jueves, 13 de diciembre de 2018

El terremoto de hoy en Lorca es el más fuerte registrado en esta ciudad desde mayo de 2016


LORCA.- El terremoto de 3,5 grados de magnitud en la escala de Richter registrado hoy en Lorca es el más fuerte desde el 3 de mayo de 2016, cuando la localidad se vio afectada por un seísmo de 3,7 grados cuando faltaba apenas una semana para el quinto aniversario de los devastadores temblores del año 2011.

El Ayuntamiento de Lorca confirma que, de momento, no hay constancia de daños registrados como consecuencia del terremoto de magnitud 3,5 que ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este jueves en Lorca.
Aunque no se han suspendido las clases en la mayoría de colegios e institutos, la Consejería de Educación informó de que los directores del colegio San Fernando y el IES Pérez Casas decidieron cancelar la jornada lectiva.
No obstante, fuentes de la Consejería de Educación confirmaron que «no hay daños en ninguna estructura de los centros educativos de Lorca».
El Consistorio ha confirmado que el terremoto se ha notado «bastante» porque el epicentro se ha situado a un nivel muy superficial, a un kilómetro de profundidad. De momento, «solo ha habido una veintena de llamadas pero sin constancia de ningún daño, por lo que hay que continuar con la normalidad».
En este sentido, el Consistorio ha reconocido que el terremoto ha coincidido con la entrada de los niños a clase, por lo que se ha retrasado el acceso, pero una vez que ha concluido el temblor ha continuado la normalidad en las aulas y no se van a suspender, ni en colegios ni en institutos.
El protocolo indica que, en estos casos, hay que evacuar las aulas durante el terremoto pero, una vez concluido el episodio y puesto que no se han reportado daños, las clases deben continuar. No obstante, el Ayuntamiento señala que los padres «están en su derecho de recoger a los niños» pero que «lo más normal es que entren a clase, con normalidad».
El Ayuntamiento explica que, en terremotos de esta intensidad y de estas características, no se activa el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región (SISMIMUR) y el protocolo establece informar a la población y estar «atentos» a la situación.
El concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha informado que «el Instituto Geográfico Nacional ha constatado el seísmo localizado en el municipio a las 8.58 horas con una magnitud de 3*5 grados en la escala Richter y una profundidad de 1 kilómetro».
Bayonas ha indicado que «se han recibido apenas poco más de una veintena de llamadas alertando de la emergencia, pero sin reportar ningún tipo de daño. Hay que recordar que lo fundamental en este tipo de situaciones es mantener la calma y, puesto que los seísmos no se pueden prever, la mejor manera de protegerse es estando bien informado y preparado».
La sismóloga de la red sísmica nacional, Lucía Lozano, mandó un mensaje de tranquilidad a la población murciana y, de forma particular, a los lorquinos, que se vieron sobresaltados a primera hora de la mañana por un terremoto de magnitud 3,5 y una profundidad, tan solo, de 1 kilómetro, lo que ha hecho saltar las alarmas en un primer momento.
Según Lozano, este tipo de seísmos entra dentro de la «normalidad» para la sismicidad de la zona por cuanto el sureste peninsular es la zona de mayor peligrosidad sísmica y, más en concreto, la falla de Alhama de Murcia, es que «de las más activas de España».
 Así, la falla de Alhama «tiene varias decenas de kilómetros de longitud» y va desde Murcia hasta Puerto Lumbreras, pasando por distintos municipios de la Región, explicó.
No obstante, Lozano insistió en llamar a la calma ya que, aunque no se puede predecir si habrá más terremotos, lo que sí dejó claro es que este tipo de movimientos sísmicos, debido a la zona en la que se encuentra la Región, entran dentro de lo normal. De hecho, puntualizó que en lo que llevamos de año (marzo, abril y mayo) se registraron terremotos de mayor magnitud, como los de Albudeite (sendos de 3.9 y 3.6) y Caravaca (3.6).
El terremoto de hoy en Lorca se registró a las 8.58 horas de este jueves, de magnitud 3,5 e intensidad 3, a un kilómetro de profundidad y se sintió en más de una treintena de poblaciones de la Región de los municipios de Lorca, Mazarrón, Totana, Águilas, Bullas, Mula, y Puerto Lumbreras.
 El '1-1-2' no tuvo constancia de daños materiales ni personales, según fuentes del Instituto Geográfico Nacional y del Centro de Coordinación de Emergencias.
En 2016 otro seísmo se registró a mediodía y tuvo epicentro en el sur de Aledo, a diferencia del de hoy, cuando el epicentro se ha situado al oeste del casco urbano.
Este último seísmo ha provocado como aquel el desalojo preventivo de algunos centros de enseñanza.
Su hipocentro, a solo un kilómetro de profundidad, ha provocado que sea ampliamente sentido por la población, aunque como el de hace dos años no ha causado daños.
El terremoto de 3,5 grados de magnitud en la escala de Richter que hoy ha sacudido Lorca y que ha puesto en situación de alerta a toda la población, pese a no haber causado daños, se suma a la larga historia sísmica de la ciudad, con temblores relevantes documentados desde el siglo XVI.
De esa centuria es uno de los más destructivos, el gran seísmo del 30 de enero de 1579, que es el primer temblor documentado en los archivos de la ciudad.
Aunque existe poca documentación sobre él, se sabe que su intensidad alcanzó el grado VIII en la escala M.S.K.
Este seísmo fue recogido en las actas capitulares del Concejo de Lorca el 3 de febrero de 1579 como el principal de una serie de temblores que sacudieron la ciudad aquel año.
En su informe sobre los graves terremotos del 11 de mayo de 2011 -la mayor catástrofe sísmica del siglo XXI en España- el Instituto Geológico Nacional (IGN) incluyó hace unos años una reseña de terremotos destacados en la historia de la ciudad, en el que este encabeza la lista al ser el más antiguo de los que se tienen noticia.
Los sitúa «dentro de una serie sísmica sin poder especificar su duración», en la que el 30 de enero se produjo «un terremoto más intenso que el resto de los acaecidos, durante el cual muchos vecinos abandonaron la ciudad por haber quedado las 'casas y edificios muy a peligro y arruinadas', según un documento del Archivo Municipal de Lorca que no informa a de la existencia de víctimas mortales.
El próximo 29 de enero se cumplirá el décimo tercer aniversario de los seísmos que sacudieron en 2005 las pedanías de La Paca y Zarcilla de Ramos.
El principal tuvo 4'7 grados en la Escala de Richter que causó daños a más de 900 viviendas y fue seguido de una serie de réplicas compuesta por más de 300 movimientos telúricos.
Tras los de 2005 los dos temblores de la tarde del 11 de mayo de 2011 son los más graves de los últimos años y con 4,7 y 5,1 grados de magnitud fueron responsables de la muerte de nueve personas, de heridas a 324 y del derribo de más de mil viviendas.
Todo el patrimonio histórico y las principales infraestructuras de la ciudad resultaron dañadas y los daños se cifraron en su día en mil millones de euros.

