CARTAGENA.- El responsable de Economía y Hacienda del
Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro, ha presentado una
moción en la Asamblea Regional en la que pide que el Gobierno regional
haga pública la declaración de bienes e intereses de los altos cargos de
la Comunidad Autónoma.
De este modo, explica que la Ley 5/1994 de 1 de agosto del
Estatuto Regional de la Actividad Política, indica que deben hacer
pública su declaración el presidente del Gobierno Regional, el
vicepresidente y los Consejeros, los secretarios y directores generales,
miembros del Gabinete del presidente y la Vicepresidencia, directores
de los Gabinetes Técnicos, presidentes, directores y asimilados de los
Organismos Autónomos y Empresas Públicas Regionales y los directores de
los Entes Públicos.
Por otro lado, insta a la Mesa de la Cámara a que, a tenor del
artículo 15 de la ley 5/1994 de 1 de agosto del Estatuto de la Actividad
Política, se proceda a publicar la declaración de patrimonio de todos
los diputados regionales, incluido Juan Bernal, según han informado
fuentes socialistas en un comunicado.
Asimismo, reclama a la Comisión Parlamentaria del Estatuto de
Autonomía que haga públicas las declaraciones iniciales y
complementarias formuladas por los altos cargos de la Comunidad
Autónoma, que debe tener recepcionadas en cumplimiento del artículo 17
de la ley 5/1994 de 1 de agosto del Estatuto de la Actividad Política.
Navarro indica que dicha medida se está llevando a cabo en el
Congreso de los Diputados y en casi todos los parlamentos autónomos. En
1994 se aprobó la ley 5/1994 de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la
Actividad Política.
Esta ley desarrolló en su exposición de motivos varias
consideraciones con las que el Grupo Parlamentario Socialista está
plenamente de acuerdo y que adquieren hoy su máxima actualidad y
vigencia.
Así, los diputados de la dirección del Grupo Parlamentario
Socialista van a pedir el acceso a la declaración de bienes del diputado
Juan Bernal, acogiéndose a la regulación legal de acceso al registro
público de diputados que establece la ley.
Navarro aludió al preámbulo de la Ley de la Actividad Política de
1994, en el que se recoge que. "Ni las instituciones ni los políticos
han de ocultar nada a la opinión pública, no sólo de su gestión
estrictamente pública, sino también de aquellos aspectos de su vida
privada que de alguna manera pudieran relacionarse con el deber general
de lealtad a los intereses de la sociedad".
"El Grupo Parlamentario Socialista hace suya esta máxima y, por
tanto, considera necesario el conocimiento de los bienes e intereses del
sector público regional: diputados regionales, gobierno regional y
altos cargos y asimilados de la Administración regional, por motivos de
confianza entre los electores y elegidos y basándose en una permanente
atención y cuidado de la transparencia", concluye.
No hay comentarios:
Publicar un comentario