Puigdemont y el maletero de Zoido / Joan Tapia *

Si el sistema político-judicial-mediático de Madrid tuviera un intelectual orgánico, hoy estaría pasmado. ¿Cómo puede ser que el viaje de dos días de Carles Puigdemont a Copenhague haya generado más interés y expectación que el que habría tenido un viaje oficial de Mariano Rajoy —o Zapatero— a cualquier capital europea? 

No exagero, el domingo por la noche me sorprendió que el telediario abriera con el entonces solo posible viaje del político catalán. Ayer al mediodía —no he visto otros—, con la reunión de Puigdemont en el Parlamento danés. Las ediciones digitales de varios diarios dicen que solo se reunió con siete diputados (sobre 179) y que no había ninguno de los tres partidos del Gobierno ni de la oposición socialdemócrata, pero dan gran relieve a la noticia. Como si hubiera hablado ante el pleno de la Cámara.

Y no es solo cosa de de 'la prensa'. El editorial de 'El País' de ayer asegura que “una de las regiones más ricas de Europa [Cataluña] es un mero rehén de un iluminado sin proyecto político con gran dominio de la escena mediática”. 

Lo del dominio de la escena mediática —y no mediática— es indiscutible, porque solo el anuncio del viaje —y las 'inocentes' advertencias públicas de su abogado barcelonés de que podía ser detenido— logró que nada menos que la Fiscalía del Estado lanzara una nota de prensa afirmando que pediría al magistrado del Supremo que instruye el caso, Pablo Llarena, la orden de detención en Dinamarca. ¿Es lógico que cuando a la Fiscalía le interesa una detención relevante lo anuncie en nota de prensa? ¿Pretendía comunicar a la opinión pública que es diligente contra el independentismo? ¿Es lo conveniente?

Pero la sorpresa fue mayor cuando el lunes el juez Llarena desestimó la petición y justificó su decisión afirmando, entre otras cosas, que el viaje de Puigdemont a Dinamarca era una provocación que buscaba que fuera detenido y poder así ser investido porque no podría acudir al Parlamento catalán y se acogería a la protección de los derechos políticos que el magistrado del Supremo ha dispensado ya a los tres diputados presos: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn.

Quizá lo más lógico en un asunto de Estado, de esos que aconsejan discreción (aunque en España se cree que deben ventilarse en la plaza pública), hubiera sido que la Fiscalía y el magistrado se hubieran consultado y —sin notas de prensa, ni peticiones fiscales ni autos— hubieran hecho lo más conveniente.

Pero tampoco es cosa de los jueces. El portavoz del partido del Gobierno en el Congreso, el siempre pintoresco Rafael Hernando, calificó ayer a Puigdemont de “botarate de reconocido prestigio internacional”. Y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que se caracterizó por su eficacia al encontrar las 6.000 urnas del referéndum del 1 de octubre y actuar con gran pericia aquella jornada, manifestó ayer que los ciudadanos no se tenían que preocupar de que Puigdemont pudiera presentarse por sorpresa en el Parlamento catalán para ser investido porque las fuerzas policiales vigilaban las fronteras día y noche y si era necesario registrarían hasta los maleteros de los coches.

La conclusión del viaje de Puigdemont a Dinamarca, que ha sido un éxito propagandístico pese a que sus tesis hayan sido refutadas en la universidad, es que el sistema político-jurídico-mediático no acaba de comprender la seriedad del conflicto catalán y que, pese a la derrota de la tentativa unilateral, la vida política española está quedando paralizada por sus efectos.

La noticia fue que C's había sido el primer partido en Cataluña. Es importante porque indica el grave error del maximalismo independentista, que ha generado sus anticuerpos. Pero lo más relevante es que, pese a sus múltiples errores, que llevaron a la declaración unilateral del 27-O, el independentismo aguantó su voto (bajó solo del 47,7% al 47,5%), pese a la mayor participación, y revalidó su mayoría absoluta, al obtener 70 diputados.

El panorama es muy espeso. El 47,5% no puede imponer su voluntad. Ni en Cataluña ni en España. Creo que ahora muchos separatistas ya lo saben. O lo han aprendido. Pero que el 47,5% siga queriéndose ir de España pese a todo lo sucedido exigiría una respuesta inteligente. No expresiones de disgusto y consignas tipo 'santo y seña'. 

¿Es la Cataluña de hoy rehén de un iluminado? La realidad es que el secesionismo tiene mayoría absoluta y en democracia eso tiene consecuencias a la hora de formar Gobierno, que Puigdemont encabezó la lista independentista más votada, que su lógica ambición le lleva a querer volver a ser 'president', y que se entiende que los otros grupos independentistas sean remisos a oponerse frontalmente porque Puigdemont encarna la figura del presidente destituido. No solo para el 21,6% que votó a la lista de Junts per Catalunya sino para el 47,5% de secesionistas.

Pero no puede ser investido porque la huida a Bruselas —que vital y electoralmente le ha sido más rentable que a Oriol Junqueras acudir a la Audiencia Nacional— le ha convertido en un fugitivo de la Justicia. Los sectores más realistas del secesionismo —y creo que Roger Torrent, el nuevo presidente del Parlament es uno de ellos— son conscientes. Saben que investirlo solo llevaría a perpetuar la confrontación y que eso no interesa a nadie. Y el diputado Tardà se lo dijo el domingo con claridad meridiana a Ana Pastor. ¿Son “rehenes”, como dice 'El País'? En parte, pero el resultado electoral es el resultado electoral.

La salida más sensata, mejor, el intento de salida más racional —partiendo de que las conversiones ideológicas no se van a producir, al menos a corto— sería que el secesionismo en evolución hacia el realismo —fuerte en ERC y en el PDeCAT— se acabara imponiendo a la tentación de no bajar del monte, la carta a la que apuestan hoy Puigdemont, una quincena de diputados de Junts per Catalunya y la CUP. La batalla —quizás hasta lograr el pacto— entre estos dos sectores —que Andreu Claret y Enric Juliana han calificado como de 'florentinos' contra 'trabucaires'— será dura. Y la visita hoy de Torrent a Puigdemont en Bruselas es una etapa relevante. El jueves en la reunión de la Mesa del Parlamento veremos cómo se decanta.

La normalización política de Cataluña y de España exigiría que el sistema político-jurídico-mediático español entendiera mejor el mapa moral y electoral de Cataluña, que no es cosa de indios y 'cowboys'. Y que el secesionismo sacara todas las conclusiones de su fracaso y no tuviera miedo al siempre positivo revisionismo.

El 'establishment' de Madrid debe entender que la batalla se juega en Cataluña y que la proclamación continua y con el máximo ruido de la satanización de Puigdemont puede que solo consiga fortificarlo ante el 47,5% y blindarlo ante los otros políticos del secesionismo. Y Puigdemont no es un solo un 'iluminado' (un pecado extendido en muchos políticos) sino un independentista radical, que cometió un grave error al querer romper el Estado de derecho pero que —guste o no— ha sabido sobrevivir (al menos hasta hoy) en base a la habilidad para improvisar, unas dosis de saltimbanqui, como dijo ayer Rubalcaba, y 'last but not the least' la mitología del catalanismo perdedor pero rebelde (1714, Macià, Companys, Tarradellas durante el franquismo).

Puigdemont es un independentista radical y un algo asilvestrado. Y en circunstancias muy anormales, quizás eso explique parte de su éxito electoral como reacción a la derrota. Quizá sea un iluminado, pero también es agudo y dice cosas que tienen su interés. Como ayer, cuando refiriéndose a las afirmaciones del magistrado Llarena, de que no cursó la orden de detención internacional porque era, supuestamente, lo que él estaba pretendiendo al viajar a Dinamarca, dijo: “Me parece delirante que un juez diga que no va a detener a un peligroso criminal porque este quiere ser detenido”.

Si sustituimos la palabra delirante por la de sorprendente, hay que darle la razón.

 (*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://blogs.elconfidencial.com/espana/confidencias-catalanas/2018-01-24/puigdemont-y-el-maletero-de-zoido_1510573/

Estado de sitio / Ramón Cotarelo *

Los periodistas, benditos/as sean, a veces le echan sal a la vida. Este de Pressdigital dice que el ministerio del Interior sigue de cerca a Puigdemont. Más o menos como siguió de cerca las 6.000 urnas del referéndum del 1º de octubre sin encontrar ni una. Un sabueso este ministerio. 

 

Por ello, para mostrar cuán de cerca se sigue al prófugo, se blindan todas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas. Son los preparativos para un asedio y asalto de algún poderoso enemigo que nadie sabe por dónde puede atacar. El Estado se blinda frente al prófugo. 

Después de la inauguración del AVE detenido  20' en un trayecto de 2h 25' esto otro roza lo sublime. Sobre todo cuando Zoido se apresta a fiscalizar los maleteros de los coches. 

Lo vistoso del zafarrancho oculta un punto crucial: ¿qué se pretende con ese despliegue? Pueden ser dos cosas:

 a) impedir que Puigdemont pise territorio español, rechazarlo en la frontera. Pero eso es imposible. El Estado no puede impedir la libertad de circulación de sus ciudadanos y mucho menos por decisión de un ministro que, además, está obligado a cumplir una orden judicial de detención contra Puigdemont. Si Zoido rechaza al presidente en la frontera, más le vale irse con él.

b) detener a Puigdemont apenas se lo aviste en carne mortal. Pero, para eso no es preciso blindar todas las fronteras ni fisgar en los maleteros de los coches, aunque ya se sabe que la medida costará otra pasta, cosa que le otorga mucho atractivo a los ojos de este ministro otrora rumboso alcalde. Bastaría con enviar una pareja de agentes de la autoridad al Parlament, al que, sin duda alguna, dirigiría sus pasos el presidente. 