Recomendaciones habituales 

El concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha informado que "el Instituto Geográfico Nacional ha constatado el seísmo localizado en el municipio a las 8:58 horas con una magnitud de 3´5 grados en la escala Richter y una profundidad de 1 kilómetro".
Bayonas ha indicado que "se han recibido apenas poco más de una veintena de llamadas alertando de la emergencia, pero sin reportar ningún tipo de daño. Hay que recordar que lo fundamental en este tipo de situaciones es mantener la calma y, puesto que los seísmos no se pueden prever, la mejor manera de protegerse es estando bien informado y preparado". Por ello se trasladan las siguientes recomendaciones básicas habituales que siempre es conveniente tener en cuenta en nuestro día a día:
Antes de que se produzcan:
1. Tenga preparados: botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. y algunas provisiones en sitio conocido por todos. Sepa cómo desconectar la luz, el gas y el agua.
2. Prevea un plan de actuación en caso de emergencia y asegure el reagrupamiento de la familia en un lugar seguro.
3. Confeccione un directorio telefónico para, en caso de necesidad, poder llamar a los servicios de emergencias, Bomberos, Asistencia Sanitaria o Policía. Aunque siempre puede recurrir al 112 como central de emergencias
4. No coloque objetos pesados encima de muebles altos, asegúrelos en el suelo. 
5. Fije bien a las paredes muebles como armarios, estanterías, etc. y sujete aquellos objetos que pueden provocar daños al caerse, como cuadros, espejos, lámparas, productos tóxicos o inflamables, etc.
6. Revise la estructura de su vivienda y, sobre todo, asegúrese que chimeneas, aleros, revestimientos, balcones, etc. tengan una buena fijación a los elementos estructurales. Si fuera necesario, consulte a un técnico en construcción.
Durante un terremoto:
Si el terremoto no es fuerte, tranquilícese, acabará pronto. Si el terremoto es fuerte, mantenga y transmita la calma. Agudice la atención para evitar riesgos y recuerde las siguientes instrucciones:

