CARTAGENA.- La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha
defendido este martes en la Asamblea Regional la Ley del Mar Menor como
un instrumento para garantizar la sostenibilidad y la competitividad del
sector agrícola de la comarca.
"El campo de Cartagena es un
ejemplo de que se pueden producir alimentos seguros y de calidad,
respetando el medio ambiente", ha asegurado Rubira, que ha comparecido
en el parlamento autonómico a petición de Vox.
La titular de
Agricultura ha destacado que la ley, aprobada en 2020, no solo no ha
frenado la actividad agraria, sino que la ha transformado, y ha indicado
que los agricultores y ganaderos "han sabido adaptarse, innovar y
convertir esta norma en su mejor carta de presentación en los mercados
internacionales".
"El sector no solo no está destruido, está
más fuerte, está más tecnificado, está más comprometido que nunca. La
ley no ha frenado al campo, lo ha impulsado a transformarse y lo ha
hecho sin criminalizarlo y sin atacarlo", ha dicho.
La
responsable autonómica ha subrayado el crecimiento de las exportaciones
de frutas y hortalizas, que han pasado de 2.834 millones de euros en
2019 a más de 3.500 millones en 2024, lo que representa un incremento
del 23,99%.
"La ley ha frenado el daño reputacional a nuestros
productos", ha aseverado la titular de Agricultura, que ha puesto en
valor que "más del 80% de las explotaciones utilizan tecnologías de
precisión" y ha destacado la implementación de técnicas como
fertirrigación, sondas de humedad e inteligencia artificial.
Para Rubira, la "gran amenaza" de la agricultura regional no es la
Ley del Mar Menor, sino el "recorte" al trasvase Tajo-Segura con la
entrada en vigor de las nuevas las reglas de explotación del acueducto
planteadas por el Gobierno central.
"Menos agua significará,
sin duda, menos producción", ha alertado la consejera, que se ha
comprometido a defender en Bruselas los intereses de los regantes,
quienes, ha insistido, "no son el problema" en la protección del Mar
Menor, sino "parte de la solución".
Asimismo, ha destacado que
la norma, que ha reconocido que es "necesaria, aunque no perfecta",
permite cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en relación a la Directiva de Nitratos.
Desde Vox, el diputado Antonio Martínez ha advertido de que la
reforma de la Ley del Mar Menor es "condición" para la aprobación de las
cuentas autonómicos de 2025. "Si no hay reforma, no habrá presupuesto",
ha asegurado de forma tajante.
Martínez ha calificado la ley
como "una calamidad" elaborada en un "ambiente aturullado de ecologismo
radical" y ha sostenido que la norma está "destrozando" sectores como el
turismo, la pesca, la ganadería y especialmente la agricultura del
campo de Cartagena.
En respuesta, el diputado del PP Jesús
Cano ha acusado a Vox de "faltar a la verdad" con "un discurso
destructivo, basado en bulos, en titulares fáciles y en un victimismo
artificial" contrario a una norma que supone un "escudo" para los
agricultores.
Cano ha argumentado que derogar la ley, como
propone Vox, "es dejar al campo sin defensa, sin seguridad jurídica y
sin futuro", y ha subrayado que "el enemigo no es la ley, sino la
demagogia y el oportunismo político".
"No vamos a elegir entre
agricultura o Mar Menor, vamos a defender a ambos", ha concluido.
En el PSOE, el diputado Manuel Sevilla ha afirmado que el Gobierno de
Fernando López Miras "ha sido incapaz de desarrollar ni de cumplir" la
ley y señalado que el Ejecutivo autonómico no ha aportado ayudas al
sector agrícola y ganadero, a diferencia del Gobierno de España, según
sus palabras, que ha destinado 40 millones de euros a proyectos de
agricultura sostenible.
Sevilla ha acusado a PP y Vox de
"utilizar" al sector de la agricultura y la ganadería "para sus guerras
de voto" y ha destacado que la comisión para modificar la Ley del Mar
Menor lleva cinco meses sin convocarse, lo que demuestra, a su juicio,
"la total irresponsabilidad" del Gobierno regional.
La
diputada de Podemos María Marín ha calificado el debate de PP y Vox como
"una auténtica farsa patética que cada vez engaña a menos gente" y ha
explicado que las restricciones agrícolas no son responsabilidad de la
ley, sino de directivas europeas sobre nitratos, "una normativa que nada
tiene que ver con la Agenda 2030".
"Las directivas europeas
nos obligan a proteger nuestras reservas de agua de los nitratos de
origen agrícola", ha argumentado, subrayando que estos programas "ya
están redactados y publicados" y son "infinitamente más restrictivos"
que la normativa regional.
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