Era preciso hacer algo para tranquilizar
 a la parroquia, muy nerviosa con las noticias de Cataluña. No bastaba 
con la crispada y desencajada reacción de la vicepresidenta del gobierno
 que salió calificando de patada a la democracia
 la aprobación de la Ley del referéndum. Al contrario, el ridículo de 
Sáenz de Santamaría fuera de sí tenía que compensarse con algo que 
eliminara la impresión de que el Estado está en manos de auténticos 
orates.
Así
 que el gobierno decidió compensar un ridículo con otro: puso a Rajoy a 
hablar. Faltando a su costumbre de no dar jamás explicaciones por nada, 
el de los sobresueldos, se decidió a informar en su inimitable estilo al
 término del consejo de ministros extraordinario. Sentó previamente a 
todos los ministros en primera fila, como doctrinos, convocó a los 
medios y les espetó la habitual monserga llena de falsedades y 
topicazos. Había condescendido a dar cuenta de lo que piensa hacer y no 
iba a tolerar que nadie pusiera nada en cuestión. El núcleo de su 
discurso fue una enumeración de los recursos mediante los cuales 
pretende que el Tribunal Constitucional le saque las castañas del fuego 
de su propia incompetencia,  y un ataque al bloque independentista y al 
govern de la Generalitat a los que acusa de "autoritarios" y de ir en 
contra de la democracia. Sin admitir preguntas, sin observaciones, 
democráticamente. 
Por
 supuesto todo ello adobado con las consabidas falacias sobre el respeto
 a la legalidad y la necesidad de atenerse a los procedimientos de 
reforma previstos. Es inútil repetir aqui que su concepto de legalidad 
es tramposo y que los procedimientos de reforma están cegados para quien
 no pertenezca a uno de los dos partidos dinásticos. Es un modo de 
actuación, este sí, típicamente autoritario y de raíz franquista: el 
gobernante se limita a reiterar su criterio sin atendender a ningún 
matiz, crítica o relativización, sin escuchar nada porque para eso 
dispone de la fuerza coercitiva del Estado, para acallar la discrepancia
 si, a pesar de todo, esta se manifiesta.
De
 hacer algún tipo de recapitulación, de meditar sobre las causas que han
 llevado a esta situación en que el presidente y la vicepresidenta del 
gobierno salen amenazando a los ciudadanos, ni flores. Sin embargo, está
 claro que, si hemos llegado hasta aquí se debe en gran parte a la 
irresponsabilidad política del que ahora se ofrece como garante de la 
estabilidad con el apoyo entusiasta de los medios nacional-españoles 
como El País, que salía con un editorial digno del ABC o La Razón, titulado La dignidad de Cataluña. Es un sarcasmo que este título plagie el que en 2010 publicaron muchos medios catalanes (La dignidad de Catalunya) en defensa del Estatut, a punto de ser dinamitado por la sentencia del Tribunal Constitucional de aquel año.
Esta
 especie de burla es paralela al hecho de que sea precisamente quien más
 ha hecho por dinamitar el entendimiento entre Cataluña y España quien 
dice buscar una solución al conflicto. Porque, como sabe todo el mundo, 
el independentismo catalán ha subido del 25/30 por ciento de la 
población hasta el 50 por ciento gracias a la demagogia de Rajoy 
recogiendo firmas contra el Estatuto en 2006 y recurriéndolo ante el TC y
 todo para hacer juego sucio contra el Gobierno de Zapatero. El 
Sobresueldos ha destrozado el sistema del 78 para satisfacer sus ansias 
de poder. Y llegado a él, siguió con la política anticatalana, 
perfectamente condensada en el propósito más insultante y estúpido de 
"españolizar a los niños catalanes" del ex-ministro Wert. 
Los 
 que fueron contra el Estatuto son los que ahora dicen protegerlo. Por 
la misma razón por la que los franquistas que se abstuvieron en la 
votación sobre la CE 78 o votaron en contra son los que se erigen hoy en
 sus defensores y la usan como baluarte contra las aspiraciones 
democráticas de la gente.
En
 cumplimiento de su triste sino de ser seguidor de la derecha, el PSOE 
reitera su apoyo incondicional a los franquistas del gobierno, dando por
 bueno su simulacro de democracia. Esto lo legitima, al parecer, para no
 tomarse el trabajo de buscar un entendimiento en Cataluña sustituido 
por una etérea llamada a un diálogo que no se ha producido nunca, no se 
produce ahora y no se producirá jamás por cuanto el nacionalismo español
 solo entiende una forma de relación de Cataluña con España, la de la 
sumisión y el silencio ante los abusos.
Es
 un espectáculo patético el del nacionalismo español dando palos de 
ciego, superado en todo momento por la Generalitat. Ayer el Parlament 
aprobó la Ley de Transitoriedad para el caso de que gane el "sí" en el 
referéndum, cumpliendo así la promesa de Puigdemont de "ir de la ley a 
la ley", impertérrito el bloque del sí ante las amenazas de las 
autoridades españolas que no pueden hacer otra cosa que eso, amenazar.
Al propio tiempo, el Parlament pedía investigar judicialmente a Rajoy, Santamaría y Fernández Díaz por los delitos que hubieren podido cometer en la "operación Cataluña". 
Unos presuntos delincuentes encargados de aplicar ley en España. 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED 

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