a. Si está dentro de un edificio, quédese dentro; si está fuera, permanezca fuera. El entrar o salir de los edificios sólo puede causarle accidentes. 
b. Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón y proteja su cabeza.
c. No utilice el ascensor y nunca huya precipitadamente hacia la salida. 
d. Apague todo fuego. No utilice ningún tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, etc.) durante o inmediatamente después del temblor. 
e. Fuera de un edificio, aléjese de cables eléctricos, cornisas, cristales, pretiles, etc. 
f. No se acerque ni penetre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos (cristales, cornisas, etc.). Vaya hacia lugares abiertos, no corra y cuidado con el tráfico. 
g. Si va en coche cuando ocurra el temblor, párelo donde le permita el permanezca dentro del mismo, retirado de puentes y tajos.

Después de un seísmo de gran intensidad:
- Guarde la calma y haga que los demás la guarden. Impida cualquier situación de pánico. 
- Compruebe si alguien está herido, préstele los auxilios necesarios. Los heridos graves no deben moverse, salvo que tenga conocimientos de cómo hacerlo; en caso de empeoramiento de la situación (fuego, derrumbamiento, etc.) muévalo con precaución. 
- Compruebe el estado de las conducciones de agua, gas y electricidad, hágalo visualmente y por el olor, nunca ponga en funcionamiento algún aparato. Ante cualquier anomalía o duda, cierre las llaves de paso generales y comuníquelo a los técnicos o autoridades. 
- No utilice el teléfono. Hágalo solo en caso de extrema urgencia. Conecte la radio para recibir información o instrucciones de las autoridades. Es preferible la comunicación por datos (Internet o mensajes) que por voz. 
- Tenga precaución al abrir armarios, algunos objetos pueden haber quedado en posición inestable. 
- Utilice botas o zapatos de suela gruesa para protegerse de los objetos cortantes o punzantes. 
- No repare de inmediato los desperfectos, excepto si hay vidrios rotos o botellas con sustancias tóxicas o inflamables. 
- Apague cualquier incendio, si no pudiera dominarlo contacte inmediatamente con los bomberos. 
- Después de una sacudida muy violenta salgan ordenada y paulatinamente del edificio que ocupen, sobre todo si éste tiene daños. 
- Aléjese de las construcciones dañadas. Vaya hacia áreas abiertas. 
- Después de un terremoto fuerte siguen las réplicas que pueden ser causa de destrozos adicionales, especialmente en construcciones dañadas. Permanezca alejado de éstas. 
- En construcciones con daños graves no entre hasta que sea autorizado. 
- Consuma agua embotellada o hervida. 

COLABORE CON LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS
- Actúe según las normas o recomendaciones ante Emergencias Sísmicas y las directrices de los servicios de emergencias. 
- No se deje influenciar por rumores, tampoco los propague. Conecte la radio y siga las instrucciones que dicten las autoridades en www.lorca.es, en twitter @AytoLorca o www.facebook.es/ayuntamientolorca. 
- Informe a las autoridades de los destrozos graves en edificaciones, sobre todo de aquellas que amenacen con derrumbarse en zonas de tránsito. Comunique la existencia de material peligroso (productos radioactivos, tóxicos, etc.) o cualquier hecho (incendio, explosiones, etc.) que amenace con aumentar o desencadenar más daños. 
- Trabaje junto a los servicios de emergencias y bajo sus órdenes. La coordinación es imprescindible. Colabore en la ayuda a heridos, enfermos, niños y ancianos. 
- Atienda las llamadas que hagan las autoridades. No acuda a las zonas afectadas si no se le solicita. Curiosear es peligroso y dificulta las labores de socorro. 
- No utilice el coche ya que hay peligro de accidentes e impide las ayudas externas. 
- Utilice el teléfono sólo en casos extremos. Economice sus recursos (agua, alimentos, etc.). Colabore con sus vecinos

