Al margen el
preocupante método utilizado para colocar a Rodrigo Rato bajo el potente
foco de la opinión pública y los múltiples delitos de los que es
acusado por los medios de comunicación, lo único comprobable de todo lo
publicado hasta el momento es que un ignoto juez de instrucción –el 35
de Madrid- ha ordenado el bloqueo inmediato de todas las cuentas
corrientes, depósitos, fondos y préstamos a nombre del que fuera ex
vicepresidente del Gobierno, investigado por supuesto fraude y blanqueo
de capitales.
Rato
se convierte así en el último de una interminable lista de
políticos y empresarios españoles imputados o acusados y
algunos pocos condenados, por delitos de carácter fiscal,
evasión de capitales, blanqueo de dinero, malversación de
fondos, fraude y un largo etcétera, que se supone deberían haber
devuelto las cantidades defraudadas, aunque la sensación
existente –que no información- es que las cantidades
recuperadas por esta vía son más bien exiguas.
Y como
paradigma de lo que con frecuencia ocurre, no deja de sorprender
que, por vez primera, la reforma del Código Penal que entrará en
vigor a principios de julio de este año, contemple que será causa de
denegación de la libertad condicional que los condenados por
delitos contra la Administración no hayan cumplido sus
responsabilidades pecuniarias o reparado el daño causado y
además que "en los delitos fiscales o contra la Seguridad Social no
podrán lograr la suspensión de las penas de prisión impuestas sin
abonar las deudas tributarias o las deudas con la Seguridad Social o
sin reintegrar antes las subvenciones o ayudas indebidamente
recibidas o utilizadas".
Así las cosas, bueno sería conocer
si el que fuera presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM),
Hernández Moltó, ha desembolsado la parte de fianza civil que le
corresponde de los 138,2 millones de euros a los que el juez de la
Audiencia Nacional, Ruz, le emplazaba a pagar, junto al exdirector
general, a mediados de diciembre de 2014, cinco años y medio
después de que el Banco de España interviniera la entidad el 29 de
marzo de 2009.
Lo mismo cabria preguntarse del extesorero
del PP, Bárcenas, cuya fortuna la UDEF evalúa en 48,2 millones de
euros, tras pasar más de un año en el penal. El que fuera presidente
de la Diputación de Castellón, entraba hace unos meses en la cárcel
para cumplir condena de cuatro años por delitos fiscales sin
explicar cómo se puede ganar a la lotería nueve veces en doce años.
El
expresidente de la CEOE, Díaz Ferrán, cumple condena por
múltiples delitos societarios sin que se conozca si ha hecho
frente a la devolución de lo sustraído, según sentencia judicial,
con los 88 millones de euros en los que la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) cifró su patrimonio inmobiliario.
La
lista se convierte en interminable y ahí están la familia Pujol;
los 175 imputados en el caso Gürtel; los exconsejeros de Aguirre,
Lopez Viejo y Granados; el expresidente Balear, Matas; el
expresidente de Caja Madrid, Blesa; los imputados en los casos ERE y
Formación Profesional de Andalucia, o los casos Campeón, Palma Arena,
Noos, Palau, entre otros muchos.
Donde está lo robado
Llegados
a este extremo, hasta el Papa Francisco se involucraba en la lucha
contra la corrupción, al afirmar que "a los políticos,
empresarios y religiosos corruptos" no les basta con pedir
perdón, sino que deben "devolver" a la comunidad lo que han robado.
Aunque
decirlo es fácil, la realidad resulta más compleja y no basta con
ordenar el bloqueo de las cuentas, el rastreo de las mismas o las
comisiones rogatorias, ya que “los malos” saben que el sistema
judicial no cuenta con medios suficientes -1% de los Presupuestos
Generales del Estado- y aunque la ley obliga al acusado a devolver el
dinero, en la práctica cuesta mucho que se reintegre, hasta el
extremo de que a un delincuente puede que le “compense” pasar un par
de años en la cárcel, si cuando sale puede tener todo su patrimonio,
algo que reconocía en su momento el instructor del caso Malaya.
Para
conseguirlo, se embargan cuentas y bienes y se sacan propiedades a
subasta, aunque si el condenado no dispone de medios para hacer
frente a las indemnizaciones o la devolución del dinero que
establece la sentencia, o no se demuestra que disponen de ellos,
caben pocas opciones para la Justicia, salvo el embargo del sueldo una
vez que el acusado quede en libertad y se reincorpore al mercado
laboral.
Pero en un mundo en que los instrumentos para ocultar
el dinero, son cada vez más sofisticados, las posibilidades de
esconder éste son casi infinitas y la mayor parte de las fortunas
que operan en paraísos fiscales están ocultas en la intermediación
de sociedades o empresas pantalla, que permiten hacer más opaco
el vínculo con la titularidad, y, de esta forma, evadir impuestos y
ocultar patrimonio.
Así las cosas, no hay razones para el optimismo.
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