El Parlament ha propuesto a Puigdemont para la investidura. Es el gobierno central quien debe aceptar la decisión y garantizar que dicha investidura se produzca y sea presencial. Si, contra derecho y razón, se obstina en prohibirla, la investidura se hará por vía telemática. Y la cuestión será hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para impedirlo.

 

Jueces políticos

 

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Acostumbran a decir los juristas que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Y es patente. En especial cuando la justicia salta por la ventana para mezclarse directamente en la brega política, faltando así a su cometido. 

 

El nuevo episodio Pimpinela de Copenhague ha sido otro golpe devastador para el prestigio del Poder Judicial por tierras del infiel. Las explicaciones del juez Llarena sobre su pasividad o contraactivismo judicial han levantado una polifonía de voces de expertos en el país, horrorizadas de que el más alto tribunal actúe como brazo del príncipe.

En fin, de eso va el articulejo cuya versión castellana sigue:

La justicia política no es justicia.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos aspiraba a una plaza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y este órgano ha calificado su aspiración con un cero. Si el humillante suspenso se debe a que ignora el inglés y el francés, las dos lenguas oficiales en la UE o a otras carencias es indiferente. 

 

Ese suspenso es como la navaja de Occam y demuestra que en el extranjero no sirve el enchufismo, el caciquismo y la fidelidad canina al tirano de turno para conseguir nombramientos como en España. Hay que demostrar capacidad en competencia limpia con otros aspirantes. No basta con ser amigo de Rajoy, militante del PP y estar dispuesto a lo que sea para servir al amo.

¿Qué interés tiene el gobierno en que Pérez de los Cobos ocupe un puesto para el que no vale? El de seguir contando con un juez obediente y de partido en un órgano en el que probablemente hayan de verse en apelación las decisiones que los tribunales españoles tomen en la causa general contra el independentismo montada por orden de ese mismo gobierno. 

 

Es el estilo de esta derecha franquista: utilizar a los jueces para su política partidista como antes empleaba a los militares. De ahí que manipule sistemáticamente el poder judicial, que proponga jueces de su partido y trate colocarlos siempre en sitios clave para que favorezcan su política partidista, incluso la supuestamente delictiva.

Pérez de los Cobos ya había aspirado el año pasado a esta plaza con el apoyo firme del gobierno, pero el Supremo anuló la propuesta porque llevaba una trampa (un ilegal límite de edad) que favorecía a su candidato y perjudicaba a los otros. Esto no hubiera sido óbice para que de los Cobos se calzara el nombramiento. El hombre está acostumbrado a hacer trampas y mentir para alcanzar sus objetivos. Cuando su nombramiento al Constitucional pasó por el Congreso, “olvidó” declarar que había sido militante del PP. Es decir, omitió la verdad con intención engañosa. O sea, mintió.

Así llegó a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) para garantía de que este Tribunal haría lo que quisiera el gobierno. Durante todo su mandato. Solo en su discurso de despedida se atrevió a decir este juez pepero que el TC había aceptado los criterios del gobierno como propios y tratado asuntos políticos que no le competían. 

 

Es decir, venía a reconocer que podía haber prevaricado al servicio del poder político. De ahí que, muy contento con la manifiesta catalanofobia de este juez de familia y educación franquistas (su padre fue militante de Fuerza Nueva), el gobierno volviera a apoyarlo para TEDH con el merecido resultado que ha conseguido.

Dictadura y prevaricación como forma de gobierno en España. La coyunda entre los gobernantes y el TC se repite ahora con el Tribunal Supremo porque en la lucha contra el independentismo catalán vale todo, incluso la conversión del seudoestado de derecho en una dictadura real.

No pudiendo aplastar el independentismo catalán por medios militares como les pide el cuerpo a los franquistas del gobierno, este ha movido a sus jueces para abrir una causa general contra el movimiento catalán, resucitar los “delitos de opinión”, restablecer el espíritu inquisitorial y perseguir a las personas no por posibles delitos sino por sus opiniones políticas. 

 

Los dos Jordis, Junqueras y Forn están en la cárcel por sus ideas y creencias de forma que, si se retractaran, el gran inquisidor, Llarena, los pondría en libertad en un acto que, no por beneficioso para los injustamente tratados, resulta menos injusto por tratarse de la pura arbitrariedad personal del juez, que sigue las órdenes del comportamiento dictatorial del gobierno a cuyo servicio está.

El juez del Supremo, Llarena, rechaza la petición fiscal de una orden de detención contra Puigdemont en Copenhague argumentando que no puede dictarla porque eso iría en beneficio del acusado que, según él fabula, quiere que lo detengan en Dinamarca para ser investido presidente por voto delegado cuando la investidura es ilegal.

Pero estos no son razonamientos de un juez, sino de un gobernante. Un juez tiene que aplicar la ley y no hacerlo o no según conveniencias políticas que no son asunto suyo. Por eso Llarena no actúa propiamente como juez (a pesar de las ineptas logomaquias de sus autos) sino como auxiliar a las órdenes políticas del gobierno. 

 

Es este el que no quiere investido a Puigdemont, legítimo presidente de la Generalitat. El juez lo que hace es cumplir las órdenes del gobierno o quizá orientarlo en su política de imposición nacionalcatólica española pero en ningún caso administrar justicia.

Porque la justicia de Peralvillo, propia de España (primero se ejecuta al reo y luego se le instruye la causa) jamás podrá ser justicia. Este es el momento en que los dos Jordis, Junqueras y Forn siguen en la cárcel por voluntad del gobierno y complacencia de los jueces que, como en Peralvillo, llevan unos meses inventándose los delitos para acabar haciendo un remedo de causa judicial antiindependentista.

Y esa es la intención con el legítimo presidente de la Generalitat: perseguirlo, detenerlo, esposarlo, humillarlo y exhibirlo en público, como un trofeo tan anticatalán como los cuatro millones de firmas “contra Catalunya” que Rajoy y los suyos consiguieron en contra del Estatuto de 2006 y con el que abrieron el camino a la independencia catalana.

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

 

La prisión como arma política / José Antich *

Se cumplen este miércoles cien días del ingreso en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, dos entidades que han tenido un protagonismo especial, si se quiere, incluso decisivo, en el auge del movimiento independentista catalán. 

Los Jordis, como popularmente son conocidos desde hace tiempo, ingresaron en Soto del Real en prisión sin fianza el pasado 16 de octubre por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que inicialmente llevaba el caso, una situación de privación de libertad que ha mantenido el actual instructor de la causa, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. 

En este tiempo, Sánchez y Cuixart han presentado pruebas suficientes de su actitud en la concentración del pasado 20 de septiembre ante los registros de la Guardia Civil en la conselleria de Economia -los vídeos que así lo certifican son incontables- y por la que se les acusa de sedición.

Este martes mismo, la Fiscalía de TS ha pedido al juez que deniegue el próximo viernes la petición de libertad que había solicitado Jordi Sànchez "por riesgo de reiteración delictiva". 

La misma medida ha sido solicitada para Joaquim Forn, que también la había pedido, y que ha anunciado su voluntad de renunciar al acta de diputado obtenida el pasado 21 de diciembre en aras a facilitar su salida de la prisión de Estremera y la estrategia de su defensa. 

Así están las cosas para el bueno de Forn, un hombre recto y sin enemigos en el siempre enfangado mundo de la política. Un espacio público destinado al debate y al diálogo y que ha quedado en buena medida reducido a la represión y a la violencia.

Cuando pase el tiempo, cuesta pensar cómo será recordada esta etapa tan dolorosa para unos cuantos, en que la prisión no ha servido para la función que fue pensada, y que no es otra que la reeducación y la reinserción social. 

Demasiadas veces en estos cien días la percepción no ha sido esta sino una medida privativa de libertad con un fuerte componente político. ¿Con qué objetivo?: el escarmiento público y la expulsión de la vida política de una generación de líderes del independentismo. La razón de la fuerza frente a la fuerza de la razón. 

Nadie puede hacerse a la idea de lo que son cien días en prisión y de como pueden soportarlo personas que sin juicio alguno -y a juicio de muchos juristas, sin haber cometido delito alguno- han sido privados de libertad. Ellos, sus familias, sus amigos...

En una carta de Jordi Sànchez que he recibido estas últimas horas, el presidente de la ANC es consciente de la actitud implacable del Estado con los líderes independentistas y no se engaña respecto a un cambio que les permita salir de la prisión. 

Pero, al mismo tiempo, sabe leer perfectamente el estado actual del debate en la política catalana. La combinación de la resiliencia necesaria del independentismo con la política reparadora de los daños causados por el 155. 

Y, por en medio, la elección del president de la Generalitat por parte del Parlament de Catalunya. Madurez y gestión de los tiempos ante una etapa de (re)construcción. 

Sànchez encarna, como Cuixart, los políticos presos y el Govern en el exilio el rostro visible de una Catalunya que ha querido ser trinchada desde Madrid y que el 21-D los catalanes, con su voto, han repuesto en su sitio en contra de cualquier lógica que pueda ser entendida desde la capital española. 

De ahí, la irritación, la perplejidad y el desconcierto que, al final, solo sabe expresarse con descalificaciones e insultos. Demasiado poco para abordar el problema.