El número de pasajeros creció un 6,4% en Murcia-San Javier entre enero y noviembre

SAN JAVIER.- El aeropuerto de Murcia-San Javier registró entre enero y noviembre un total de 1.226.714 pasajeros, lo que supone un incremento del 6,4% con respecto al mismo periodo de 2017, según informó  Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).

En cuanto a movimientos de aeronaves, en los pasados once meses de este año se contabilizaron 8.767 operaciones de aterrizaje y despegue, un 5,7% más que entre enero y noviembre del ejercicio anterior.
Durante el mes de noviembre, un total de 48.603 pasajeros utilizaron las instalaciones del Aeropuerto de Murcia-San Javier, un 3,3% más que en el mismo mes de 2017, y se gestionaron 403 movimientos de aeronaves, lo que representa un aumento del 3,3%. 
El aeropuerto de Murcia-San Javier acumula así 26 meses consecutivos de crecimiento en el número de pasajeros que aterrizan o despegan desde sus instalaciones, según destacó Aena en un comunicado de prensa.

'Sacyr', participada por 'Fuertes', tendrá que devolver 225 millones por anticipos de las obras del Canal de Panamá


MADRID.- La Cámara Internacional de Comercio (ICC) de Miami dictaminó este miércoles que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), del que Sacyr es accionista mayoritario y participado por el grupo murciano Fuertes, tendrá que devolver un total de 547,96 millones de dólares (482 millones de euros) a Panamá por el anticipo que recibió de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a principios de 2009 para comenzar las obras de ejecución del proyecto del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá, según El País

La constructora española tendrá que pagar 225 millones de esa cantidad. Quedan pendientes otros 290 millones de anticipos cuya resolución está prevista para el próximo marzo en un juzgado de Londres.
El consorcio GUPC anunció este miércoles que respeta el laudo arbitral, el cual no afecta al resto de procesos en curso (un total de cinco). En estas, el consorcio reclama al Estado de Panamá 3.600 millones de dólares (3.200 millones de euros) por sobrecoste de las obras. Del total que debe devolver el consorcio, a Sacyr le corresponde el 41% (225 millones), mientras el resto corresponde a sus socios Impregilo, Jan de Nul y la local Constructora Urbana.
GUPC solicitó en enero de 2017 un arbitraje para determinar de forma inequívoca que la devolución de estos anticipos se debía producir a la vez que se resolvieran los laudos de los arbitrajes técnicos por los sobrecostes. Estos deberán dictar qué parte es la responsable de los costes imprevistos que surgieron a lo largo del proyecto. 
A criterio de GUPC, ese es el espíritu del acuerdo firmado en 2014, aunque el documento fijara como fecha tentativa devolver los anticipos junio de 2018. Entonces todas las partes estaban convencidas de que ese era un plazo razonable para resolver todas las resoluciones pendientes.
Pero la realidad es que, debido a la complejidad de los arbitrajes, los procesos están llevando más tiempo del previsto en un inicio. Fuentes del consorcio recuerdan que el tercer juego de esclusas del canal lleva operativo desde junio de 2016 y genera ingresos para ACP y el Estado de Panamá.
Para hacer frente a las obligaciones financieras puntuales que el laudo ha establecido, Sacyr firmó un crédito sindicado de 225 millones de euros por un periodo de cinco años, con dos de carencia, que permitirá afrontar la devolución de la parte de los anticipos que le corresponden. 
Esta operación se hace de forma independiente a la evolución de los negocios de Sacyr. La compañía tiene previsto amortizar el préstamo concedido conforme se vaya produciendo el desenlace final de los diversos arbitrajes existentes, en los que espera una solución favorable a sus intereses. En caso de no ganar, tendrá que hacer frente a los pagos buscando una nueva financiación.
El laudo resuelto este miércoles también establece que la ACP debe abonar a GUPC los gastos de mantenimiento no abonados hasta la fecha, por valor de 36 millones de dólares más los intereses.

