También podría haber titulado este artículo “La rebelión de los
pensionistas (III)”, porque va a ser seguramente el asunto de las
pensiones el que acabe dando la puntilla al presidente del Gobierno.
Rajoy ha sido un superviviente.
Con su carácter gallego y con cierta
dosis de sentido común ha resistido todos los envites, que no han sido
pocos. Su principal error, sin embargo, ha sido el de los nombramientos
de sus ministros; entre los que sobresale el de la ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez quien, como se han encargado de vocear en
Internet, no ha tenido ningún empleo ni público ni privado, solo
político, y nunca ha cotizado a la Seguridad Social.
Y aunque en su
currículum aparece como economista y licenciada en Derecho, me temo que
lo que posee es uno de esos títulos híbridos que dan algunos centros
universitarios de la iglesia, que pretenden abarcar todo, pero cuyos
alumnos terminan no siendo ni juristas ni economistas.
Lo cierto es que Fátima Báñez ha empujado al Gobierno de Rajoy a
aprobar dos de las leyes más nocivas desde el punto de vista social: la
de la reforma laboral y la de las pensiones. La primera hizo perder al
PP casi la mitad de los diputados en las pasadas elecciones, y la de las
pensiones y el empecinamiento actual a no corregirla les puede conducir
a perder parte del resto. No sé si Rajoy se ha dado cuenta de que entre
los actuales pensionistas y los que están a punto de jubilarse se
encuentra una buena parte de sus votantes.
Pocas veces se ha podido ver tan indignados a los pensionistas. Lo
que no tiene nada de extraño, porque es ahora cuando comienzan a
manifestarse los efectos perversos de la reforma. En los años
anteriores, en plena crisis, la inflación era negativa o cercana a cero
con lo que la actualización o no de las pensiones apenas tenía
importancia. Es en este año, cuando el incremento de los precios ha
comenzado a tener cierta relevancia y además se acerca ya 2019, momento
en el que entrará en vigor el factor de sostenibilidad que deprimirá aun
más las prestaciones futuras.
Rajoy recurre una vez más a Europa y a poner como pantalla la
necesidad que hubo de eludir el rescate. No caben demasiadas dudas de
que Bruselas y más bien Frankfurt estuvieron detrás de la aprobación de
ambas leyes. Es más, en cierto modo estas exigencias estaban ya
implícitas en la carta que Trichet y Fernández Ordóñez enviaron a
Zapatero en 2011. Sin embargo, no está nada claro que, de no haber
aprobado la ley de pensiones, se hubiera tenido que instrumentar el
rescate. Entre otras cosas, porque las fechas no cuadran.
No se le puede negar a Rajoy el mérito de no haber sucumbido a las
presiones de los poderes económicos y mediáticos que pretendían,
asustados por los elevados tipos de interés que dañaban fuertemente sus
intereses, que se pidiese el rescate. De ello no se deduce, sin embargo,
que la negociación con Europa fuese la epopeya que intenta vendernos de
Guindos en su libro “España amenazada”.
Rescatar a España no era lo
mismo que rescatar a Grecia o a Portugal, y la situación y dimensión
económica de estos países no son iguales que las del nuestro. Merkel
tampoco quería, por razones de su política interior, que Rajoy
solicitase el rescate; y, sobre todo, las dificultades que sufría España
eran similares a las de Italia, país gobernado en ese momento por
Monti, impuesto por Berlín y Bruselas; y además Draghi era italiano.
Todo ello coadyuvó a que no fuese necesario pedir el rescate. En la
solución tuvo mucho que ver el ortodoxo Monti que, contra todo
pronóstico, en la Cumbre de junio de 2012 se rebeló y amenazó con vetar
el comunicado final si no se aprobaba que fuese la Unión Europea (MEDE)
la que asumiese el saneamiento de los bancos en crisis.
A esta
pretensión se sumó inmediatamente Rajoy, inmerso en la crisis de la
banca española, y un poco más tarde, aunque quizás con menos decisión,
Hollande. Merkel no tuvo más remedio que aceptar la idea, pero echó
balones fuera, condicionándola a que antes se adoptasen las medidas
necesarias para que las instituciones de la Unión asumiesen la
supervisión y la potestad de liquidación y resolución de las entidades.