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-prision-como-arma-politica_232104_102.html

Revista de Prensa / Alfredo López-Luque *

Todos los me­dios de papel y di­gi­tales si­guen ab­du­cidos por la 'guerra de ner­vios', como ti­tula El Periódico a toda por­tada, a ocho días de la fecha lí­mite para la in­ves­ti­dura en Cataluña. El mismo diario afirma que 'Puigdemont juega al des­piste' con su beso a la ro­ji­gualda y con su afir­ma­ción de que tra­baja para re­gresar pero que quiere hacer 'sin ries­go,' aunque Zoido dice que no pa­sará ni en el ma­le­tero de un co­che. Confidencial Digital cuenta que hubo un plan para en­gañar a todos por medio de un doble del pró­fugo, quien cada causa más grima en el mundo con su circo am­bu­lante sin sa­berse del todo si quiere volver a ser de verdad pre­si­dent o si lo único que le preo­cupa es no ir a pri­sión. 

La vi­sita hoy a Bruselas de Roger Torrent (para rendir plei­te­sía, según los crí­ti­cos) acla­rará o no el guión, sobre el cual hay va­rias ver­sio­nes. El propio pre­si­dent del Parlament se jus­ti­fica en una en­tre­vista con Neus Tomàs en Eldiario, aunque no en el sen­tido de 'normalidad' que al­gunos es­pe­ra­ban: 'Tengo que ser fiel a lo que ha vo­tado la ciu­da­danía de Catalunya’. 

En Vozpopuli, José Alejandro Vara dice que 'Torrent ne­gocia con Puigdemont cómo burlar al TC en la in­ves­ti­du­ra', y Gabriel Sanz con­firma que 'El Gobierno asume que Puigdemont puede ser in­ves­ti­do', aunque avisa que no po­dría ejer­cer. La Vanguardia ti­tula a toda por­tada que 'El Gobierno se vuelca en evitar el re­greso de Puigdemont'. En La Razón, Toni Bolaño y j. Gallego avanzan lo que sería 'El plan de ERC: Pleno el 29 y Junqueras como can­di­dato B'. En El Confidencial Fernando Garea cuenta cómo el Estado 'teme no poder evitar la in­ves­ti­dura (y el em­brollo pos­te­rio­r)'. 

OTROS EJES DE ACTUALIDAD. El Tesoro arrasa con la co­lo­ca­ción de 10.000 mi­llones en bonos sin­di­cados que tu­vieron una so­bre­de­manda his­tó­rica de 43.000 mi­llo­nes, mien­tras la prima de riesgo cierra a 79 puntos bá­si­cos. • España no re­nueva el con­trato con las tres grandes agen­cias de rá­ting, aunque la in­ter­pre­ta­ción de al­gunos de rup­tura es ex­ce­siva, ya que señal de con­fianza en uno mismo al con­ti­nuar las ca­li­fi­ca­cio­nes. • Montoro pro­mete subidas sa­la­riales a los fun­cio­na­rios de hasta el 8% en tres años si se cumple el dé­fi­cit, pero los sin­di­catos no aceptan tan poco. • Hacienda pone en el punto de mira a Deliveroo, Amazon, el bit­coin, los free­lance, los pa­tri­mo­nios en el ex­te­rior y las ventas por Internet, según el Plan de Control Tributario para el año. • María Elósegui, ca­te­drá­tica de la Universidad de Zaragoza, se con­vierte en la pri­mera es­pañola miembro del Tribunal de Derechos Hmanos de EstrasBurgo. • Este miér­coles in­ter­viene el Rey Felipe VI en el Foro de Davos. 

OPINIONES. Editorial en El País: 'Separación de po­de­res: la jus­ticia hace su tra­bajo ante al in­tento se­ce­sio­nista de di­vidir y des­pres­ti­giar'. Francesc de Carreras en el mismo dia­rio: 'El es­tro­picio ca­ta­lán: Puigdemont no en­tiende qué es el de­re­cho'. Xavier Vidal-Folch en el mismo dia­rio: 'El juez con­cluye recto con ren­glones tor­ci­dos: los he­chos acae­cidos cons­ti­tuyen ma­teria jus­ti­cia­ble'. Teodoro León Gross en el mismo dia­rio: 'La guerra fría del san­chis­mo'. 

Editorial en ABC: ‘El ené­simo chan­taje de Puigdemont‘. Otro edi­to­rial. ‘Basta de ex­cusas con la elec­tri­ci­dad’. Editorial en El Mundo: ‘El PSOE sigue en su la­be­rin­to‘. Editorial en El Español: ‘La regla de tres que señala a Rajoy‘. Joan Tapia en El Confidencial: ‘Puigdemont y el ma­le­tero de Zoido’. Luis María Ansón en El Imparcial: ‘Bien por el juez Llarena’. Victoria Prego en El Independiente: 'El im­pe­cable e im­pa­gable auto del juez Llarena: su ar­gu­men­ta­ción es es­tric­ta­mente ju­rí­di­ca'. 

Editorial en La Vanguardia: ‘Nuevos me­dios contra el fraude fis­cal‘. Enric Juliana en el mismo dia­rio: 'Puigdemonio: el Gobierno de España tiene la ne­ce­sidad ob­je­tiva de le­vantar cuanto antes el ar­tículo 155 en Catalunya'. Antoni Puigverd en el mismo dia­rio: ‘’Road run­ner’: si el tras­fondo no fuera tan dra­má­tico, las aven­turas de Puigdemont por Europa me­re­ce­rían una ver­sión en có­mic’. 

Antón Costas en el mismo dia­rio: ‘Buscan po­der, no in­de­pen­den­cia'. Editorial en Cinco Días: ‘Hacienda debe ade­lan­tarse a los nuevos riesgos de de­frau­da­ción fis­cal‘. Editorial en Libertad Digital: ‘Los Mozos de Escuadra y la des­truc­ción de prue­bas‘. Carmelo Jordá en el mismo me­dio: 'A esta Barcelona ya no quieren via­jar: están ha­ciendo de la Ciudad Condal un au­tén­tico en­gen­dro'. Luis Aparicio en Invertia: ' In Spain we trust, pese a Puigdemont, la deuda, el dé­fi­cit, el pa­ro'. 

Editorial en El Periódico: ‘La so­lidez de Barcelona: la ciudad se man­tiene en una po­si­ción in­ter­na­cional pri­vi­le­giada a pesar de la crisis po­lí­tica y el zar­pazo te­rro­ris­ta‘. Andreu Claret en el mismo dia­rio: ‘Dinamarca des­nuda a Puigdemont: la so­ledad del in­de­pen­den­tismo ca­talán en Europa es tur­ba­do­ra’. Enric Hernàndez en el mismo dia­rio: ‘El cuento de nunca aca­bar: la so­te­rrada disputa entre JxCat y ERC por culpa de Puigdemont ame­naza con re­editar el bo­chorno par­la­men­tario de sep­tiembre y pro­rrogar sine die el 155’. 

José Antonio Zarzalejos en el mismo dia­rio: 'El PSOE fra­casa con la re­forma cons­ti­tu­cio­nal'. Editorial en OKdiario: ‘Puigdemont I de Babia‘. Otro edi­to­rial: ‘Iglesias, cada vez más Maduro’. Juan García en Economía Digital: 'Cataluña, una marca an­ti­pá­ti­ca'. Miquel Giménez en Vozpopuli: ‘El pre­si­dent del Parlament au­gura que llo­verán hos­tias’. 

(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/news_links/2547

Urralburu: "Roque Ortiz es la punta del iceberg"

MURCIA.- El secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha señalado que la dimisión del concejal del Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortíz, "no supone un gran cambio en el Consistorio, porque esto ya no es cuestión de personas concretas, es la forma de gobernar del partido de la mafia. Por eso, hay que continuar con la moción de censura para echar al PP de la alcaldía y poder limpiar así un Ayuntamiento en el que todo huele a podrido".

Óscar Urralburu ha afirmado que la dimisión de Ortiz no puede ser "excusa" para detener la moción de censura. Por ello, esperamos que esta iniciativa salga adelante "por responsabilidad con la ciudad de Murcia ya que la trama que se ha destapado no es sino la punta del iceberg. El PP ha usado el Consistorio murciano para conseguir votos, influencias y favores personales a cambio de contratos millonarios con la administración pública. Contratos a sus amiguetes que hemos pagado entre todos y todas".

El caso es "tan grave", ha dicho el secretario general de Podemos Región de Murcia, "que a nadie le cabe en la cabeza pensar que esto es un caso aislado. Es la forma sistemática de actuar del Partido Popular. Y Ballesta es tan consciente, como el propio Roque Ortiz o los concejales del PP. Todos tienen mucho que callar y por eso esta dimisión no puede acallar lo que es un secreto a voces. Roque Ortiz ya era un cadáver político, que además, ha destapado todos los fantasmas internos del PP. Pero mientras lo que se constata y continúa es el hecho de que el Ayuntamiento de Murcia es un nido de corrupción".

Por eso, ha incidido Urralburu, "ningún murciana o murciano puede entender que se permita seguir gobernando al PP. Qué más pruebas quiere Ciudadanos para comprobar que el Ayuntamiento está podrido. Esperamos que el PSOE sea valiente y no se queden quietos ante el cese de Ortiz. Ya lo hemos dicho y lo repetiremos las veces que haga falta. Tenemos proyecto, programa, estamos preparados con líneas de actuación concretas para que Murcia se una a las ciudades del cambio. Esperamos que estos partidos no vuelvan a defraudar a la ciudadanía".