Versión de 'Sacyr'

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que construyó el nuevo juego de esclusas de la ampliación del Canal de Panamá, deberá pagarle a la vía acuática más de 847,6 millones de dólares que el consorcio internacional, que integra entre otras la empresa española Sacyr, había recibido como anticipos.
Así lo determinó un laudo arbitral del que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) fue notificada hoy, en el cual el Tribunal Arbitral determinó que el consorcio deberá "pagarle los adelantos iniciales los cuales ascienden a 547.958.819,42 dólares; y los adelantos adicionales, los cuales ascienden a 299.671.507.68 dólares, que suman 847.630.327,10 dólares".


"La ACP continuará ejerciendo todas las acciones que en derecho le asisten para el cobro inmediato de dichos adelantos que se encuentran pendientes de pago y que se encuentran debidamente garantizados por Cartas de Créditos y Garantías Corporativas", dijo el organismo autónomo panameño en un comunicado oficial.
El GUPC, integrado por Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul, y la panameña CUSA, se adjudicó en el 2009 el contrato de diseño y construcción de las nuevas esclusas del Canal de Panamá por un monto de 3.118 millones de dólares.
El consorcio sin embargo ha elevado a la fase de arbitraje reclamos por un total de 5.393 millones de dólares, de los cuales están pendientes los correspondientes a 5.199 millones de dólares, dijo en julio pasado el administrador de la ACP, Jorge Quijano.
La administración del Canal, por donde pasa cerca del 6 % del comercio mundial, recordó ayer miércoles que le otorgó una serie de anticipos al GUPC "para la ejecución del contrato".
Añadió que el consorcio interpuso un arbitraje internacional en el que solicitó que se "declarara que esos los adelantos "no habían vencido, con lo cual no eran líquidos ni exigibles hasta que la totalidad de sus reclamos fuesen resueltos en arbitraje".
Este arbitraje se llevó a cabo conforme al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami (EE.UU.) y determinó que el consorcio deberá pagarle a la ACP adelantos que suman "847.630.327,10 dólares".
"La ACP queda autorizada para cobrar de manera inmediata la Garantía emitida por UniCredit AG, sucursal de Londres, por el monto de 13.186.719 dólares para garantizar el pago de los intereses generados desde la fecha de vencimiento de los adelantos iniciales hasta el 16 de diciembre de 2018", indicó el comunicado oficial.
Indicó además que "Grupo Unidos por el Canal S.A. Sacyr S.A., Salini-Impregilo S.p.A., Jan De Nul N.V., Constructora Urbana S.A., y Sofidra S.A. deberán reembolsar" a la ACP "395.000 dólares en concepto de costas y gastos de los Miembros del Tribunal y gastos administrativos de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI".
"Grupo Unidos por el Canal S.A. Sacyr S.A., Salini-Impregilo S.p.A., Jan De Nul N.V., Constructora Urbana S.A. y Sofidra S.A. deberán pagar" a la ACP "5.444.478,50 dólares como contribución a las costas legales y demás gastos incurridos por la ACP en relación con el arbitraje", dijo el organismo.
Agregó que "todas las demás solicitudes de resarcimiento requeridas por GUPCSA fueron denegadas", sin dar más precisiones.
Por su parte, este miércoles Sacyr informó en Madrid de que el GUPC debe devolver a la ACP anticipos por importe de 547,9 millones de dólares (482 millones de euros), que fueron entregados en 2009 en concepto de costes de movilización e instalación de plantas.
Según Sacyr, la fecha tentativa de la eventual devolución se había fijado en junio de 2018, ya que las partes entendían que daría tiempo a que se dictaran las resoluciones, pero debido a la complejidad de los arbitrajes, los procesos exigirán un plazo más dilatado.
De acuerdo con el comunicado de Sacyr, GUPC respeta la fecha de devolución de los anticipos.
La empresa española destacó que el laudo también establece que la ACP debe abonar a GUPC los gastos de mantenimiento no pagados hasta la fecha, que ascienden a 36 millones de dólares (31,6 millones de euros) más intereses.
Al respecto, la ACP dijo en su comunicado que "no estaba autorizada para retener montos pagaderos a GUPCSA relacionados con los Servicios de Mantenimiento, con lo cual deberá devolverle a GUPCSA dichos montos".


