Aunque se va
clarificando el calendario del Brexit, no ocurre lo mismo con el modelo
que Gran Bretaña adoptará para su salida de la Unión Europea. Se prevé
un proceso complicado, costoso y largo, debido no sólo a la complejidad
del intento, sino también a que el gobierno y sus apoyos parlamentarios
apenas habían contemplado la posibilidad de perder el referéndum del 23
de junio.
El
pasado domingo, en la conferencia del partido conservador, la
primera ministra, Theresa May, anunció que en marzo próximo
notificará a la Unión la voluntad de su gobierno, de retirarse
del bloque continental europeo, según el art. 50 del tratado de la
Unión (Lisboa), y pedirá abrir negociaciones tanto para poner fin a
las obligaciones mutuas como para establecer un nuevo modelo de
relación. El anuncio ha sido un gran alivio para las instituciones
europeas, pues el RU alega que no hay establecido un
procedimiento legal que le obligue a pedir su salida; así que
anunciar la voluntad de negociarla es una graciosa concesión de
Londres a Bruselas. El cese de las obligaciones del Reino Unido
necesita, si embargo, la aprobación, por mayoría cualificada,
de los otros socios de la Unión; aunque no así para el caso del cese de
las obligaciones de la Unión con el Reino Unido.
Con ocasión
del próximo discurso de la Reina, el parlamento votará lo que se ha
dado en llamar el Great Repeal Bill, que abolirá la European
Communities Act de 1972, que ha dado fuerza de ley a los acuerdos del
gobierno con las instituciones europeas. La separación y el
modelo de nueva relación serán negociados durante los siguientes
dos años, anunció May, y se espera que el proceso se culmine a
primeros de 2019.
La elección del nuevo tipo de relación con
la UE será una tarea tan compleja como la de ejecutar el Brexit, dado
que los modelos que han sido barajados por los diversos grupos de
interés económico, social y político, son en gran parte
incompatibles.
En su discurso ante el congreso del partido,
May desechó los modelos suizo y noruego de asociación con la UE. El
primero supone libre comercio con la Unión, libre movimiento de
trabajadores, pero limitaciones en el mercado bancario. El
modelo noruego consiste en la pertenencia de Oslo al Área Económica
Europea (AEE), pertenencia plena al área de libre comercio,
derechos de ‘pasaporte’ para la banca y libertad de movimientos,
pero también obligación de contribuir al presupuesto
comunitario.
¿Qué va a hacer el Reino Unido de sí mismo?
Un
modelo favorecido en el pasado por el hoy ministro de Exteriores,
Boris Johnson, es un tratado de libre comercio, similar al que se
está negociando entre la UE y Canadá. Éste elimina la mayor parte de
las tarifas sobre bienes, pero excluye los servicios, y no obliga a
Canadá al libre movimiento de trabajadores.
El ideal, desde
el punto de vista británico, parece ser el ‘traje a medida’, que
se cortaría sobre la plantilla de la AEE menos el libre movimiento
de trabajadores, sobre el supuesto de que a la UE le interesan las
más fluidas relaciones con el ‘país tercero’ (Reino Unido) que hoy
constituye el principal mercado nacional para las exportaciones
del bloque europeo.
Un modelo interesante, pero con no
muchas probabilidades de éxito, por pedir transformaciones
importantes de la estructura de la Unión, es el del Bruegel
Institute, que propone “una nueva forma de colaboración, una
Asociación Continental (AC)”, consistente en la colaboración del
bloque europeo con un grupo de países firmemente unidos a la
economía comunitaria (Islandia, Noruega, Liechtenstein) pero que
apenas disponen de poder institucional ante la UE. Su poder de
negociación, sigue el argumento, se potenciaría por la entrada
del Reino Unido en el grupo. La AC compartiría con la UE la libertad
de intercambios en bienes, servicios y capitales, incluso un
cierto grado de movilidad laboral, pero sin participación de los
países de aquel grupo en los mecanismos de decisión
supranacionales y en las instituciones comunes europeas.
El
problema con la selección del modelo de asociación con la UE no
es sólo adoptarlo, ya que obliga al gobierno a arbitrar entre
intereses internos y externos contrapuestos, sino sobre todo
negociarlo con la UE. El movimiento político que ganó el
referéndum del Brexit no propuso ningún modelo en particular, ya
que su interés era romper los lazos con la Unión más que el de
redefinir la relación. El gobierno, seguro como estaba de que
ganaría el ‘no’ al Brexit (su opción preferida) no quiso especular
con modelos alternativos por temor a estimular el ‘sí’.
La
tarea que ahora le queda por delante a Whitehall es impresionante.
Primero ha de elegir entre diversos modelos de vinculación con la
UE, y a continuación negociarlo internamente desde Westminster. A
seguido, acordar con los socios comerciales del RU en todo el mundo
los reajustes resultantes de convertir las relaciones
multilaterales del bloque europeo con países ‘Otros’, a
relaciones bilaterales. Esto será especialmente
significativo en el caso del proyectado Tratado de Comercio e
Inversiones de la UE con los Estados Unidos. Y lo más intimidatorio
de todo: trasponer las más de 12.000 leyes y reglamentos que unen el
RU y la UE, y trasladarlos a las relaciones bilaterales de
Londres con cada uno de los países miembros de la Unión.
Es lo que tienen los referéndums: que frecuentemente les sale el tiro por la culata.
(*) Periodista
No hay comentarios:
Publicar un comentario