Cuánto recibió cada comunidad por financiación autonómica
Financiación recibida por cada comunidad autónoma (total entregas a cuenta) en 2019.
Datos en millones de euros
Andalucía
Cataluña
C. Madrid
C. Valenciana
Galicia
C. León
C. La Mancha
Canarias
Aragón
R. Murcia
Extremadura
P. Asturias
I. Balears
Cantabria
La Rioja
MADRID.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha
anunciado que para noviembre quiere presentar un "primer esqueleto" de
reforma de la financiación autonómica de las comunidades de régimen
común (es decir, todas menos el País Vasco y Navarra, además de Ceuta y
Melilla), pendiente de afrontar desde 2014. La tarea de reformar un
sistema que peca de falta de transparencia y una endiablada complejidad
será difícil, máxime cuando se querría contar con el consenso de los
principales partidos.
El sistema de financiación
autonómica establece el modo en que se financian las competencias y
políticas transferidas a las autonomías. Las complicaciones del actual
modelo, que data de 2009, se cruzan con cuestiones políticas como las
demandas independentistas en Catalunya (que lleva años sin participar en
estos foros de discusión) o la actitud que mantendrá una comunidad en
función de si está gobernada por el mismo partido que el Gobierno
central o por su oposición.
A continuación recopilamos algunas preguntas y respuestas
sobre temas que se discutirán en los próximos meses, con información
del informe del comité de expertos de todas las comunidades que organizó
el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, compuesto en un 40% por
votos particulares expresando matizaciones y desacuerdos con el resto, y
de la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas
(LOFCA), entre otras fuentes.
¿A qué afecta la financiación autonómica?
España
ha pasado de tener una estructura política casi completamente
centralizada a situarse entre los países más descentralizados de la
OCDE. Ahora mismo las comunidades autónomas absorben más de un tercio
del gasto final total de las Administraciones Públicas y más de la mitad
de su personal. Gestionan muchos de los servicios públicos con una
incidencia más directa sobre el bienestar de los ciudadanos, incluyendo
la sanidad, la educación y los servicios sociales, como la dependencia.
Por
eso, para construir el "esqueleto" del que hablaba Montero se van a
crear tres comisiones en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera (donde se coordinan la Hacienda Estatal y las comunidades
autónomas, en materia fiscal y financiera) sobre gasto sanitario,
educación y dependencia, con el objetivo de establecer el coste efectivo
de estos servicios, así como el análisis del gasto y el consenso en
medidas de eficiencia.
¿Cómo se financian estos gastos con impuestos?
Las
comunidades se financian a través de tributos. Hay algunos totalmente
cedidos, es decir, que se gestionan y se tiene capacidad normativa sobre
ellos (sucesiones y donaciones, juego, transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, determinados medios de transporte,
hidrocarburos, electricidad y tasas afectas a los servicios
traspasados).
Esta capacidad normativa es uno de los
principales puntos de fricción: hay comunidades (por ejemplo Madrid) que
han bonificado casi por completo algunos de estos impuestos, lo que
según Montero provoca un efecto de dumping fiscal,
es decir, de movimientos de dinero y residencia entre comunidades
buscando la menor tributación. La idea del Ministerio es establecer
algún tipo de armonización. Parte de los expertos del comité de Montoro
proponían tipos mínimos y máximos en sucesiones y donaciones.
En
cuanto a los tributos parcialmente cedidos, las comunidades reciben el
50% de la recaudación del IVA (sin que puedan modificar los tipos) y del
IRPF (aquí sí hay capacidad de decisión sobre el mínimo personal y
familiar, el 50% de la escala general de gravamen y las deducciones).
Además, reciben el 58% de los impuestos especiales que se aplican al
alcohol y el tabaco adquiridos en la comunidad. Siempre se trata de
impuestos recaudados en cada autonomía.
¿Qué pasa con las entregas a cuenta?
En
los últimos meses han sido noticia las entregas a cuenta. El motivo es
que aunque haya tributos cedidos total o parcialmente, es Hacienda, es
decir, el Estado central, quien los recauda. Para repartirlo, en primer
lugar se calcula a través de los Presupuestos Generales del Estado
cuánto se va a recaudar. Después, el año siguiente, va transfiriendo
mensualmente a las comunidades lo que ha calculado que les corresponde. A
los dos años se liquida la operación, es decir, se ve si lo que se ha
entregado a cuenta es más o menos de lo realmente recaudado. En ese
momento las comunidades reciben dinero extra o por el contrario deben
devolverlo.
El problema de los meses pasados ha sido
que con el gobierno en funciones y con prórroga presupuestaria la ley
impedía la entrega de estas cantidades mensuales. Finalmente, ante las
dificultades financieras que estaban sufriendo las autonomías se
decidió aprobar un decreto para liberar 4.680 millones para las autonomías y 822 para los ayuntamientos.
Al
margen de estos anticipos a cuenta debe situarse el conflicto abierto
por el IVA de diciembre de 2017, 2.500 millones que las autonomías
dejaron de percibir por la entrada en vigor del un nuevo sistema de
información y que, al haber pasado más de dos años para su liquidación,
Hacienda no les va a transferir. Sí ha buscado un mecanismo paliativo:
al considerar que las comunidades ya gastaron ese dinero en sus
presupuestos de 2019 porque contaban con él, no les computará como
déficit.
¿Qué son los fondos y qué contemplan?
Además de
los tributos, las comunidades autónomas se financian a través de varios
fondos: el primero y más importante es el de garantía, considerado la
caja común del sistema. Con él se tratan de garantizar en todo el
territorio un nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales. Se
consideran como tales la educación, la sanidad y los servicios sociales
esenciales. A este fondo, que luego reparte el Estado, cada comunidad
debe aportar el 75% de sus ingresos tributarios, y la Administración
Central pone el resto.
El punto de fricción es el
reparto. En la actualidad se hace en función de población (30%),
superficie (1,8%), dispersión territorial (0,6%), insularidad (0,6%),
población protegida equivalente (38%), población mayor de 65 años (8,5%)
y población entre cero y 16 años (20,5%). Hay comunidades, como
Galicia, que se sienten discriminadas por este reparto y alegan que la
despoblación y la edad avanzada de la población deberían pesar más en el
reparto. Cuando Montero era consejera de Hacienda en Andalucía defendió
que los ingresos de las comunidades autónomas debían determinarse según
su población real ajustada y que la financiación de los servicios
públicos se actualice anualmente, según el crecimiento del PIB nominal.
Como explica el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Rafel Calvo en este artículo,
"esta desagregación pormenorizada hace que la distribución sea
compleja, lo que aleja el fondo de la opinión pública y además provoca,
en ocasiones, que las comunidades propongan otros criterios que
probablemente son más beneficiosos para los proponentes, lo que
contribuye a aumentar la complejidad actual".
Además
de este fondo, existen otros como el de suficiencia global, que
garantiza que cada comunidad autónomas siempre recibe más respecto al
modelo anterior, y los de convergencia, destinados a garantizar el
principio de ordinalidad (fondo de competitividad) y favorecer la
convergencia regional en términos de rentas (fondos de cooperación).
Solo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al fondo de solidaridad
Cuantía aportada o recibida por cada comunidad autónoma (entregas a cuenta Fondo de Garantía) en 2019. Datos en millones de euros.
C. Madrid
Cataluña
I. Balears
Cantabria
La Rioja
Aragón
P. Asturias
R. Murcia
Extremadura
C. León
C. Valenciana
C. La Mancha
Galicia
Canarias
Andalucía
