Todo apunta a que en las próximas horas, el vicepresident Oriol Junqueras, los siete consellers que también están en la prisión, bien de Estremera o de Alcalá Meco, y los Jordis, Sánchez y Cuixart, internados en Soto del Real, pueden ser puestos en libertad por el Tribunal Supremo modificando la decisión adoptada por la Audiencia Nacional. El juez Pablo Llarena empezará a tomarles declaración en la mañana de este viernes y decidirá posteriormente. 

El sábado se cumplirá un mes desde que los miembros del Govern entraron en la cárcel. Los dos Jordis ingresaron el pasado 16 de octubre. Esta es la situación de uno de los episodios más desgraciados de la vida política española en democracia, que ha recurrido a una prisión preventiva innecesariamente larga con el objetivo de dar un escarmiento al independentismo. Ni era la Audiencia la instancia judicial adecuada -muchos juristas han sostenido que las penas previstas no se ajustan a los hechos-, ni había capacidad real de destrucción de pruebas. Y la hipótesis de fuga hubiera podido ser resuelta de una manera diferente.

En cualquier caso, en el Madrid político se apunta que el gobierno español adquirió un doble compromiso con las autoridades de Bruselas cuando se le aceptó el artículo 155 de la Constitución: que las elecciones catalanas serían en el menor plazo posible y no en cuatro, seis u ocho meses, como se planteaba la Moncloa, y que la campaña se haría sin presos políticos en las cárceles españolas. 

El primer compromiso lo acató inmediatamente y el segundo debería sustanciarse en las próximas horas. Sea cual sea la decisión judicial, será difícil pasar página a una acción tan brutalmente injusta del Estado que ha puesto al descubierto algo mucho más profundo que las discrepancias políticas. El abismo de valores democráticos entre las diferentes formaciones y como, llegado el caso, se pueden dar por buenas situaciones tan extremas como el ingreso en prisión de adversarios políticos sin juicio ni sentencia firme.

No hay que olvidar tampoco que el president Puigdemont y otros cuatro consellers permanecen en Bruselas sin poder regresar, ya que pesa sobre ellos una orden de búsqueda y captura. Como tampoco hay que olvidar que cada día y cada hora que han pasado en prisión ha sido una gran injusticia y que las fórmulas jurídicas de cada defensa para que sus clientes puedan quedar en libertad son eso: fórmulas jurídicas, y que lo que realmente cuenta es su compromiso político y la entereza política y humana de estas semanas.

El 155 ya ha empezado a virar hacia otros objetivos y estas últimas horas hemos podido ver dos muy destacados: Sijena y Mònica Terribas. El primero basado en la inacción del Ministerio de Cultura como responsable de la Conselleria, que lejos de proteger los intereses de la Generalitat se ha dedicado a lo contrario: facilitar al máximo posible el camino al gobierno de Aragón. 

En el caso de Terribas, el objetivo es no sacar de la diana a los medios de comunicación públicos de la Generalitat, bien sea TV3 o Catalunya Ràdio. Sobre ambos se han lanzado infamias y calumnias y es necesaria una defensa mucho más firme por parte de las organizaciones profesionales. La pérdida de libertad de información es el objetivo y para ello el PP y Ciudadanos ya han demostrado que no tienen líneas rojas.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia