puede paralizarse, por más que con ello se mantenga la ruina para más de 300.000 familias.
En resumen, los máximos accionistas del Santander no están contentos con la gestión que está haciendo Ana Patricia Botín y están dispuestos, según las informaciones recogidas por nuestro corresponsal en Norteamérica, a realizar los movimientos necesarios para que ella misma pruebe de su propia medicina. La protección se ha terminado. Hay demasiado en juego, siempre según http://diario16.com.

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