MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael
González Tovar, ha exigido que "se garanticen las prestaciones
sanitarias a los inmigrantes, con independencia de su situación legal,
de acuerdo con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas".
Por su parte, la responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario
Socialista, Teresa Rosique, ha presentado una moción en la Asamblea que
recoge dicha reivindicación.
El Real Decreto Ley 16/2012 de recortes en sanidad supone, en la
práctica, "un cambio de nuestro modelo de sanidad, hasta hoy universal,
público, gratuito y equitativo". Por ello, sostiene González Tovar,
"dicho recorte constituye la mayor agresión a la sanidad pública que
hemos vivido en la historia de la democracia".
Con este cambio, ha advertido, "se pasa de un sistema de derechos a
un sistema de aseguramiento; es decir, retrocedemos al sistema anterior
a la Ley General de Sanidad de 1986, en el que la atención sanitaria
era una contraprestación por lo cotizado, en vez de un derecho ciudadano
universal".
Para González Tovar, "esta decisión, adoptada de manera
irresponsable y sin consenso, es de una enorme gravedad y va a tener
repercusiones tanto en la cohesión social como en la salud pública de
nuestro país".
Por su parte, la diputada Teresa Rosique argumenta en su moción
que la exclusión de los inmigrantes en situación irregular "supone un
retroceso en los Derechos Humanos y una medida injusta socialmente".
"Además, alerta, supondrá un ahorro poco relevante en términos de
reducción del déficit y, sin embargo, su impacto en términos de salud
será enorme, en especial, para pacientes en tratamiento por cáncer,
hemodiálisis y otras enfermedades crónicas, cuya continuidad dependerá
ahora de su capacidad de renta para poder costearlos".
En la Comunidad Autónoma, el Gobierno regional "calcula que los
inmigrantes en situación irregular son unos 33.000, y diversos estudios
apuntan a que el gasto que genera la atención sanitaria a estos
inmigrantes es mínimo".
De hecho, Andalucía calcula que el gasto de atención sanitaria a
inmigrantes en esta situación "ronda en torno al 0,68% de su gasto
sanitario". Por tanto, apunta Rosique, "no se justifica, ni siquiera en
términos económicos, el recorte en derechos que Rajoy ha realizado con
ese Real Decreto".
Precisamente, destaca que el Comité sobre los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que acaba de examinar el
quinto informe de España sobre la aplicación del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "ha manifestado públicamente
su preocupación por las modificaciones introducidas por el Real Decreto
Ley 16/2012, del 20 de abril de 2012; en particular, en la Ley de
Extranjería de 2009, que recorta los derechos de acceso de los
inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud".
En este sentido, el Comité recomienda al Gobierno asegurar que, de
conformidad con el principio de universalidad de las prestaciones
sanitarias, "las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas
que residen en España a los servicios de salud, cualquiera sea su
situación legal".
También recomienda que el Gobierno "evalúe el impacto de toda
propuesta de recorte en cuanto al acceso de las personas y colectivos
desfavorecidos y marginados a los servicios de salud".
Comunidades Autónomas como Cataluña, País Vasco y Andalucía "ya
han anunciado que no quitarán la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en
situación irregular y la Comunidad Valenciana prolongará la atención
sanitaria a los sin papeles, proporcionándoles una tarjeta sanitaria
temporal que garantizará todas las prestaciones".
Por ello, el secretario general de los socialistas murcianos ha
denunciado públicamente que "resulta incomprensible que en la Región, la
Consejería de Sanidad y Política Social no sólo no se ha limitado a
aplicar a rajatabla esta medida, sino que procedió a negar la tarjeta
sanitaria antes de la fecha límite, fijada para el 1 de agosto".
Por otro lado, ha recordado que la Ley General de Salud Pública,
aprobada recientemente, "prevé la evaluación del impacto en la salud de
las normas, planes, programas y proyectos que se seleccionen, por tener
un impacto significativo en la salud".
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