MURCIA.- La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia mantiene su competencia para el enjuiciamiento del denominado caso Tótem, de corrupción urbanística en Totana, contra el ex alcalde de Totana, Juan Morales, y otras doce personas, según lo acordado en el auto de 2 de noviembre.
Respondiendo a la solicitud formulada por una de las partes de inhibición a favor del Juzgado de Instrucción nº 1 de Totana, el tribunal ha acordado que "no ha lugar a la misma conforme al criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo plasmado en sentencia de 8 de marzo de 2002".
Se establece pues que la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia queda fijada en el momento en que deban comenzar las sesiones del juicio oral. De modo que, al haberse fijado el primer señalamiento antes de que el diputado acusado, Juan Morales, perdiera su condición de aforado, "la Sala debe mantener su competencia para el enjuiciamiento del asunto y rechazar la solicitud de inhibición", según fuentes del TSJ.
La Sala del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial desestimó ya la recusación contra los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia, encargados de enjuiciar el caso. Esta recusación sostenía que estos magistrados podían haber quedado 'contaminados' al haber intervenido en la resolución de distintos recursos y hubieran realizado un juicio 'valorativo' de las diligencias sumariales.
Fue a finales de noviembre de 2007 cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.
El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.
En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas, entre ellas el que fuera alcalde de Totana (PP) hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales, José Martínez Andreo, que permaneció en prisión dos meses y el partido lo dio de baja; así como el ex regidor totanero de este mismo municipio, Juan Morales, que aunque por su condición de diputado (primeramente del PP y tras ser expulsado, del Grupo Parlamentario Mixto) no fue detenido, la Sala competente del caso acordó, tras más de 12 horas de declaración, su prisión provisional eludible bajo una fianza de 200.000 euros que hizo efectiva antes de que se agotara el plazo fijado por el magistrado.
De ahí que una pieza de la operación 'Tótem' la asumiera el Juzgado de Totana, mientras que la que afecta a la persona del ex diputado se declaró competente para enjuiciar la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia al entender que hay "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el ex parlamentario, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".
Está previsto que pasen por el banquillo el ex alcalde y ex diputado, Juan Morales; Gabriel Martínez, de la empresa Huevos Maryper; Joaquín Carmona, gerente de Nubia Inversiones; y su socio, José Antonio Alcántara; el propietario de Inmonuar y Nuarias Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias; y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras; además del director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera.
Así como la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán; el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Marín Bravo, de Agroproducciones Integradas S.L.; Domingo Sánchez Martínez, de Visanfer S.S; la novia de Morales, Vaneyde Freita; y José Miguel Martínez Soler.
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