MADRID.- Una treintena de activistas de Greenpeace han
convertido la entrada al Ministerio de Medio Ambiente en una "playa
privada" para denunciar el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas
anunciado el pasado viernes por el Gobierno.
Según ha informado una portavoz de la ONG, los
activistas han llenado de arena la plaza San Juan de la Cruz (puerta
principal del Ministerio) y han simulado estar en una "playa privada de
lujo", con tumbonas y sombrillas incluidas. También han desplegado
pancartas que reclaman el uso público de la playa y un "No a la reforma
de la Ley de Costas". Además, han añadido unas interrogaciones al 'Medio
Ambiente', dentro del nombre completo del ministerio.
"En este anteproyecto de Ley se renuncia a la protección
ambiental, no incorpora términos como biodiversidad o espacios naturales
protegidos, sólo habla de obras, instalaciones, usos y autorizaciones, y
cede un terreno de alto valor ambiental y social a la especulación,
otorgando suelo público a concesiones privadas que van más allá del año
2100", ha subrayado la responsable de la Campaña de Costas de
Greenpeace, Pilar Marcos.
Así, la organización ecologista llama a la movilización social a
través de la 'Plataforma no a nuestra costa' que conforman más de 200
organizaciones y pide la protección de la actual Ley de Costas. En el
marco de esta plataforma, Greenpeace convoca a la ciudadanía para que
participe en próximo 28 de julio en el Día de Acción Global en defensa
de las playas.
"Ante los recortes y la situación económica actual, es absurdo
malgastar el dinero público en una reforma innecesaria que va a aumentar
el coste del mantenimiento del litoral y va a hipotecar nuestro
futuro", ha concluido Pilar Marcos.
El Consejo de Ministros dio el pasado viernes el visto bueno al
anteproyecto de reforma de la Ley de Costas, a propuesta del Ministerio
de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
La nueva norma elevará hasta 75 años las concesiones de viviendas
en playa, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a
la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los
'chiringuitos' y modifica las normas del deslinde administrativo.
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