Murcia tiene una tasa de economía sumergida del 35% del PIB, la mayor de España

MADRID.- Más de un tercio de la economía regional de Murcia está fuera de control. Es decir, “sumergida” o “informal”. O ambas cosas a la vez. Con más de un 26% de paro, una de las mayores tasas de desempleo de España, y un tejido productivo al margen de la legalidad, los males financieros de la Comunidad, cuyo déficit público alcanza el 4,8%, tienen difícil solución, según publica hoy www.elconfidencial.com

La crisis sistémica ha provocado que las prácticas económicas fuera de control se incrementen en los últimos tres años. Según las estimaciones de Antonio Jiménez, secretario general de UGT en la región, la tasa de economía sumergida en Murcia llega al 40%. Para Daniel Bueno, su homólogo de CCOO, el nivel no es quizá tan alto, pero se le aproxima: más del 35%. Por su parte, el presidente de la cúpula patronal murciana, CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia), Miguel del Toro, cree que “es una lacra que nos afecta a todos”, pero prefiere no concretar porcentajes.

La última estadística oficial disponible sobre el asunto, el Informe de Economía sumergida 2000-2009 de Gestha (asociación de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda), fijaba en el 24,3% del PIB regional el nivel de la economía sumergida. Una cifra inferior a la de La Rioja (31,4%), Canarias (28,7%), Castilla-La Mancha (26,5%), Galicia (26,3%), Aragón (25,5%), Castilla y León (25,0%), Andalucía (24,9%) y el mismo de la Comunidad Valenciana (24,3%).

Desde entonces, ambas fuerzas sindicales coinciden en que el tremendo golpe sufrido por la economía regional debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha disparado esa tasa. El resultado es que la economía sumergida mueve en un año la mitad del actual presupuesto regional.

Esto tiene unas consecuencias nefastas para las arcas públicas. El PIB regional es de unos 25.000 millones de euros, razona el secretario general de UGT, y unos 10.000 millones escapan del control público. “Lo que significa que no se recaudan unos 3.000 millones de euros, cuando la recaudación oficial tributaria por todos los conceptos es de unos 4.500 millones. O sea que solo se tributa por el 60% de lo que realmente se mueve”, concluye.

Jiménez mantiene que su estimación del 40% no es desmesurada y recuerda que ya en 2007 el fallecido secretario general de su sindicato, Antonio López Baños, aseguraba con datos que el porcentaje de Murcia era superior al que daba Gestha: el 33%. Para él, “cuando hablamos de economía sumergida no nos referimos solo al arquetipo del trabajador sin dar de alta sino a todo lo que escapa del control fiscal y de la Seguridad Social”.

Antes de eso, en 2006, un estudio del Consejo Económico y Social (CES) murciano ya señalaba a la región como la de mayor porcentaje de España de economía sumergida, citando como ejemplos, entre otros, el que casi el 22% de trabajadores no estaba dado de alta en la Seguridad Social y uno de cada cinco cobraba parte de su sueldo fuera de nómina.

Pero ambos secretarios generales recalcan que la actividad fuera de control no consiste solamente en esos dos ejemplos. Profesionales liberales y oficios que cobran sin factura, es decir, sin incluir el IVA, horas extras sin contabilizar oficialmente, compras de materias primas que se producen clandestinamente, alquileres sin declarar de pisos y locales, ventas al contado, rechazo de tarjetas de crédito, etcétera.

Bueno cuenta el caso de una conocida empresa de “banderillas” de aperitivo para bares que son ensartadas en sus correspondientes palillos mondadientes en casas particulares de la huerta de Murcia, por las que pasa periódicamente una furgoneta para recogerlas y llevarlas a envasar, etiquetar y vender legalmente.

Ambos coinciden en que en Murcia existe una gran tolerancia hacia la irregularidad laboral y fiscal, cosa que favorece el crecimiento de la economía sumergida e informal que, además, en épocas de crisis como la actual sirve de colchón social para la disminución generalizada de ingresos y el crecimiento desmesurado del paro.

La falta de coordinación entre administraciones (Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo, administraciones autonómica y local) y un sistema impositivo inadecuado para la estructura industrial de pymes y autónomos (el 90% del tejido productivo murciano) favorece la extensión de la economía sumergida e informal. En esto todos los agentes sociales están de acuerdo.

Pero no parece que las instancias oficiales estén muy decididas a luchar contra ella. En el recién firmado (13 de enero) “Acuerdo Marco para el crecimiento económico y la creación de empleo en la Región de Murcia”, Gobierno regional, CROEM y los dos sindicatos mayoritarios dedican solo uno de los catorce puntos a este tipo de economía. A pesar de la antigüedad del problema y de la creciente extensión de la economía irregular, se limitan a declarar que “es necesario elaborar (…) un plan de control que potencie su rechazo social y que fomente la coordinación entre las distintas administraciones competentes para asegurar una adecuada detección y corrección de este tipo de prácticas”.