En total, Nicolás
Mateos habría recibido cerca de 15 millones de euros y, según consta,
realizó desde dichas cuentas transferencias por importe de unos 13
millones de euros, sin que haya podido acreditarse el destino final de
dichas cantidades.
Durante los cuatro días que ha durado la vista, los testigos
coincidieron en señalar que Nicolás Mateos era el que tomaba todas las
decisiones acerca del destino de los fondos, y de si había que destinar
cantidades al pago de facturas o al desarrollo de promociones.
En
su alegato final, la Fiscalía recordó que Nicolás Mateos mantuvo su
política de ventas aunque no contaba ni con la financiación ni con las
licencias necesarias para construir.
En este sentido,
destacó el testimonio de José Patricio García, que relató que en enero
de 2007, cuando se probó que Nicolás Meteos no tenía "ni licencia ni
permisos ni nada", le reclama en una carta que efectúe un pago y le
asegura que las obras ya habían comenzado, por lo que el testigo
efectivamente hizo un ingreso en las cuentas de Mateos.
Mateos
también está acusado de un delito contra la Hacienda Pública, en el que
figuran como cooperadores necesarios Segundo Francisco Clemente Lozano y
Francisco Clemente Lozano, por haber obtenido en 2006 la devolución
indebida de 94.145 euros por la autoliquidación del IVA, y otros 631.191
en 2007, mediante la presentación de facturas falsas emitidas por los
Clemente Lozano.
También sobre este punto la Fiscalía
reiteró los argumentos expuestos en su escrito de acusación, tanto en lo
relativo a Nicolás Mateos como en cuanto a los Clemente, y el abogado
de algunos afectados ha incidido en la declaración de los hermanos
Lozano, que reconocieron que "los empleados se limitaban a hacer
facturas falsas".
El letrado defensor de Mateos defendió
su solvencia como promotor inmobiliario en Murcia, para lo cual siempre
contó con el respaldo de entidades financieras,una de las cuales -el
Popular- "se habría quedado con gran parte de los fondos".
Para
Nicolás Mateos la Fiscalía solicita en total ocho años y nueve meses de
cárcel y una multa de 418.800 euros, en tanto que para los otros dos
acusados la petición es de dos años y nueve meses de cárcel y multa de
187.600 euros para cada uno de ellos.
En defensa de los hermanos Clemente Lozano, su abogado ha depositado toda la responsabilidad en el principal acusado.
Los hechos se remontan a 2003, cuando Nicolás Mateos comenzó a ofrecer 13.500 apartamentos de lujo
en el complejo residencial de lujo Lagoa Do Coelho Resort, en el estado
de Río Grande do Norte, en Brasil, que supuestamente debía contar
también con centros comerciales, un lago, un teatro e instalaciones
deportivas.
Entre los años 2005 y 2008 fueron muchos los
que adquirieron apartamentos en el complejo, cuyo precio oscilaba entre
los 76.500 y los 130.758 euros, con el compromiso de que la primera fase
de las viviendas comenzarían a entregarse en junio de 2008, y las
segundas, en el primer trimestre de 2009.
Inicialmente,
los compradores entregaron en concepto de señal 4.500 euros, pudiendo
optar entre abonar el 25 % del total a la firma del contrato y otro 15 %
a los seis meses mediante transferencia, o bien abonar un 15 % del
precio más un pagaré avalado por una entidad bancaria por un importe
equivalente al 25 % del precio final.
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