El “casi piso” del director de Tráfico tuvo preferencia en las
noticias del día sobre el acuerdo del Gobierno (Hacienda) con los
sindicatos para dar un volantazo a la función pública. Un acuerdo por el
que el Estado se compromete a convocar un cuarto de millón de puestos
de trabajo en el plazo de tres años, empleos estables de funcionarios en
las distintas administraciones, preferentemente en las áreas de
sanidad, educación y seguridad. La complicidad de sindicatos y Gobierno
para anunciar la decisión, que se materializará en el consejo de
ministros de esta semana, tiene carácter histórico. Una noticia
esperanzadora.
Estamos ante un acontecimiento que movilizará a miles de familias, de
jóvenes, de precarios y de temporales. Una oportunidad para los
preparadores de oposiciones que han sufrido una década de penurias, y
también una esperanza para parados y precarios. A lo largo de próximo
trienio, hasta el fin de la década, el Estado se propone recuperar buena
parte de los recortes de empleo aplicados durante la crisis y renovar
las plantillas públicas que sufren de envejecimiento y que tienen que
afrontar una avalancha de jubilaciones.
La cuestión ahora es que el Gobierno sea capaz de gestionar
ordenadamente esta operación, que requiere cooperación con las demás
administraciones, autonómicas y locales, y organizar con equidad,
limpieza y objetividad una campaña sin precedentes de empleo público.
En primer término se requiere una explicación pública de fondo, en
profundidad sobre la función pública en España, sobre sus méritos y
deméritos. Una operación que pasa por pinchar el globo de la
ineficiencia y la sobredimensión del empleo público. La realidad es que
los funcionarios en España ni son tantos como dicen las leyendas
urbanas, ni son tan incompetentes o poco diligentes como pregonan
chistes y maledicencias.
La función pública merece una gran operación reivindicativa,
simultánea a otra de digitalización que simplifique y mejore la gestión
en beneficio de los ciudadanos. La gestión tributaria y la de la
Seguridad Social españolas cuentan entre las más avanzadas y eficientes
del mundo, lo cual no se ha puesto en valor tanto como merece. Romper el
tabú de que la administración se parece a la que relató magistralmente
Mariano José de Larra hace poco menos de dos siglos es una tarea
pendiente y urgente. Los funcionarios actuales y el propio Estado no lo
merecen.
La convocatoria regular y abundante de oposición devolverá
expectativas y esperanzas a muchos jóvenes, precarios y parados. La
necesidad de emprendedores, de nuevos empresarios con visión y sentido
del riesgo no es incompatible con la urgencia de servidores públicos
profesionales, honestos y capacitados. Unos y otros se necesitan, no son
incompatibles, más bien complementarios.
Profesionalizar la administración, acabar con el precariado y dotarla
de criterios de exigencia forma parte de los deberes de la democracia,
que no ha sido muy diligente en esta materia, que ha vivido de la
herencia del régimen anterior que, a falta de legitimidad de origen, se
preocupó por dotarse de una cierta legitimidad administrativa con
razonable eficiencia.
La decisión que va a tomar mañana el Gobierno es muy relevante,
requiere explicaciones, transparencia, buena gestión y un voto de
confianza, como el que le han otorgado los sindicatos.
(*) Periodista y politólogo
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