MURCIA.- La Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca de la Región (PAH) ha puesto en marcha una campaña para exigir 
al Gobierno autonómico que cumpla con lo establecido en la ley de 
Vivienda con el fin de frenar los desahucios, que acabará con una gran 
movilización el próximo 28 de marzo. 
 Según
 ha explicado el portavoz de la plataforma, Francisco Morote, la ley 
regional prevé diversos mecanismos orientados a que las familias en 
situación de vulnerabilidad puedan optar a alquileres sociales. 
Incluye 
también medidas para que estas personas tengan alternativas al corte de 
los suministros de luz, agua o gas en caso de impagos. 
Sin embargo, las medidas no se aplican porque no se han desarrollado los reglamentos y convenios para tal fin, para lo que el gobierno tenía un plazo de seis meses (hasta finales de 2016).
Sin embargo, las medidas no se aplican porque no se han desarrollado los reglamentos y convenios para tal fin, para lo que el gobierno tenía un plazo de seis meses (hasta finales de 2016).
Desde entonces hasta el 
tercer trimestre de 2019 en la Comunidad se han ejecutado 9.439 
desahucios de los que, según Morote, «varios miles» se podrían haber 
evitado.
 
"Diputados del PP presentan la ley del embudo o cómo seguir criminalizando la pobreza"
"De forma tan vergonzante como elocuente, diputados 
regionales del PP, presentaron ayer en la Asamblea Regional, una 
iniciativa para para que sea la Asamblea la que pida al Congreso la 
modificación de la ley de enjuiciamiento civil para desahuciar en 12 
horas a familias que estén ocupando sin título suficiente una vivienda.
Lo
 hacen como si ignorasen, aunque lo saben perfectamente, que las 
familias que recurren a esta forma de acceso a la vivienda, lo hacen 
forzadas por varias realidades de las que los promotores del cambio son 
partícipes o cómplices cuando menos. Y lo son de la rebaja sustancial de
 los salarios provocada por su reforma laboral, que impide a muchísimas 
familias acceder a los prohibitivos precios del alquiler, y mucho menos 
aún a que algún banco les fíe una hipoteca. Lo son en parte, de que en 
este país el Parque de Vivienda Pública para alquiler asequible no 
exista (según datos de Fomento en 2019 sólo el 1,5% del parque total de 
vivienda existente, en países como Francia, Alemania, Reino Unido, 
Austria… ronda el 20%), y menos aún para vivienda social. Lo son por 
permitir el desembarco en España de los Fondos Buitre, que se han hecho 
con el enorme pastel de los “activos tóxicos” de la banca en viviendas y
 están tirando de los precios del alquiler hacia arriba sin ninguna 
consideración por los inquilinos. Lo son de que en España, según datos 
del INE, haya 3,5 millones de casas vacías y no se haga nada para 
movilizarlas mientras se justifica la subida de los alquileres en la 
falta de oferta.
En estas circunstancias, muchas 
familias tienen que optar entre la calle, o la ocupación, y la inmensa 
mayoría, como ellos mismos reconocen, lo hacen en viviendas vacías 
propiedad de bancos o fondos que las mantienen fuera del mercado para 
provocar el alza de los precios.
¿Por qué ley del 
embudo? Pues porque estos diputados, tan preocupados ellos por los 
pobres que incumplen las leyes, miran a otro lado cuando es su propio 
gobierno el que incumple la ley 10/2016, cuyo incumplimiento, priva a 
las familias murcianas en situación de vulnerabilidad de herramientas 
como el realojo en caso de desahucio, la obligación de los grandes 
propietarios de vivienda de ofrecer alquiler social antes de un 
desahucio, o la obligación de las suministradoras de servicios básicos 
como agua, luz y gas, de contactar con los servicios sociales antes de 
proceder a un corte de suministro por impago.
Desde
 la entrada en vigor de la ley el 15/9/16 hasta el último dato del CGPJ 
conocido, se han producido en la Región de Murcia 9.438 desahucios, (es 
decir 9438 familias en la calle) de ésos, en aplicación de la ley, 
podrían haberse evitado varios miles, que, por culpa de la inacción de 
los gobiernos regionales del PP, y ahora con Cs se han ejecutado. Por 
supuesto, con la aquiescencia del grupo Popular de la Asamblea Regional 
en el que militan quienes presentaron ayer la reforma.
Este
 es el embudo del PP: parte ancha para especuladores y gobiernos que 
incumplen las leyes que emanan de su propio parlamento, y la estrecha 
para las gentes vulnerables y pobres, a quienes se priva de herramientas
 de defensa y se les criminaliza."
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