El recurso de Crespo y Amorós no les exime de depositar la fianza

ALICANTE.- Los cinco exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) imputados en la causa abierta por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 por presunta estafa han recurrido ya la fianza conjunta y solidaria de 25,8 millones de euros que les impuso el juez Javier Gómez Bermúdez, según confirmaron a Abc fuentes de la Audiencia Nacional.

El último en presentar su recurso ha sido el expresidente de la antigua caja de ahorros alicantina Modesto Crespo. Con anterioridad lo habían hecho los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, así como el exdirector de Recursos Vicente Soriano Terol y el exdirector de Planificación y Control, Teófilo Sogorb. Todos ellos están imputados por presunta estafa, apropiación indebida y falsedad en las cuentas, entre otros delitos.

No obstante, la interposición de estos recursos, que deberán ser resueltos por el magistrado, no exime a los cinco exdirectivos de depositar la fianza conjunta de 25,8 millones de euros, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación del auto dictado por Gómez Bermúdez el pasado 26 de julio. El juez impuso la fianza -que deberán depositar entre los cinco, respondiendo si es preciso con su patrimonio- a petición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para que los imputados cubran de forma cautelar las pérdidas ocasionadas a la CAM por su gestión.

Cuotapartícipes afectados

Esta cifra incluye la prima que los exdirectivos cobraron indebidamente -estaba vinculada a unos beneficios de la caja que luego se han revelado irreales- y la cantidad pagada de más a la aseguradora Caser para garantizarse las indemnizaciones por prejubilación.

No obstante, el abogado que ejerce la acusación particular, Diego de Ramón, ha solicitado al juez que una parte de esta cantidad -12 millones- se destine a cubrir las pérdidas de sus representados, más de medio millar de inversores que compraron cuotas participativas de la CAM y que ahora han perdido sus ahorros.

La elevada fianza impuesta por el juez supone que cada uno de los cinco imputados tendrá que depositar más de cinco millones de euros ante la Justicia para responder de su posible responsabilidad penal. 

Algo que, en principio, no debería suponer un excesivo problema para el exdirector general Roberto López Abad, quien cobró de la CAM una indemnización de 5,5 millones de euros por prejubilarse el 29 de junio de 2011, un mes antes de que la caja tuviera que ser intervenida por el Banco de España. 

Por su parte, Vicente Soriano se prejubiló el 1 de marzo de 2011 y cobró 1,7 millones de euros de indemnización. 

María Dolores Amorós fue despedida por los administradores del FROB tras la intervención. Acudió a la Justicia para reclamar una indemnización de 10 millones, pero la juez desestimó sus pretensiones y, además, anuló su pensión vitalicia.

Gómez Bermúdez retoma este lunes la causa

El juez Javier Gómez Bermúdez se reincorpora el lunes al Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, en el que retomará la causa abierta a la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM) por presunta estafa, apropiación indebida y falsedad en las cuentas, entre otros delitos.

Uno de sus primeros cometidos tras el período de vacaciones será resolver los recursos que los cinco imputados -el expresidente de CAM, Modesto Crespo, los ex directores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad, el ex director de Recursos Vicente Soriano Terol y el ex director de Planificación Teófilo Sogorb- han presentado contra la fianza de 25,8 millones de euros que el juez les impuso para resarcir los daños que presuntamente ocasionaron a la antigua caja de ahorros alicantina debido a su gestión.

Pero la interposición de estos recursos no exime a los cinco exdirectivos de CAM de depositar, de forma conjunta, la fianza de 25,8 millones impuesta, a razón de algo más de 5 millones de euros cada uno.

Fuentes judiciales indicaron a Abc que, dada la elevada cuantía de esta cifra, muy probablemente será aportada con avales bancarios, que pueden ser otorgados utilizando los bienes inmuebles de los imputados como garantía.

En caso de que los imputados no hayan podido satisfacer esta cantidad, indicaron las mismas fuentes, el juez Gómez Bermúdez dictaría un auto ordenando el embargo de los bienes por el importe que haya quedado impagado. 

Por su parte, el abogado que ejerce la acusación particular en representación de 500 afectados por las cuotas participativas de la CAM, Diego de Ramón, ha anunciado que si los imputados no abonan la fianza interpondrá contra ellos una querella por un presunto delito de alzamiento de bienes, por considerar que su patrimonio les permite atender la petición del juez.