Aun cuando esa cumbre no sirvió para que el MEDE absorbiese el coste
de las crisis bancarias de España e Irlanda, sí fue el precedente de que
tan solo un mes después Mario Draghi pronunciase la famosa frase “El
BCE hará todo lo necesario para sostener el euro. Y, créanme, eso será
suficiente”, que sirvió para despejar los negros nubarrones que se
cernían sobre el euro y sobre las deudas italiana y española.
En todo
caso, lo que parece evidente es que la ley de pensiones que se aprobó
más tarde (2013) no ha tenido nada que ver en la superación de la
crisis, ni con la corrección del déficit ni con la recuperación
económica. Curiosamente hasta este momento ha sido totalmente
inoperante, y es precisamente ahora cuando la economía lleva varios años
de crecimiento, cuando comienza a surtir sus efectos.
Es por esto por lo que se entiende muy mal la cerrazón de Rajoy de no
actualizar las pensiones, siquiera de acuerdo con la inflación. Ya no
hay presión de la Unión Europea, al menos no tiene la misma fuerza. La
política de austeridad pierde puntos y se pone en cuestión. ¿Cómo se
puede afirmar que la crisis ha pasado y que la economía va viento en
popa y al mismo tiempo defender que hay que recortar la renta a una
parte importante de la población, tan vulnerable como la de los
pensionistas?
Además, son en buena medida el huerto electoral del
Partido Popular. Hay que remarcar el hecho de que la cuestión no radica
en subir o no subir las pensiones, sino de si se reducen, pues esa es la
consecuencia al no regularizarlas por la inflación.
España es de las pocas economías en las que no se actualizan (porque
el índice de revalorización de la ley es realmente una broma macabra).
Alguien le ha soplado a Rajoy que solo dos países lo hacen con el IPC,
lo cual puede ser cierto tan solo a medias porque los otros o bien lo
hacen con la evolución de la economía (PIB nominal) o con los salarios, y
ambas variables llevan ya un componente de precios.
En estos casos la
actualización no se limita a mantener el valor adquisitivo de las
pensiones, eso se da por descontado, sino que se intenta que además
participen de alguna forma de la bonanza de la economía cuando esta se
produce. Supongo que los jubilados españoles estarían encantados de que
sus prestaciones se regularizasen de acuerdo con la evolución nominal de
la economía, o de los salarios. Saldrían sin duda ganando, solo hay que
constatar que la prestación media de los pensionistas que salen del
sistema es bastante inferior a la de los que entran.
Tanto Ciudadanos como el PP y el Gobierno pretenden engañar a los
jubilados limitando la posible mejora a las pensiones mínimas y a las de
viudedad. Deberían tener en cuenta que en materia de pensiones ninguna
prestación es alta. La pensión máxima lleva bloqueada desde hace treinta
años, de manera que son muchos los jubilados que están cobrando una
prestación menor de la que les correspondería de acuerdo con su
cotización. Los gobiernos son proclives a realizar una única política
redistributiva, la que transfiere fondos de los pobres a los muy pobres.
Entre los pensionistas hay muy pocos ricos; economías sencillas, como
mucho, clase media, pero clase media de verdad y no la que pinta Albert
Rivera en sus peticiones de bonificaciones y subvenciones. Los niveles
medios y altos de las pensiones hacen referencia en su mayor parte a
trabajadores muy normales, incluso modestos, que simplemente han
cotizado a lo largo de toda su vida profesional. Tratarles como ricos y
manifestar que solo se van a subir -mejor dicho, que no se van a bajar-
las pensiones mínimas no tiene sentido.
En cuanto a las pensiones de viudedad, hay cosas difícilmente
explicables. La Biblia establece como una de las principales
obligaciones religiosas la de socorrer a los huérfanos y a las viudas,
hasta el extremo de instituir la ley del levirato, exigencia de casarse
con la viuda del hermano difunto. Esa condición de debilidad social de
las viudas se ha perpetuado a lo largo del tiempo y ha llegado a nuestra
sociedad capitalista desde el momento en que era el marido el que
trabajaba fuera de casa y el que proporcionaba los recursos económicos.
Su defunción era un drama para la familia.
