CARTAGENA.- Navantia, el grupo público de astilleros españoles con factorías en
Galicia, Andalucía y Cartagena, dejará de aplicar el IV Convenio
Colectivo que fue anulado por la Audiencia Nacional mientras no se
resuelve el recurso de casación interpuesto por la compañía ante el
Tribunal Supremo.
Así lo comunicó este lunes el grupo naval en una nota
en que la que expone que mientras el Supremo delibera, la empresa
volverá a aplicar el texto del III convenio laboral.
«En tanto el Alto Tribunal resuelva -aludiendo al recurso ya
interpuesto-, se dejará de aplicar el IV Convenio Colectivo y se
aplicarán las condiciones previstas en el III, dentro del marco de lo
establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado» revela el
comunicado.
La Audiencia Nacional anuló el IV Convenio Colectivo de Navantia al
estimar parcialmente la demanda que interpusieron CCOO y la
Confederación Intersindical Galega (CIG), a la que adhirieron otras
centrales, contra ese último convenio laboral, que se publicó en el
Boletín Oficial del Estado en noviembre del 2013.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en una sentencia de 18
páginas fechada el 16 de febrero, exponía que «el Comité Intercentros
que suscribió el convenio no estaba legitimado para negociarlo». La
empresa naval anunció su intención de recurrirlo ante el Supremo el
pasado 23 de febrero, tras conocer el fallo.
Por otra parte, Navantia indicó que este lunes reunió a los Comités
de Empresa de todos sus centros de trabajo para iniciar «próximamente» y
«de buena fe» el proceso negociador del IV Convenio Colectivo, y
analizar «las consecuencias y efectos de la sentencia». El preacuerdo
del IV Convenio se firmó el 16 de octubre del 2013 y se ratificó el 9 de
septiembre del 2014 con la firma de UGT, CSIF y cuatro de los cinco
delegados de CCOO.
La víspera de la rúbrica definitiva, la Federación de Industria de
CCOO desautorizó públicamente a los cuatro delegados que firmaron
igualmente. El quinto delegado de Comisiones Obreras, que no firmó ni el
preacuerdo ni el convenio, era el presidente del Comité ferrolano,
Ignacio Naveiras.
Las plantillas de Ferrol y Fene, los dos astilleros gallegos del
grupo, se pronunciaron en asamblea en contra del texto porque
consideraron que suponía un retroceso en derechos laborales ya
consolidados.
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