La alcaldesa cartagenera asegura que habrá respuesta al recurso de los vecinos sobre el contrato del agua

CARTAGENA.- La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha recibido esta tarde a los representantes de la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (Asepucar), a los que ha explicado los motivos por los que no se puede anular la prórroga del contrato de la concesionaria del agua. 

La primera edil ha expuesto a los miembros de Asepucar que, según los informes jurídicos que obran en su poder, la prórroga no era nula pero sí anulable, aunque el plazo para hacerlo ha prescrito.

Castejón les ha explicado que, si finalmente hay una sentencia firme que vincule los hechos delictivos que se juzgan con la prórroga, en referencia al caso Pokemon que actualmente se tramita en Lugo, sí habrá motivos para declararla nula, algo que se hará de forma inmediata.

La alcaldesa ha ofrecido a los representantes de Asepucar su integración  en la comisión  de seguimiento del contrato del agua, y éstos han aceptado.

Con respecto al recurso presentado por un grupo de vecinos en 2004 contra la prórroga, no por Asepucar, la alcaldesa ha manifestado que nadie ha dado respuesta al mismo, ni el PP cuando gobernaba, ni el anterior alcalde de MC; José López, aunque el actual Gobierno sí le dará respuesta.

“Apenas llevamos seis meses en la Alcaldía y es increíble cómo se han reactivado los casos. De hecho, hasta el propio partido de MC, que no se respondió a sí mismo cuando ostentó la alcaldía, la Concejalía responsable del servicio de Contratación y la de Infraestructuras, ahora me exige lo que ellos no fueron capaces de hacer”, ha precisado Castejón.

La alcaldesa ha recordado que dispone de un informe jurídico que avala la imposibilidad de anular la prórroga y con otro de los servicios económicos del Ayuntamiento que indican que en el supuesto de hacerlo, costaría veinte millones de euros a las arcas municipales.

En este sentido, la alcaldesa ha explicado a los miembros de Asepucar que no será ella la irresponsable que condene al Ayuntamiento y a los vecinos de Cartagena a pagar veinte millones de euros a la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento.

Presión de MC y CTSSP

Esta mañana, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, y la portavoz del Grupo municipal Cartagena Sí Se Puede, Pilar Marcos, han certificado la moción conjunta para instar a que se resuelva expresamente sobre el recurso presentado por la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (Asepucar), en 2004, contra la ampliación del contrato del servicio municipal de aguas hasta 2042.
Los vecinos alegaron contra el acuerdo plenario de 2003, iniciativa del Gobierno del PP que, ahora, encuentra la complicidad del actual Ejecutivo del PSOE para evitar su resolución.
Con el texto, ambas formaciones pretenden paliar la arbitraria decisión adoptada por el gobierno socialista en la Comisión de Hacienda e Interior del 15 de enero, al suprimir del segundo punto del orden del día del Pleno extraordinario sobre la trama del agua la resolución expresa del recurso vecinal.
El fallo contó con el voto favorable de Ciudadanos y la abstención del PP, permitiendo que se eliminara la cuestión del Pleno extraordinario del pasado jueves y que los vecinos sigan sin conocer la respuesta a su recurso.
Entre los recurrentes se encuentran militantes y cargos del PSOE de Cartagena, como el actual concejal de Gobierno, Francisco Aznar, quien, paradójicamente, presidió la Comisión de Hacienda que evitó la resolución temprana de un recurso al que él mismo se adhirió.
Al finalizar la Comisión, la viceportavoz del Grupo municipal MC Cartagena, Isabel García denunció "las maniobras torticeras para que no se resuelva el concurso".
"Estamos convencidos que tienen la seguridad de que dicho recurso tiene que estimarse", añadió la edil. La concejal de MC aludió a su condición "de miembro de la Comisión de Hacienda y el Pleno al vulnerar nuestros derechos constitucionales a la participación en la vida pública", recordando, por último, "la obligación ineludible del Ayuntamiento de Cartagena de resolver de forma expresa el recurso de los ciudadanos", además de la posibilidad de emprender acciones judiciales para hacer frente a estas arbitrariedades.
Tanto MC como Cartagena Sí Se Puede convienen la idoneidad de la moción por la necesidad de no retrasar la resolución de un recurso que, hasta no haber sido recuperado por algunos de los recurrentes, ha dormido en el archivo municipal por orden de la concejal delegada, según reza la anotación al margen de 20 de febrero de 2014 que obra en él.
Igualmente, tal y como se expuso en el Pleno extraordinario en el que se retiró esta iniciativa, son "muchas y variadas las sospechas y certezas que aconsejan que esta resolución sea estimatoria, si bien habrán de ser los técnicos municipales los que, esta vez sí y no como en 2003, informen dicha resolución plenaria".

Contenido de la moción
En su parte resolutiva, se contempla que el "Pleno municipal acuerde, que previos los trámites legales e informes oportunos, se traiga a éste, o el órgano municipal que pudiera proceder, la propuesta de resolución expresa que en derecho proceda al recurso de reposición colectivo presentado el día 9 de enero de 2004 contra el acuerdo plenario de 12 de Noviembre de 2003".
En un segundo punto, se determina que, "en caso de que esta resolución resulte estimatoria, y conforme a los trámites que legalmente correspondan, en ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de Diciembre de 2016 en sus justos términos, acuerde dar por extinguido el 26 de diciembre del 2017 el contrato de concesión administrativa de los Servicios de Abastecimiento de los Suministros de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cartagena con Hidrogea".
Por último, "y tras esto, y como consecuencia ineludible, inicie los trámites para la gestión directa del servicio por la Administración Municipal, por sus propios medios o mediante la subcontratación mediante contratos de servicios, o bien para la gestión indirecta del mismo bajo una nueva forma o contrato, sin olvidar la continuación del servicio por el tiempo indispensable para el establecimiento del nuevo sistema de gestión según establece el art. 35.3 TRLCSP".

IU pide que se estudie una modificación "participativa" de las ordenanzas para una hostelería en crisis en Lorca

LORCA.- Izquierda Unida Verdes de Lorca presentará una pregunta al próximo Pleno para interesarse acerca de la petición de la Asociación Profesional de Hosteleros de Lorca, Hostelor, de que se modifiquen las ordenanzas municipales que afectan al desarrollo del sector.

La concejala de IU-Verdes, Gloria Martín, explicó que su formación política ha mantenido un encuentro con la directiva de dicho colectivo, en la que ésta le comunicó que la normativa municipal relativa a ruidos y vibraciones y a la colocación de terrazas "hacen difícil su cumplimiento" y supone un "hándicap", entre otras cuestiones, para la potenciación del casco histórico.

Por ello, los hosteleros han iniciado contactos con la Corporación Municipal con el fin de manifestarles sus inquietudes y proponer algunas modificaciones en las referidas ordenanzas de manera que se "flexibilicen" sus exigencias compatibilizando "la práctica racional y comedida" de esta actividad empresarial con los derechos de los vecinos, atendiendo de forma especial a la accesibilidad de los espacios públicos.

Martín recordó que, desde 2015, existe preocupación en el sector por las limitaciones que impuso la ordenanza municipal aprobada en enero de ese año y que contó con una moratoria de siete meses para que los hosteleros pudieran adaptar sus negocios que regula las terrazas en plazas públicas, parques y calles de la ciudad.

"Es evidente que la normativa no da satisfacción a la hostería y que eso dificulta que pueda convertirse en un motor para el impulso de la actividad turística y comercial en el municipio", dijo la edil, quien se mostró partidaria de "estudiar" una nueva modificación que concilie los intereses del sector, de la administración municipal y de los colectivos ciudadanos que requieren que se controle la proliferación de terrazas.

Al respecto, reconoció que la ordenanza de 2015 contó con la participación de asociaciones vecinales, de hosteleros y de personas con movilidad reducida, que hicieron aportaciones al texto y que, por ese motivo, fue aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal. Sin embargo, "a veces la realidad se topa con la normativa, aunque sea de aprobación relativamente reciente, y es necesaria una nueva adaptación", dijo.

Por ello, IU-Verdes es partidaria de volver estudiar esta cuestión, atendiendo fundamentalmente a la crisis que atraviesa el sector hostelero en el municipio y que dificulta que Lorca sea un verdadero referente comarcal en este ámbito. 

En cualquier caso, solicita que las posibles modificaciones cuenten con la necesaria "participación y transparencia", y que armonicen las necesidades de todos los actores implicados. En ese sentido, animó al equipo de Gobierno del PP a "incrementar esfuerzos" para que se generen nuevos puestos de trabajo, se dinamice la actividad económica local y se ofrezcan atractivos suficientes para reactivar el turismo.

Gloria Martín también pidió que la sensibilidad que el Ayuntamiento pueda mostrar ante las demandas del sector, se vea recompensado con la apuesta por un modelo empresarial responsable e innovador que se caracterice por la calidad "en el servicio y en el empleo".

CTSSP insiste una vez más en que la intervención social en los barrios de Cartagena es prioritaria

CARTAGENA.- Ante la noticia de la situación del edificio en la Barriada Virgen de la Caridad, Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) exige al gobierno municipal la puesta en marcha de equipos de intervención comunitaria en los barrios y diputaciones más deprimidos del municipio.

CTSSP ha estado en todo momento apoyando a los vecinos de la Barriada Virgen de la Caridad desde que en enero de 2017 tuvo conocimiento de la grave situación que sufría el inmueble en el que este grupo de vecinos tenían sus viviendas. 

