
Los socialistas afirmaron en un comunicado que «no puede derivársele responsabilidad por algo que no ha autorizado», en respuesta al auto del juez Miñarro García en el que se apuntaba que -en el caso de un «perjuicio masivo»-, el Consistorio campero podría estar obligado a respaldar con su patrimonio la acción civil de los propietarios de las 2.575 viviendas del resort.
El equipo de gobierno que lidera el alcalde, Miguel Navarro, afirma además que no es el Ayuntamiento, «sino la Comunidad Autónoma, quien ostenta la competencia para la aprobación definitiva que permita que los terrenos puedan ser calificados como urbanizables».
El comunicado añade que al Consistorio «sólo le corresponde realizar la propuesta a la Comunidad para que dicha aprobación tenga lugar».
Esa propuesta es la que debería haber tenido lugar en el fallido Pleno extraordinario convocado el pasado viernes, que no se celebró al tumbar el PP su declaración de urgencia.
Los socialistas afirman que el Ayuntamiento «no ha otorgado ninguna licencia para la construcción de viviendas» por parte de Trampolín Hills, aunque añade a renglón seguido que «no puede intervenir en el mercado de compra y venta de inmuebles por lo que no puede impedir las compraventas realizadas».
Por último, señala que a los potenciales compradores que requirieron cédula de la clasificación del suelo del convenio con Trampolín Hills se les informó de que el suelo era «no urbanizable», pese a que muchos afectados se dirigieron a La Verdad afirmando que fuentes municipales les habían dado «garantías» de la legalidad del proyecto.
El consejero Ballesta se desentiende del conflicto
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad, José Ballesta, dijo ayer tener un «absoluto respeto a las decisiones judiciales» a preguntas sobre el auto judicial -revelado por La Verdad el viernes pasado- que consideraba que la paralización de la urbanización de Trampolín Hills en Campos del Río podría ocasionar un «perjuicio masivo a particulares».
Respecto a la posibilidad de que el más de un millar de compradores acuda a los tribunales exigiendo indemnizaciones a las administraciones públicas que avalaron el plan, el consejero afirmó que «será en sede judicial donde se tendrá que resolver» el conflicto «si ha habido compradores a los que se ha satisfecho».
Ballesta no quiso entrar a evaluar la posibilidad de que el proyecto no salga finalmente adelante dado que «jurídicamente», el asunto «se encuentra en el ámbito municipal», después de que su Consejería lo remitiese al Consistorio campero.
3 comentarios:
No sé mucho de leyes, pero a menos que consigan demostrar que el ayto les aseguró 'por lo más sagrao' que aquello iba a ser urbanizable (y tengan documentos / grabaciones) están con el culo al aire. Además, vamos, seamos lógicos, quién se compra una casa, no ya sobre plano, sino sobre algo que ni siquiera se ha empezado a urbanizar ni se ha cambiado el tipo de régimen del suelo? Es el ayuntamiento el que les dió tal seguridad a los compradores o la empresa constructora?
Tramposin Golfos resort. Sin documentación oficial municipal, la comunidad se lava las manos una vez más cuando debería haber mandado el tema al juzgado y demoler tal disparate por ser construcciones ilegales sin autorización. En derecho aplicado a municipios, o esto se ha aprobado en pleno y con luz y taquígrafos, o no vale de nada. Y nada de esto existe. Lo que no sé es que pinta el juez opinando sobre un acto jurídico inexistente. Lógicamente, sus superiores deberían llamarlo a maitines y leerle la cartilla. E investigarle por si alguien le ha llenado la cartera, porque huele el asunto a prevaricación judicial.
Y ahora qué se hace con todo ello? ¿nada?
Publicar un comentario