SEVILLA.- El grupo BMN (Banco Mare Nostrum), formado por CajaGranada, Cajamurcia, Caixa Penedés y Sa Nostra, ha planteado a las centrales sindicales su propuesta para la segunda reestructuración laboral necesaria para cumplir los requisitos apuntados por el Gobierno, que contemplan la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del ERE en vigor hasta las 650 extinciones--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.
Según la propuesta planteada por la dirección de BMN en la reunión mantenida con los sindicatos, este plan de reestructuración tiene por finalidad "adecuar el volumen de plantilla a las necesidades reales de BMN, adecuar los costes de personal a las posibilidades reales del banco, teniendo en cuenta la coyuntura económica en la que nos encontramos y armonizar las condiciones laborales, conforme a los compromisos adquiridos por ambas partes en el pacto laboral de 2010 y en el protocolo de intenciones de 2011".
Fuentes de la entidad han dejado claro que la propuesta efectuada este jueves "es la inicial", de forma que "se ha abierto un período de negociación en el que se ha planteado una serie de puntos máximos que ahora se negociarán con los sindicatos".
Las fuentes de la entidad han precisado que esta negociación "deberá estar cerrada antes del 31 de marzo" y han recodado que "ya en el mes de septiembre de 2011 ya se apuntó la posibilidad de una segunda reestructuración, y de que ésta sería negociada".
El plan de reestructuración contiene una serie de medidas de carácter "coyuntural" para "dar respuesta a la necesidad de liberar recursos económicos hasta que se devuelvan las ayudas públicas", y otras con un carácter "permanente o estructural", pues "con ellas alcanzaremos los datos de eficiencia y eficacia necesarios para operar en el mercado e igualdad de condiciones que el resto de entidades bancarias".
Entre las medidas coyunturales, BMN plantea la suspensión durante dos años, entre mayo de 2012 y abril de 2014, de forma rotativa de los contratos de trabajo a 800 empleados durante tres meses; propone un programa de novaciones contractuales para que "los empleados que lo soliciten puedan reducir su jornada laboral de forma permanente o temporal".
Además, en ese apartado se propone una reducción salarial durante dos años que alcance el 5% de la masa salarial total, que afectaría a todos los empleados de BMN, aunque la dirección destaca que "el esfuerzo debería recaer en mayor medida en los salarios más altos, mediante un sistema proporcional inverso y coherente".
En cuanto a las medidas estructurales, BMN plantea a los sindicatos la extinción de 650 contratos antes del 31 de diciembre de 2012, mediante 120 plazas que aún quedan del ERE en vigor, un programa de bajas incentivadas, que estaría vigente en abril y mayo de 2012, con indemnizaciones de 33 días de salario por año de servicio, con un límite de 18 mensualidades al personal de los servicios centrales de los diferentes territorios y de 28 días por año con un límite de 18 mensualidades al personal de red.
Entre las citadas medidas estructurales también prevé el cierre de 120 oficinas, adicionales a las 280 ya realizados o en trámite de cierre, lo que supone un cese de actividad total en 400 oficinas sobre la red existente en el momento de integración.
Asimismo, con la doble finalidad de "ajustar los costes al nuevo entorno y trazar las líneas maestras de la necesidad de homologación salarial", BMN propone que los salarios del personal de BMN "tiendan a converger a la realidad vigente en el mercado de trabajo bancario español" y propone que los niveles salariales del convenio colectivo "operen exclusivamente como estructura básica", estableciendo horquillas para cada uno de los puestos, basadas en informes de consultores independientes de prestigio.
BMN propone que la jornada laboral "pueda distribuirse irregularmente con la finalidad de atender los requerimientos de nuestros clientes" y propone una jornada partida y flexibilidad horaria en servicios centrales y una distribución irregular de hasta el 20% de la jornada máxima anual de las oficinas.
La entidad también propone la elaboración de un plan de pensiones de empleados de BMN, de aportación indefinida, consistente en un 4% del salario base, pagas extra estatutarias y antigüedad o la cantidad de convenio colectivo, la mayor de las dos, que debe entrar en vigor el 1 de octubre de 2012.
BMN además propone la "derogación inmediata" de todos los pactos referentes a préstamos, con aplicación automática de lo previsto en el convenio colectivo, la derogación de los seguros médicos vigentes, con fecha 30 de junio de 2012 y la derogación de todos los pactos vigentes en materia de vacaciones.
Por su parte, el conjunto de los sindicatos presentes en BMN ha rechazado el conjunto de las medidas y ha anunciado la convocatoria de asambleas y de movilizaciones, al considerar el ERE planteado "inaceptable y que atenta directamente contra todos los trabajadores de BMN", además de rechazar la adaptación al convenio colectivo para la plantilla que "quede después de la brutal y desproporcionada extinción de contratos propuesta".
En un comunicado conjunto, las centrales consideran que la dirección "intenta aprovecharse de la reforma laboral aprobada por el Gobierno para aplicarla de la manera más restrictiva posible y sin querer asumir los compromisos en materia de empleo que tanto en el reciente convenio colectivo como los acuerdos vigentes en BMN plantean".
La totalidad de la representación laboral considera que la propuesta "responde con medidas irreversibles, despidos y derogación de todas las condiciones sociales, a necesidades de saneamiento y capitalización oportunistas de los 'mercados'; carga y pone el peso de la reestructuración principalmente en un ajuste de empleo, abaratando las condiciones de salida hasta límites inaceptables".
Además critican que "se pretende poner el marco de negociación, como consecuencia de una interpretación radical de la reciente reforma laboral, en un nivel de salida que radicaliza necesariamente las respuestas de la parte social".
Los sindicatos, que no aceptan "ni una medida traumática", exigen "la vuelta a un clima y un marco de negociación donde las propuestas y las soluciones se caractericen por la prudencia y la racionalidad que la situación requiere".
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