Desde aquel momento la formación morada presentó iniciativas al pleno instando al Ayuntamiento para que resolviese la situación de deterioro en la que se encontraba dicho edificio, además de coordinarse directamente con la Concejalía de Servicios Sociales, a través del Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación (SAVI), donde atendieron a todos y cada uno de los vecinos y vecinas para intentar paliar la situación en la que se encontraban, ya que se trataba de familias sin recursos económicos para poder hacer frente al arreglo del edificio. 

Desde este servicio se les orientó a todos los vecinos para que entregaran la documentación necesaria para poder pedir una ayuda municipal. 

Desde CTSSP defienden el trabajo realizado desde el servicio de vivienda de la Concejalía de Servicios Sociales, cumpliendo con la ordenanza municipal para solicitar ayudas de emergencia social, pero denuncian la situación en la que se encuentran muchos barrios y diputaciones de nuestro municipio, donde hace años que no se cuenta con equipos multiprofesionales; trabajadores sociales, educadores y monitores, para poder hacer seguimiento educativo y social a las familias y personas que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social. 

En palabra de Pilar Marcos “el trabajo educativo y la intervención comunitaria brilla por su ausencia en nuestros barrios, dejando abandonadas a muchas familias que necesitan de un seguimiento profesional para poder tener una vida digna”.

Es por lo que CTSSP exigirá de nuevo al gobierno municipal que para este año 2018 se dote del personal profesional de Servicios Sociales necesario para que las familias y los vecinos y vecinas de Cartagena más necesitados puedan estar atendidos, a la vez que se trabaje en planes integrales en los barrios y diputaciones del municipio.

C's lamenta que Podemos y MC sigan poniendo en duda el criterio técnico de la secretaria del Pleno de Cartagena

CARTAGENA.- El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha señalado hoy, "la indignación que siente nuestro Grupo Municipal por las manifestaciones de Podemos y MC hoy en su comunicado conjunto "como alianza política que son", en la que afirman que la supresión del segundo punto en el orden del día del Pleno extraordinario, la resolución expresa del recurso vecinal, fue una decisión arbitraria que permitió que los vecinos sigan sin conocer la respuesta a su recurso".

El portavoz local de C's ha insistido en que "la decisión que tomó Ciudadanos con respecto al recurso, como en tantas otras ocasiones, siguió estrictamente el criterio técnico de la jurídico y secretaria del Pleno y de la Comisión de Hacienda que fue la que razonó con argumentos coherentes los motivos por los que esta propuesta debía retirarse del orden del día".

Para sorpresa de MC y Podemos, Manuel Padín cedió parte del tiempo de su intervención en el Pleno extraordinario a la secretaria del Pleno para que explicara las razones por las que se retiró del orden del día ese punto, "o MC y Podemos hacen oídos sordos, o prefieren seguir anteponiendo la estrategia partidista a la verdad", ha indicado Manuel Padín.

"¿Tenemos que entender que Podemos y MC están acusando también a la secretaria del Pleno de tomar decisiones arbitrarias?" se ha preguntado Padín que lamenta que "Podemos y este MC podemizado no respeten el criterio de los funcionarios del Ayuntamiento a pesar de que hipócritamente aseguren defenderlos, y hagan de todo asunto una oportunidad para seguir vendiendo su populismo político a costa de la honorabilidad de los trabajadores públicos de este Ayuntamiento".

Ciudadanos espera que esta vez MC y Podemos soliciten de manera correcta la resolución expresa del recurso siguiendo la instrucciones de la secretaria.

Una encuesta a 229 mujeres del municipio cartagenero dan las claves para conseguir el empoderamiento

CARTAGENA.- Identificar las debilidades que entorpecen conseguir el empoderamiento de la mujer es lo que la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento ha pretendido a través del estudio que han encargado denominado, 'Analisis de las variables que pueden influir en el proceso de empoderamiento de la mujer'. Para este análisis se ha realizado un muestreo entre 229 mujeres del municipio de Cartagena.

El estudio ha sido presentado este martes, 23 de enero, por la alcaldesa de Cartagena, en su primera comparecencia como concejala del área de Igualdad. Junto a ella ha estado la coordinadora de Igualdad, María José Mercader, encargada de elaborar el programa 'Mírate', de la Escuela de Empoderamiento de Mujeres. El programa trimestral presenta talleres y cursos, a través de los cuales se darán las herramientas a las mujeres para impulsar sus capacidades.

Las debilidades detectadas en el estudio van a dar las claves a la concejalía de Igualdad para seguir diseñando estrategias que les permitan orientar a las mujeres para impulsar sus propias capacidades, y seguir desarrollando las políticas de igualdad, que en palabras de Ana Bélén Castejón “para su corporación son importantísimas y trasnversales a todas las áreas del gobierno”.

Ana Bélén Castejón ha hecho hincapié también en que, “la mujer no es un colectivo, es la mitad de la población”. La alcaldesa se ha basado para esta afirmación en los datos de población del municipio de Cartagena, a fecha 1 de enero de 2018, en los que de 215.134 habitantes, 107.320 son mujeres.

El gran muestreo se ha realizado a 41 mujeres de menos de 30 años, 72 de edades comprendidas entre los 30 y los 44 años, a 66 mujeres de entre 45 y 64 y finalmente, a 50 que eran mayores de 65. Al total de 229 mujeres se les preguntó por diferentes ámbitos: el personal, el familiar y el social. 

A través de esos cuestionarios se ha pretendido, conocer las creencias y las percepciones de de la mujer sobre sí misma, conocer también las aptitudes de la mujer acerca de su entorno familiar y su relación consigo misma y por último, averiguar la predisposición de la mujer en su comportamiento con todo su entorno.

Algunos datos que ha destacado Castejón de este estudio son que el 34% de las mujeres encuestadas deseaban cambiar algún aspecto de sí mismas. Otro dato significativo es que sólo un 29% de las encuestadas de menos de 30 años se sienten satisfechas con ellas mismas. 

En cuanto al aspecto físico son las mujeres de entre 30 y 44 años las que mejor se valoran. En el nivel de satisfacción vital el 30% considera que su vida no es satisfactoria. En cuanto a su grado de satisfacción formativa es el rango de las mayores de 65 años las que se muestran menos satisfechas con ellas mismas.

Otros datos significativos de este estudio son la necesidad de las mujeres de que les digan que han hecho bien las cosas, del gran porcentaje que antepone su familia a ellas mismas y por último, el alto porcentaje (un 55%) las que no están a gusto con su situación laboral.

La concejalía de Igualdad ha diseñado a partir de este análisis diferentes actividades que van a permitir a las mujeres tener las herramientas necesarias para impulsar sus capacidades. 

El programa 'Mírate' comprende para los meses de enero, febrero y marzo; y son gratuitos, para todas las mujeres que se inscriban en ellos. Talleres de teatro, de creación de mandalas, de suelo pélvico y embarazo, o de defensa personal ante un intento de agresión, son solo algunas de las actividades.

Exigen al SMS que la implantación de los Planes de Autoproteccion y Emergencia no caiga en manos de personal sin cualificar

MURCIA.- La asociación Marea Negra por la Seguridad Privada exige al Departamento de Prevención del Servicio Murciano de Salud (SMS), cuya función es la implantación de los Planes de Autoproteccion y Emergencia a través de los equipos de prevención de cada una de las nueve áreas de salud, no caiga en manos de personal sin cualificar.

Esta entidad pide explicaciones del por qué no están cumpliendo con las disposiciones necesarias para la implantación efectiva de estos Planes mencionados anteriormente, en todos los centros de trabajo del SMS.

Desde nuestro parecer, el alcance que deberían tener estos Planes de Autoproteccion y de Emergencia, están destinados a posibles situaciones de emergencias que se puedan dar en estos centros de trabajo, para así adoptar las medidas necesarias, así como las actividades realizadas en la aplicacion de los mismos y que no se están llevando a cabo.

De hecho esta entidad se basa en fundamentos contundentes tales como las normativas vigentes para tales menesteres y que a continuacion detallamos:

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (artículo 20).

-Real Decreto 393/2007 del 23 de marzo por el que se aprueba la norma básica de Autoproteccion de los centros públicos.

- Orden 29 de noviembre de 1984 por el que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia Contraincendios y de Evaluación de locales. 

Con todo esto queremos llegar, ni más ni menos a esclarecer que estos Planes de Autoproteccion, actualmente no los realizan las personas adecuadas.

Esta asociación ha efectuado consultas con expertos en esta materia y ha llegado a la siguiente conclusión:

Necesidad de creación de un Departamento de seguridad por cada área de salud, con la figura al mando de un Director de seguridad habilitado por el Ministerio del Interior y dedicado exclusivamente a la seguridad integral y a la autoproteccion, de hecho esta figura es la que dispone de la cualificación, acreditación, facultad y competencias necesarias para desempeñar la gestión de seguridad.

Esta entidad sugiere esta figura acogiéndose a la siguiente reglamentación:

- Informe  2013/097 de la Unidad Central de Seguridad Privada, dirección general de la policía. Ministerio del Interior.

- Ley 5/2014, 4 de abril de Seguridad Privada.

-  Ley 8/2011, 28 abril donde se establecen medidas de protección de infraestructuras críticas (que tampoco se están cumpliendo).

-  Real Decreto  393/2007, de 23 marzo.

- Ley  31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (artículo 20).