Se desploma en Bolsa


Las acciones de Sacyr se desploman más de un 13,5 %, la mayor caída de la Bolsa española, un día después de conocerse un nuevo laudo que obliga al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), del que forma parte la firma, a devolver a la Autoridad del Canal de Panamá anticipos por 482 millones de euros.
Al mediodía los títulos de la constructora española se intercambian a 1,63 euros, desde los 1,88 a los que cerró la víspera.
Con todo ello, desde comienzos de año las acciones de Sacyr han perdido más de un 27 % de su valor.
Sacyr, que cuenta con una participación del 41,6 % en GUPC, señaló en un comunicado que el laudo no afectará "de ninguna manera" a la evolución de sus negocios, y explicó que cuenta ya con un crédito sindicado de 225 millones de euros que le permitirá devolver la parte de los anticipos que le corresponden como accionista del Grupo.
El laudo de la Cámara de Comercio de Miami se refiere a los anticipos recibidos por GUPC para ejecutar el proyecto del tercer juego de esclusas del canal de Panamá, que está operativo desde junio de 2016.
Estos anticipos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se recibieron al inicio de la obra, en 2009, en concepto de costes de movilización e instalación de plantas y su importe ascendía a 547,9 millones de dólares (482,8 millones de euros).
Además de Sacyr, también forman parte de GUPC la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana S.A. (CUSA).

Sacarse el carnet de conducir será más difícil (y más caro) en 2019

MADRID.- La Dirección General de Tráfico (DGT) está dispuesta a afrontar modificaciones importantes en el Reglamento General de Conductores antes de que finalice la presente legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez. Y uno de los procesos que se verán afectados es el de la obtención del permiso de conducir, para lo que se está trabajando en el borrador de un Real Decreto con la intención de que entré en vigor a partir del 1 de julio de 2019.
 
Los cambios afectarán tanto a la formación del aspirante como al procedimiento de examen, que pretende ser más riguroso y exhaustivo buscando una mejor preparación de los conductores durante su formación. Estas son algunas de las medidas principales que baraja la DGT para su próxima aprobación y puesta en marcha.
La formación teórica para la obtención del permiso constará de al menos ocho horas presenciales de clases en la autoescuela, complementarias a las que el aspirante quiera realizar por cuenta propia. En ellas se pondrá el acento en cuestiones de trascendencia como los colectivos vulnerables, los factores de riesgo, las distracciones y el uso de sistemas de seguridad. También incluirán testimonios de víctimas de accidentes que ayuden a la concienciación de los alumnos.

En los exámenes teóricos se utilizarán medios audiovisuales, con vídeos sobre los que se realizarán preguntas concretas a los aspirantes. Además, los errores que se cometan en las respuestas no podrán superar el 10% de las preguntas (en la actualidad ese porcentaje es del 20%).
 Se modifica la edad mínima para la obtención de determinados permisos. Los de tipo C, D, D1, C+E, D+E y D1+E serán accesibles a partir de los 18 años (en la actualidad de 24 o 21 según el carnet) siempre que el aspirante disponga de un Certificado de Aptitud Profesional.
El permiso B, el habitual de coches, servirá para más vehículos en el caso de los conductores con dos años de antigüedad de carnet. A partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento, podrán conducir vehículos de mercancías de más de 3.500 kilos y hasta 4.250 kilos.
La repetición del examen práctico para aquellos aspirantes que no lo superen se dilatará en el tiempo. Tras el primer suspenso habrá que esperar un mínimo de 15 días para volver a realizarlo, entre la segunda y tercera convocatoria el plazo será de al menos 30 días y en las consecutivas deberá haber un margen mínimo de 20 días. Entre uno y otro intento, el alumno recibirá como mínimo cinco clases prácticas más.
Los aspirantes al carnet de moto (A1 y A2) que sufran alguna dificultad auditiva (que les impida recibir correctamente por un intercomunicador las instrucciones del examinador) contarán con un sistema de navegación GPS que les permita completar el recorrido.
Las pruebas de circulación y habilidad de moto se deberán realizar con un equipamiento mínimo de seguridad, compuesto de casco homologado, guantes, chaqueta y pantalones específicos para esta actividad y botas de cuero o sintéticas que protejan los tobillos.

