MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez
Bermúdez ha elevado a 35 millones de euros la fianza solidaria impuesta a
los cinco ex directivos de la CAM imputados por presuntas
irregularidades en la gestión de la caja alicantina, y les ha concedido
un día de plazo para abonarla, advirtiendo que, si no la hacen efectiva,
se procederá al embargo de sus bienes.
El magistrado impuso hace ahora un año, en junio de 2012, una
primera fianza de 25,8 millones de euros a los dos últimos ex directores
generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex
presidente Modesto Crespo y los ex directores de recursos y
planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
En un auto, fechado ayer
lunes y remitido de inmediato al letrado Diego de Ramón, el juez explica que tras tomar declaración a los imputados y
analizar la documentación obrante en la causa puede afirmarse que "los
imputados al menos conocían o debían, pudieron y no quisieron conocer la
situación patrimonial de la CAM".
A pesar de ello y "en el mejor de los supuestos", no pusieron
"objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio
patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando
perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".
Gómez Bermúdez indica que firmaron un contrato que les garantizaba
incluir en las cuentas de 2011 el cobro de "suculentos planes de
jubilación" ante la posibilidad de que la situación de la CAM fuera
conocida y derivara en una intervención del Banco de España, como
terminó ocurriendo.
Explica también que "se fijaron sueldos y cobraron bonificaciones
con el falseamiento de la auténtica situación patrimonial" del banco de
modo que se cerraba el ejercicio con resultado positivo en cuantía tal
que permitía el cobro del bonus, cuando el resultado real hubiera
impedido que se les abonara.
El auto agrega que el informe pericial solicitado por el instructor
al Banco de España sobre la gestión de la caja no estará listo hasta
finales del próximo mes de septiembre. Por ello, y para garantizar "los
derechos de todas las partes y que puedan interponer los recursos
procedentes" opta por fijar esta cantidad como garantía de las posibles
responsabilidades pecuniarias derivadas de la mala gestión de la
entidad.
Gómez Bermúdez retiró el pasado año el pasaporte a Amorós y Abad y
ordenó que ambos comparezcan cada 15 días en los juzgados más próximos a
su domicilio. Los otros tres imputados en la causa que investiga las
irregularidades en la gestión de la caja alicantina -el ex director
general de Recursos Vicente Soriano Terol, el ex director de
Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex presidente Modesto
Crespo- habían quedado libres sin la imposición de medidas cautelares.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de
2011 y se sustituyó a sus administradores, además de aprobar una
inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB. Los inspectores
del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que
denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde
pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el
cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente
propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro--
comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9
millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas
pérdidas de 1.136 millones de euros.
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