Lo que esta asociación pretende decir o hacer con esta explicación, es darle un tirón de orejas a la Administración de la Región de Murcia en materia de salud y hacerle ver que, a la hora de diseñar y organizar la autoproteccion y en general la seguridad integral de los hospitales (grandes olvidados en materia de seguridad en comparación con industrias y fábricas) las leyes son obviadas y donde dicen que un hospital está obligado a realizar un simulacro al año y en el Hospital Rafael Méndez de Lorca (por nombrar a uno) no hacen caso a este dato tan importante y no se hacen simulacros.

Para finalizar, decir que esta asociación se reunió con la exconsejera de presidencia, María Dolores Pagán, para ponerla en antecedentes, la señora en cuestión a día de hoy no se ha pronunciado al respecto y nuestra pregunta es: ¿qué importancia le da la Administración a las vidas de los murcianos?

El Ayuntamiento de Lorca cobra cada año a los lorquinos 640.000 euros de más por el servicio de recogida de basura

LORCA.- El viceportavoz segundo del PSOE, Isidro Abellán denuncia que, según un estudio de la Universidad de Murcia, el Ayuntamiento de Lorca está cobrando a los lorquinos 640.000 euros al año "de más" por el servicio de recogida de basura. 

Abellán exige al alcalde y al concejal de Limusa explicaciones por estar cobrando 640.000 euros de más a los lorquinos a través de la tasa de recogida de basura que paga cada ciudadano, y que en un periodo de cuatro años se traduce en más de 2,5 millones de euros.

Los datos de este estudio, insisten, no son inventados. 

Derivan de la información que el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas ofrece a través de los informes CESEL, el Coste Efectivo de los Servicios de las Entidades Locales.

Habida cuenta de la cantidad de dinero que el Ayuntamiento de Lorca está cobrando "de más" a todos los lorquinos cada año, "qué fácil es para este alcalde y para el concejal de Limusa cuadrar las cuentas del servicio de limpieza y dar beneficios, a costa de cobrar 640.000 euros de más a todos los lorquinos, a costa de los derechos sociales de los trabajadores de la empresa, o a costa de tener Lorca "cada vez más sucia". 

"Con razón insiste- dicen que la empresa les da beneficios".

"Con razón asegura Abellán- les salen las cuentas a este Partido Popular, y con razón pagan sin miramientos la indemnización del exgerente de Limusa", y que ya denunció el PSOE la semana pasada.

Ante esta situación, el PSOE va a exigir explicaciones "inmediatas". Para ello, anuncian que pedirán la celebración de una Junta General y de un Consejo de Administración para que el Alcalde y el concejal de Limusa "den la cara".

En primer lugar, los socialistas piden que se revisen y se comprueben las conclusiones de este estudio y que, de inmediatamente, se revise la ordenanza para hacer efectiva una rebaja de la tasa que se está cobrando a los lorquinos por el servicio de limpieza, para que de esta manera los ciudadanos paguen por el servicio de que reciben. Ni un euro más ni un euro menos.

La autovía Zeneta-Santomera tendrá seis enlaces para mejorar la conexión con la A-7 y con el Mar Menor

MURCIA.- El tramo de la autovía RM-1 que unirá las poblaciones de Zeneta y Santomera contará con seis enlaces que mejorarán la conexión con la Autovía del Mediterráneo (A-7) y los desplazamientos desde el interior al litoral y también entre las localidades y núcleos de población próximos, dando respuesta a las demandas de los vecinos del entorno.

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, subrayó hoy que "la culminación de esta autovía supone un paso importante para que los habitantes de la Región estén mejor conectados y cuenten con infraestructuras más eficaces en sus desplazamientos, que garanticen los desplazamientos en menos tiempo y más seguros".

El responsable autonómico de infraestructuras señaló que la autovía RM-1 "tiene un alcance que va más allá de los municipios a los que afecta", Murcia, Santomera y Beniel, y "es de interés general para toda la Región", porque "aumentará la vertebración regional acortando tiempos y distancias tanto para quienes se desplazan desde el interior al litoral como para los desplazamientos entre localidades próximas, que hasta ahora estaban mal comunicadas".

El consejero Pedro Rivera, acompañado por el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, realizó estas declaraciones durante la presentación del proyecto de obra del último tramo de la autovía, así como de sus principales ventajas y la planificación de los trabajos, a alcaldes, profesionales del sector de la construcción y empresarios afectados por esta infraestructura. La obra será ejecutada por la Comunidad con un presupuesto de 110 millones de euros, financiados por el Estado.

Rivera resaltó que la autovía RM-1 es una "infraestructura de desarrollo" porque "permite, además de conectar pueblos y personas, potenciar el desarrollo económico de los municipios mediante la creación de nuevas oportunidades y sinergias empresariales, conectadas a grandes corredores para exportar nuestros productos y servicios más allá de nuestras fronteras".

Así, este tramo de la autovía permitirá dar salida a todo el tráfico pesado de las empresas radicadas en la zona del Mar Menor hacia el eje Mediterráneo sin necesidad de pasar por la circunvalación de la ciudad de Murcia, "ahorrando tiempo, tráfico y riesgos", destacó el consejero.

Obras del nuevo tramo

El nuevo trazado de la autovía RM-1 tiene una longitud de casi 12 kilómetros comprendidos entre la ciudad de Murcia y el límite con la provincia de Alicante, y se prolonga desde Zeneta hasta Santomera, conectando con la autovía A-7.

El tramo contará con seis enlaces para dar acceso a la futura autovía del Reguerón; a la carretera Alquerías-Beniel; al cruce de El Raal y la Orilla del Azarbe; con el casco urbano de Santomera; con su polígono industrial y, finalmente, con la autovía A-7 y la carretera que conduce a Abanilla.

La actualización del estudio informativo de este proyecto se encuentra en periodo de exposición pública en la Dirección General de Carreteras, el Ayuntamiento de Santomera y el tablón de edictos del Ayuntamiento de Murcia para su análisis por los afectados.

La principal novedad de este proyecto es la mejor definición de los enlaces y sus ramales de conexión, y de un modo especial los enlaces con la A-7 y con la autovía del Reguerón, que mejorará sustancialmente, a su vez, la interconexión con el caso urbano de Murcia y las localidades de la denominada Costera Sur.

Además, este tramo contará con 10 estructuras, de las cuales cinco son viaductos, con una longitud total de 3.800 metros, dos pasos inferiores, dos pasos superiores y un falso túnel de 460 metros de longitud.

El PP solicita al Gobierno de España que impulse los actos del 75º aniversario de la Academia General del Aire

MADRID.- El apoyo a los actos de celebración del 75º aniversario de la Academia General del Aire de San Javier en toda la Región y en el resto de España, así como y el impulso a la concesión de la Orden del Mérito Civil a la AGA, por su contribución al desarrollo cultural, social y económico no solo del San Javier sino de toda la Región de Murcia, son los objetivos que persigue la Proposición no de Ley presentada por el PP en el Congreso de los Diputados para su debate en la Comisión de Defensa tal y como ha explicado la diputada nacional 'popular' Isabel Borrego.

La diputada nacional del PP considera que esta iniciativa pretende difundir la importante
labor de la Academia General del Aire y su contribución al presigio de las fuerzas armadas de nuestro país.

En este sentido ha recordado que la Asamblea Regional, a propuesta del GPP, ha aprobado una moción sobre la concesión de la Orden del Mérito Civil a la AGA que lleva formando desde el año 1943 a los oficiales del Ejercito del Aire, una academia, ha insistido "de donde han salido ya 67 promociones con más de 9.500 alumnos". 

En este punto la diputada nacional popular ha precisado que con esta iniciativa parlamentaria "queremos recordar y homenajear a los dos pilotos del Ejército del Aire, fallecidos el pasado año en sendos accidentes aéreos, Borja Aybar y Fernando Pérez". Cabe recordar que ambos fueron alumnos de la AGA y Pérez era natural de Murcia.

Además ha explicado que la AGA tiene como objetivo formar a los futuros oficiales profesionaes del Ejército del Airte en el ámbito militar, aeronáutico, cultural-humanístico y físico y es actualmente la única academia de formación de oficiales del Aire en España, por lo que a su juicio, "está plenamente capacitada para asumir los desaríos que plantean las nuevas tecnologías y los cambios estratégios en el contexto mundial".

La diputada 'popular' ha recordado igulamente que la Ley 39/2007 de la Carrera Militar introdujo un nuevo modelo de enseñanza miliar y creó el Centro Universitario de la Defensa de San Javier que, "permite adquirir una titulación de Grado a los alumntos de la AGA como ingenieros de Organización Industrial, además de incluir las enseñanzas porpias miliataries y aeronáuticas". 

Este centro, ha asegurado, "se encarga de formar a los futuros oficiales del Ejército del Aire en colaboración con la UPCT".

Isabel Borrego ha trasladado también, a través de esta propuesta parlamentaria, la integración de la mujer en la AGA como "uno de los hitos importantes de la Academia" y ha citado las jornadas "Murcia Nuestra Cuna", festival aéreo en el que participaron las mejores formaciones nacionales y extranjeras. 

Así ha citado como otro evento de especial relevancia la conmemoración del XXV anviersario de la Patrulla Águila, "una demostración aérea que contó con la presencia de casi la totaliad de los aviones del Ejército del Aire". 

"Ambos eventos tuvieron una notable repercusuón mediática internacional, situando a San Javier en el centro del mundo aeronáutico", ha aseverado.

