
El aforamiento de Pedro Antonio Sánchez requiere el trámite previo del suplicatorio por parte de la Asamblea Regional y de su certificación de que el investigado es actualmente miembro de la Cámara, lo que no parece tener mayor obstáculo en un parlamento donde el PP está en minoría.
El renovado presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, parece que quiere ser muy escrupuloso en este caso en cuanto a garantías procesales para evitar invalidaciones posteriores del procedimiento, mientras el cuestionado presidente de la Comunidad Autónoma, llegado el caso, parece haber pensado en el decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez Escribano, para que dirija la estrategia de defensa con la que enfrentar eventuales acusaciones contra PAS desde la Fiscalía Anticorrupción.
La trascendencia mediática del caso, hoy lunes a nivel nacional, y la intervención de la Audiencia Nacional en el nivel de instrucción, valiéndose de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil, parecen aconsejar a los jueces murcianos esta vez una imparcialidad fuera de toda duda tras anteriores escándalos de esta Sala cuando ha tenido que juzgar a políticos del PP en la Región, también implicados en casos de corrupción, ocupando cargos públicos.
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