La prensa suelta lastre: sus gastos operativos caen a la mitad desde 2007

MADRID.- El relato de la crisis ha dominado la crónica de la industria de la prensa desde 2007. Diez años después del estallido de la burbuja, no hay grupo del sector que no haya pasado por un ERE -si no varios- para redimensionar sus plantillas al modelo digital de escasez actual, según dircomfidencial.com.

Ninguna magnitud ha resistido el azote de la crisis de la prensa. Especialmente los ingresos de explotación, que han pasado de sumar 2.980 millones de euros en 2007 (su pico histórico) a representar 1.351 millones el año pasado. Dicho de otra forma, el negocio de los diarios de información ha quedado reducido a menos de la mitad en apenas una década. Hasta aquí nada nuevo que no se haya contado ya.
Frente a esta caída descomunal en la vía publicitaria y la venta de ejemplares, es de destacar que en el camino de los medios escritos hacia estructuras más ligeras y horizontales sus gastos operativos han tenido un comportamiento similar.
Y es que de acuerdo con los datos aportados recientemente en el Observatorio de Prensa de la Asociación de Medios de Información (AMI), los costes de la prensa se han reducido un 49% en este periodo. 
De los 2.610 millones de euros que gastó todo el sector de forma conjunta en 2007 (también el punto más alto) se ha pasado a 1.351 millones en 2017.
La patronal estima en su informe que el 2018 cerrará con un gasto de 1.291 millones de euros, lo que representaría un descenso del 4%. De cumplirse esta expectativa, la partida de consumos y aprovisionamientos quedaría en 279 millones de euros, un 8% menos; mientras que la de personal caería un punto porcentual, hasta los 379,4 millones.
Este ahorro en los costes se ha logrado a base de severas medidas de ajustes, que van desde el despido de millares de periodistas -centenares en el caso de los principales grupos de prensa- a reducciones de las tiradas en los periódicos de papel.  
El ahorro en los costes también se ha buscado por medio de operaciones como la sellada por Prisa y Vocento a finales del 2017, por la que El País, Cinco Días y As pasaban a imprimirse en Rotomadrid, la imprenta de ABC, desde principios este año. Esta decisión se acordó tras el cierre de Pressprint.
Además de reduciendo el consumo de papel para ajustarse a la menor difusión, empresas como Unidad Editorial han ajustado su partida de gastos revisando la calidad del papel en el que se imprimen sus publicaciones o extremando el ahorro.

'Navantia' inicia las votaciones para aprobar su Plan Estratégico

CÁDIZ.- Si las cuentas no fallan, Navantia aprobará definitivamente su nuevo marco laboral y su ambicioso Plan Estratégico el próximo 20 de diciembre. Los astilleros públicos están preparados para iniciar las votaciones a partir de este jueves. La planta de Puerto Real será la primera en emitir el voto y se ha adelantado el sufragio debido a cambios en el calendario de entrega del petrolero, elMonte Urquiola, cuyas pruebas de mar se habían programado entre el 14 y el 23 de diciembre, pero se aplazan a enero, según La Voz de Cádiz.

La votación es clave para sacar adelante el Plan Estratégico de la compañía del que ya existe un principio de acuerdo, firmado la pasada semana en Madrid. El sindicato CC OO, especialmente la representación de Puerto Real en la mesa negociadora, era la más reticente a dar el visto bueno definitivo al preacuerdo.
De hecho, CC OO celebró este martes asambleas con sus afiliados en los centros de Cartagena, San Fernando, Cádiz, Ferrol-Fene y oficinas y, salvo en el departamento de administración, los afiliados de CC OO han respondido favorablemente de manera mayoritaria.
El 81% dio el visto bueno en la planta de Cartagena, mientras que en San Fernando fue del 91% y en Ferrol del 86%. La de Puerto Real se alzó con un apoyo del 84%.
De esta forma, CC OO desatranca la negociación y pone el preacuerdo en la línea de salida. Cada factoría ha fijado ahora un día de votación para refrendar el preacuerdo.
Así, la de Puerto Real se estrena hoy día 13, aunque no revelará los resultados hasta el día 18, en los astilleros gallegos y en las oficinas se votará el día 18, igual que en San Fernando. Todo apunta a que el Comité Intercentros que ha negociado con SEPI y Navantia el plan durante este año dará la bendición al Plan el día 20.
La mesa negociadora está compuesta por 8 representantes de CC OO, que han dado el apoyo, 4 de UGT, que se han manifestado abiertamente a favor del Plan, el CAT, con 3, Csif, 3, que también lo apoya, dos de MAS y otros dos de CIGA. Parece que la opinión de los sindicatos mayoritarios se impone.