Isabel Borrego, ha finalizado recordando que la AGA cuenta el presente curso académico con 530 alumnos de los que 107 son de nuevo ingreso y realizarán, de manera simultánea, estudios militares y universitarios en el Centro Universitario de la Defensa.

Trigueros reclama "la mejora de las comunicaciones ferroviarias entre la Región y Madrid en fines de semana"

MURCIA.- El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Murcia, Javier Trigueros, presentará al Pleno del próximo 25 de enero una moción encaminada a incrementar y mejorar las comunicaciones por ferrocarril que en la actualidad existen entre la ciudad de Murcia y Madrid, puesto que según apunta, aunque "son aceptables" los trenes que comunican Murcia con Madrid en el intervalo de la semana focalizado de lunes a viernes, "parece incomprensible que durante los fines de semana la comunicación del ferrocarril se vea sensiblemente reducida si tomamos como referencia el número de trenes en la línea Cartagena-Madrid en ambos sentidos".

En esta misma línea, Trigueros ha indicado que Murcia y sus comarcas presentan significativos aumentos de población y se han convertido en excepcionales atractivos turísticos. 

"Murcia es la séptima ciudad de España en términos de población, un municipio que está en continuo crecimiento y que ha dado lugar a un urbanismo expansivo de importancia". Además, ha recordado que también el "número de pernoctaciones se ha incrementado notablemente en los últimos años". 

Por todos estos motivos y como Destino Turístico de Calidad, el concejal ha declarado que "sería de vital importancia implantar avances en materia ferroviaria centralizados fundamentalmente en el incremento de líneas durante el fin de semana".

Igualmente y centrándose en la Región de Murcia, el edil ha subrayado que como consecuencia de la demanda de migrantes jubilados procedentes en su inmensa mayoría del norte de Europa, la Región ha pasado a ser la octava comunidad autónoma con un saldo migratorio por encima de 500, y conjuntamente, teniendo en consideración la reciente Ley que recoge una serie de medidas encaminadas a liberalizar el comercio, "nuestra Comunidad Autónoma debería disponer de más y mejores comunicaciones en general y ferroviarias en particular".

Al mismo tiempo, el concejal ha apuntado que teniendo en cuenta que el área metropolitana de Cartagena cuenta con unos 250.000 habitantes aproximadamente, así como la de Murcia con unos 445 mil, dejando a un lado el resto de poblaciones por las que pasa el ferrocarril y que incrementarían ostensiblemente el uso de esta línea, "se hacen aún más necesarias todas las optimizaciones que en este sentido pudieran acometerse".

Por todo ello y para concluir, Javier Trigueros entiende como pertinente, por un lado, mantener la línea que une la Región de Murcia con Madrid a primera hora de la mañana de lunes a viernes, concretamente la de las 5:22 horas desde Cartagena y 6:06 horas desde Murcia, "haciéndolo extensible de igual forma a sábados y domingos"; y por otro lado, conservar la línea que enlaza Madrid con la Región de Murcia a última hora de la tarde, es decir, la que tiene salida a las 19:01 horas, "también durante los sábados".

C's-CT pedirá en el Pleno un reglamento para regular el reparto de la publicidad institucional según criterios objetivos

CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cartagena pedirá en el próximo Pleno ordinario que se elabore un reglamento para regular la gestión y contratación de publicidad institucional, así como de sus organismos autónomos, fundaciones, y toda estructura municipal.

Manuel Padín, portavoz de la formación naranja en Cartagena, ha explicado que "el objetivo de esta moción es fijar con criterios objetivos el reparto de la publicidad institucional y aclarar y diferenciar la publicidad pública legítima y necesaria del autobombo y la propaganda partidista; a veces sólo separados por una delgada línea sutil e imperceptible".

El portavoz de C's ha explicado que es necesario recibir el asesoramiento del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento, del responsable de protocolo y comunicación, de asociaciones y colegios profesionales, editores y la Universidad para concretar los criterios objetivos, y de esta manera "evitar un interés del partido político en el poder, y la instrumentalización de los fondos públicos para premiar o castigar a medios de comunicación según su línea editorial".

Ciudadanos ha recordado que en el año 2014, el Tribunal Constitucional dictó cuatro sentencias clave en materia de reparto de publicidad institucional dejando claro que la discriminación entre medios de comunicación en el reparto de publicidad institucional podría lesionar derechos constitucionales, y que el criterio básico de comparación entre las empresas que operan en cada uno de los diversos medios de comunicación y se dirigen a un mismo público objetivo es la audiencia medida objetivamente por empresas especializadas, y las tarifas ofertadas. 

"Se impone por tanto un reparto equitativo legal que atienda a criterios de transparencia, igualdad, objetividad, publicidad y libre concurrencia".

Manuel Padín considera que "la publicidad y la comunicación institucional deben estar al servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes. Y nunca se deben perseguir objetivos inadecuados haciendo un uso indebido o personal de fondos públicos".

Además de elaborar un reglamento, la moción de Ciudadanos pedirá que las concejalías rindan cuentas periódicamente sobre la inversión y la distribución de la publicidad institucional, así como del control acreditado de la difusión, audiencia, impacto en medios u otros criterios que queden establecidos para motivar el reparto.

El portavoz de Ciudadanos también ha recordado que en un reciente comunicado público del Grupo MC se sugiere que parte del dinero de la Concejalía de Turismo puede haber haber ido a parar a "publirreportajes para mejorar la imagen del Gobierno y no a la promoción turística", "la sospecha o la conjetura de un partido político no nos importaría si no fuera porque estamos hablando de un partido que ha cohabitado en el Gobierno de Cartagena durante dos años y medio y ha participado en la redacción de los presupuestos, y en los contratos de publicidad".

C's exige a López Miras que deje las ambigüedades y asuma su responsabilidad como presidente del PP en el 'caso Ortiz'

MURCIA.- El portavoz de Ciudadanos en Murcia, Mario Gómez, ha exigido hoy al presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, “que deje a un lado las ambigüedades y asuma su responsabilidad como máximo mandatario de su partido en el caso Roque Ortiz”.

“Depende exclusivamente de él mantener o expulsar al concejal de Fomento de las filas del PP”, ha señalado Gómez, quien ha añadido que “si López Miras no quiere a gente así en su Gobierno, como ha declarado públicamente, tampoco debería quererlo dentro de su partido”.

En este sentido, el portavoz naranja ha remarcado que, hasta el momento, “López Miras no ha hecho nada para evitar que el edil Roque Ortiz siga formando parte del partido que preside, lo que entra en clara contradicción con sus afirmaciones respecto a que en este partido no caben actitudes como la suya”.

Por otra parte, Gómez ha exigido a Maruja Pelegrín que, “como secretaria general del PP y miembro del Gobierno de La Glorieta, explique y aclare ante la opinión pública cuál es su postura sobre la situación de Roque Ortiz, con quien comparte asiento en la Junta de Gobierno”.

“Su silencio es inadmisible y ha llegado la hora de que dé explicaciones sobre lo que piensa acerca de su compañero de filas y de gobierno, tras sus declaraciones sobre supuestas prácticas ilícitas y posible compra de votos a cambio de favores”, ha finalizado.

'Cambiemos Murcia' estudia querellarse contra el PP y pide se paralice el Plan Extraordinario de Inversiones del Ayto.

MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha anunciado hoy en rueda de prensa que su formación estudia querellarse contra el Partido Popular al entender que es el "principal beneficiario" de las "prácticas presuntamente corruptas" que se desprenden de lo afirmado por Roque Ortiz, responsable de Fomento en el Ayuntamiento de la capital, en una reunión con miembros de ese partido el pasado diciembre.

En rueda de prensa, Ramos ha indicado que Cambiemos Murcia se ha puesto en contacto con el Fiscal Anticorrupción de la Región de Murcia para que actúe de oficio en el caso. 

De no hacerlo, "valoramos querellarnos" contra el Partido Popular "como mínimo" por un delito electoral, ya que pudo ir "dopado", es decir, haberse beneficiado de prácticas irregulares en las juntas municipales, a las últimas convocatorias electorales.

Así, Ramos considera que la gravedad de los hechos va más allá de la persona de Roque Ortiz, quien actuó supuestamente como "autor del delito" y en cuyas declaraciones se observan "muchas irregularidades", y se extiende al PP como "beneficiario" de estas "prácticas sistemáticas" también detectadas en otros casos de presunta corrupción, entre los que ha citado el caso Umbra.

Como ejemplo, ha hecho referencia a la parte que se escucha en el audio al concejal de Hacienda, Eduardo Martínez Oliva, quien relata las inversiones en barrios y pedanías del municipio en el marco del Plan Extraordinario dotado con doce millones de euros. Un plan, ha sostenido el edil de Cambiemos Murcia, que incluye proyectos "que no han sido decididos ni debatidos en el seno de las juntas municipales ni en el Ayuntamiento".

"Existe una clara utilización del Consistorio para beneficiar a unas pedanías sobre otras, un mercadeo de las necesidades de las juntas", ha asegurado Ramos, quien ha reclamado en este sentido que se paralicen todas las inversiones hasta que se lleve a cabo un concurso público "transparente", bajo "criterios y objetivos claros", para evitar el "juego del PP con fines electoralistas" en las juntas y las pedanías del municipio.

Presupuestos alternativos

Para la formación municipalista, la situación es "insostenible" y no hay excusa para que ningún grupo de la oposición apoye los presupuestos elaborados para 2018 por el equipo de Gobierno. 