Pero esta situación hace
tiempo que está cambiando. La incorporación de la mujer al mercado
laboral hace que, en primer lugar, tengamos que hablar también del viudo
y, en segundo lugar, que las circunstancias económicas se hayan
modificado. Sin embargo, se produce la inconsistencia de que la pensión
de viudedad es compatible con todas las rentas del trabajo (cosa que no
ocurre en otros países como Francia, Italia o Alemania), pero
incompatible con la propia jubilación. En cualquier caso, en las
circunstancias actuales no se puede decir que todas las pensiones de
viudedad sean las más necesitadas de subida.
Ciudadanos, el PP y el Gobierno quieren engañar también al personal
estableciendo la posible mejora mediante una reducción en el IRPF. Es
curiosa la buena prensa que en ciertos ambientes tiene la rebaja de
impuestos y la repulsa que suscita el incremento del gasto, cuando en
principio tendrían que tener el mismo efecto macroeconómico.
Los
resultados distributivos, sin embargo, casi siempre son distintos. Las
minoraciones impositivas son mucho menos transparentes y, como van
unidas a otras muchas variables, nunca se sabe a quién benefician y
sobre todo en qué medida. Eso es lo que ocurre con la oferta que Rivera
va pregonando para ocultar su falta de propuestas para los pensionistas.
La subida del límite exento de 12.000 a 14.000 euros no implica que
beneficie precisamente a los perceptores de estas rentas, que podrían
estar ya exentos, beneficia a todos los contribuyentes y en mayor medida
a aquellos que tengan un tipo marginal más alto, es decir, a los de
rentas superiores. Hay que esperar que ni los pensionistas ni las clases
bajas se dejen engañar. Cuando oigan hablar de reducciones de
gravámenes en impuestos progresivos como los del IRPF, deberían echarse a
temblar porque seguro que por uno u otro motivo terminan resultando
perjudicados.
Tampoco parece que ni el PSOE ni Podemos se aclaren mucho en esta
materia. Su actuación, demasiado sesgada por sus intereses electorales,
no termina de abandonar el reducido círculo de las cotizaciones, del
fondo de reserva y de considerar a las pensiones como un problema
diferente al del resto de las prestaciones y servicios del Estado de
bienestar.
Sobre todo, son incapaces de hablar claro a los ciudadanos y
de decirles abiertamente que todo ello solo es posible manteniendo un
sistema fiscal potente, estructurado y progresivo, que hay que subir los
impuestos, y que lo que pone en peligro las pensiones y el resto de
logros del Estado social, han sido las rebajas fiscales que de forma un
tanto demagógica tanto el PSOE como el PP han venido practicando desde
mediados de los ochenta.
Proponer impuestos a la banca está muy bien y tiene muy buena prensa,
pero que nadie crea que con ello está resuelto el problema. Detrás de
los bancos casi nunca se sabe quién hay o, lo que es peor, está el
Estado que termina haciéndose cargo de las insolvencias. Lo importante
es gravar a los banqueros, a los accionistas y a los ejecutivos, pero no
solo de la banca, sino de otras muchas empresas.
En general, restituir
la imposición de las rentas de capital a las que casi se ha eximido de
tributar y reformar globalmente todos los impuestos directos (IRPF,
Sociedades, Sucesiones y Patrimonio) para que recuperen la virtualidad
de la que se les ha privado a lo largo de las tres últimas décadas. El
mensaje de que hay que subir los impuestos no es fácil para una
formación política, pero, si de verdad quieren ser creíbles, no tendrán
más remedio que afrontarlo. Todo lo demás es demagogia y pretender
engañar al personal, y al personal no se le engaña tan fácilmente.
Rajoy, por su parte, haría mal en minusvalorar el problema. Sus votos
salen principalmente del grupo de los jubilados, colectivo que está
realmente indignado. Han tomado conciencia de que pertenecen a las
generaciones que han levantado el país en las últimas décadas, que
incluso han mantenido en buena parte la economía en la reciente crisis y
ven cómo ahora se les quiere condenar a morir en la indigencia.
Presiento que no van a consentirlo y que pueden llevarse a Rajoy y al PP
por delante.
(*) Interventor y Auditor del Estado. Inspector del Banco de España