"La oposición no debe negociar con un PP manchado de presunta corrupción", ha añadido Ramos, tras reclamar un "debate serio" en el que se estudien las propuestas de los grupos de manera independiente, y no de forma conjunta, como ocurrió con las casi 50 enmmiendas de Cambiemos Murcia en las cuentas de 2017.

Al respecto, ha explicado que lo lógico en este caso sería que los grupos municipales, al margen del PP, se plantearan impulsar unos presupuestos alternativos que dieran respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Preguntado sobre qué espera del Pleno del próximo jueves, Ramos ha subrayado que "no se puede funcionar como si no hubiera pasado nada" y que los grupos de la oposición tienen que mantener una postura de reprobación hacia Ortiz y el resto del equipo de Gobierno municipal que culmine en la presentación de una "imprescindible" moción de censura para acabar con las políticas del PP en Murcia.

CTSSP exige el desamiantado de los colegios públicos de Cartagena

CARTAGENA.- Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) ha vuelto a solicitar al Gobierno municipal que exija a la CARM la sustitución progresiva de las cubiertas de amianto que poseen cerca de 20 colegios públicos del municipio. 

El grupo municipal ha recordado que el Plan de desamiantado de edificios públicos se está llevando a cabo en numerosas CC.AA. del Estado, que viene recogido en la legislación europea y que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena lo ha mandatado de manera unánime.

Asimismo, la formación morada llevará iniciativas al Pleno del Ayuntamiento para que se le facilite la información completa sobre el resto de edificios públicos de titularidad municipal que contienen este material tóxico para la salud y quiere saber también qué medidas piensa adoptar el Gobierno al respecto.

Por último, CTSSP ha reiterado su denuncia sobre la situación inhumana y vergonzosa que están sufriendo las víctimas de amianto en Cartagena, un municipio con un alto índice de muertes debidas a este material, enfermedades que sin embargo se encuentran infradiagnosticadas. 

El grupo municipal ha lamentado que la situación se encuentre paralizada porque afecta al interés económico de grandes empresas, como por ejemplo Repsol, que a día de la fecha está incumpliendo legislación europea y estatal al respecto, y sigue sin entregar a la Consejería de Sanidad los listados de los trabajadores y ex trabajadores expuestos y post expuestos al amianto, unos listados que podrían salvar numerosas vidas ya que permitirían iniciar los tratamientos médicos adecuados.

Casi toda la Oposición en el Ayuntamiento de Murcia sigue apostando por la moción de censura

MURCIA.- Los representantes de PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia valoraron en la tarde de este martes como «obligada», aunque «insuficiente», la dimisión de Roque Ortiz como concejal del Ayuntamiento de Murcia e insistieron en la necesidad de sacar adelante una moción de censura.

Así, el Grupo Municipal Socialista afirmó tras conocer dicha renuncia que esta "era necesaria por una cuestión de ética, pero que es insuficiente porque sus palabras destapan la caja de los truenos y evidencian que la forma de gobernar del PP".

Según los socialistas, tal forma de gobernar "se basa en hacer favores a cambio de votos, una forma de funcionar que el alcalde, José Ballesta, no ha querido eliminar de su gobierno, por tanto, esta dimisión no resuelve el problema de fondo".

Por tanto, para el Grupo Municipal, con la dimisión de Ortiz, "no se soluciona la gravísima sospecha que pesa en el Ayuntamiento de Murcia, en el que se hace urgente abrir cajones y despejar cualquier duda acerca de prácticas clientelares y que podrían ser constitutivas de delito".

"Roque Ortiz es solo la cabeza de turco, ha sido el vocero, pero el daño lo está haciendo el PP al completo desde hace 23 años y en una institución como es el Ayuntamiento que representa a casi medio millón de ciudadanos", añadió.

"Nuestra responsabilidad es restaurar la credibilidad en esta institución, que seguirá deteriorada pese a la dimisión del concejal", concluyó el PSOE. 

Por su parte, Ahora Murcia consideró que la marcha de Ortiz "no es suficiente", ya que "la corrupción del PP no empieza y acaba en este edil", por lo que es necesario "una moción de censura que saque al PP del poder y garantice la salud democrática en nuestro municipio".

Alicia Morales afirmó que "PSOE y C's no pueden conformarse con esta dimisión, y deben dar los pasos necesarios para que el PP salga del gobierno", según informaron fuentes de esta formación política.

Insistió en que "la responsabilidad afecta al conjunto del Partido Popular de Ballesta", y consideró "imprescindible un proceso de regeneración democrática en el municipio, por lo que defendemos que el camino que la oposición municipal debe seguir es el de la moción de censura".

Ahora Murcia consideró igualmente que "ha de investigarse hasta el fondo la trama y las redes clientelares que el PP supuestamente ha creado en nuestro municipio". Por ello, recuerda que registró el pasado viernes la petición de que se cree en el Consistorio una Comisión de Investigación, y ha presentado este martes a los grupos de la oposición una moción de urgencia para la creación de esta comisión, para llevarla de forma conjunta al Pleno del próximo jueves.

La moción de urgencia establece que la Comisión de Investigación sea convocada en un plazo de 15 días para, además de "abordar los hechos reflejados en las grabaciones de Roque Ortiz, analizar la contratación de obras por parte del Ayuntamiento de Murcia y las relaciones con las empresas concesionarias, así como la selección del personal en las mismas".

En la misma línea, el portavoz de Cambiemos Murcia en el Ayuntamiento de Murcia, Nacho Tornel, calificó de "decisión lógica y obligada" la decisión de Ortiz, pero consideró está lejos de contribuir a la "regeneración democrática que necesita el Ayuntamiento", para lo que es imprescindible "formar un nuevo gobierno a través de una moción de censura".

Tornel indicó que esta dimisión "soluciona el problema" al Partido Popular, pero no al Consistorio ni a la ciudadanía. 

"Se trata de un paso de carácter personal, no de un cese mandatado por el alcalde, lo que pone en duda la intención de este por erradicar el modelo de gestión sobre el que escuchó sin inmutarse y que aún no ha desacreditado puesto que lo considera un 'exceso verbal'", señaló Tornel.

El portavoz de Cambiemos Murcia insistió en que la necesidad de un nuevo modelo de gestión, que deje atrás al verbalizado por Ortiz en las grabaciones, "sigue vigente y solo es posible con un proyecto político distinto" y, en este sentido, ha interpelado al resto de grupos a actuar "con responsabilidad".

"No hablamos de cambiar una pieza por otra porque de ser así el PP seguirá haciendo lo mismo que ha hecho durante años", aseguró Tornel.

C's de Murcia habla de «comisión de investigación» pero no de cambio de Gobierno

MURCIA.- Ciudadanos-Murcia lamentó este martes que la dimisión del concejal Roque Ortiz "responda más a una lucha interna en el PP que a una voluntad clara de regeneración de la vida política por parte de un partido que siempre arrastra los pies en esta materia, y sigue cobijando, protegiendo y amparando la corrupción política".

"Refleja una lucha interna en el PP, pero no ya entre sectores a favor o en contra de una tibia regeneración, sino una lucha interna descarnada por el poder, que vuelve a reflejar el evidente fin de ciclo del PP tanto en Murcia como en la Región", añadió Miguel Sánchez, portavoz de C's en la Región.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de C's en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, solicitó la puesta en marcha de una Comisión de Investigación "para aclarar cualquier tipo de clientelismo y caciquismo en los servicios públicos, tanto durante el gobierno popular del exalcalde Cámara como durante la legislatura de José Ballesta en la Glorieta".

Además, Ciudadanos solicitó la información laboral de todas las empresas concesionarias, con el detalle de sus contrataciones y despidos, con el fin de aclarar si se produjeron irregularidades e ilegalidades en las mismas.

Gómez también exigió a Maruja Pelegrín que, "como secretaria general del PP y miembro del Gobierno de La Glorieta, explique y aclare ante la opinión pública cuál es su postura sobre la situación de Roque Ortiz, con quien comparte asiento en la Junta de Gobierno".

A su juicio, "su silencio es inadmisible y ha llegado la hora de que dé explicaciones sobre lo que piensa acerca de su compañero de filas y de gobierno, tras sus declaraciones sobre supuestas prácticas ilícitas y posible compra de votos a cambio de favores".

Por otra parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos tiene previsto elevar a su debate en la Asamblea Regional una iniciativa similar a la que también tiene en marcha a nivel estatal, con el fin de proteger a los funcionarios y trabajadores que denuncien estos comportamientos ilegales, para que no sean objeto de presiones y coacciones mafiosas de ningún tipo.

"La política municipal necesita una regeneración completa y no el lavado de imagen que el PP local propone forzado por las circunstancias", afirmó Gómez.

"Tal vez Roque Ortiz se lleve consigo muchos secretos del funcionamiento del área de pedanías de otras épocas, pero cabe recordar que la actual secretaria general del PP, Maruja Pelegrín, tiene mucho conocimiento del pasado del PP local, pues también se ocupó de esas responsabilidades", añadió Gómez.

"Las grabaciones de Ortiz hablaban de presente y futuro, pero se referían con insistencia al pasado, a la práctica de años atrás", explicó.

"Para nosotros es necesaria una verdadera regeneración y poner en marcha la comisión de investigación para esclarecer las supuestas prácticas irregulares que junto con la cesión ilegal de trabajadores ha practicado el PP durante los últimos 23 años", añade.

Para Ciudadanos, está crisis no se cerrará "mientras sigan existiendo dudas razonables de la utilización del dinero público para fines electoralistas".