Entre las novedades del plan destaca, por un lado, la aplicación de un convenio colectivo único para los astilleros públicos. Se trata de un acuerdo histórico, ya que Navantia contaba con varios marcos laborales que variaban según el centro de trabajo. El plan permite ahora la reunificación tanto de artículos, como de niveles y salarios..
Sin embargo, uno de los mayores logros de la negociación ha sido el preacuerdo para favorecer la salida de los empleados de más edad y permitir con ello el acceso a la savia nueva, es lo que se ha denominado el plan de rejuvenecimiento.

El responsable de Recurso Humanos de la empresa, Francisco Ramírez, que ha sido fichado ex profeso de Airbus para desarrollar este complicado y costoso proceso, presentó una propuesta sin precedentes con salidas a los 61 años.
Navantia prevé que entre 2019 y 2022, fecha de vigencia del plan, abandonen el tajo unos 2.200 empleados, de los que unos 800 corresponden a las factorías de la Bahía, como adelantó La Voz de Cádiz.
Este proceso de hará en dos fases. Entre 2019 y 2020 se aplicará un ERE, mientras que, entre 2021 y 2022, se aplicará la ley de relevos, ya que el contingente que abandona la empresa es menor.
En este mismo periodo de tiempo se prevé la incorporación de 1.658 personas, que supondrá el ingreso de 563 personas el primer año y de546, el segundo. El segundo remplazo de ingresos afectará a 390 personas en 2021 y a 150 en 2022.
La comparativa de salidas y ingresos arroja un déficit de plantilla de casi 600 personas, pero tanto la SEPI como Navantia se han comprometido a cubrir el agujero en función de las necesidades y la carga de trabajo.

Precisamente de carga de trabajo también queda reflejada en el plan estratégico y pone sobre la mesa la construcción en Puerto Real de tercer BAM, en este caso de apoyo a submarinos, para la Armada española.
Igualmente, el texto recoge la construcción en esta factoría de buque-ferry logístico para el transporte de tropas del Ejército de Tierra
La edad media de los trabajadores de Navantia ronda los 55 años. Casi la mitad del contingente ha superado el ecuador laboral y muchos de ellos ya orientan su futuro más inmediato hacia la soñada jubilación. El rejuvenecimiento de la plantilla era una de las asignaturas pendientes de la dirección de Navantia.

El Plan Estratégico ha sido diseñado para reforzar las capacidades de la compañía líder del sector naval español que se asientan en el área comercial y de operaciones, en la eficiencia operativa y en el programa de rejuvenecimiento de la plantilla.
El objetivo de este Plan pasa por aumentar los ingresos en los próximos años mediante el impulso de la contratación en el ámbito de la Defensa Nacional y de exportación, lo que implicará atender las necesidades de la Armada española así como el fomento de los modelos de negocio que aporten mayor valor añadido.
Navantia y los representantes sindicales están de acuerdo también en impulsar un plan de eficiencia operativa que permita desarrollar los principios del Astillero 4.0 y modernizar los centros mediante el uso de las nuevas tecnologías.
Para facilitarlo, se reorganizará la compañía para focalizar en la cuenta de resultados la visión del negocio, habrá una mayor optimización de los procesos productivos y se digitalizarán los astilleros preparando sus instalaciones para los nuevos programas.
En el capítulo de inversiones, el plan trasladado a la representación sindical prevé una media anual estimada de 95 millones de euros. 
En su mayor parte, irán destinados a la transformación digital y optimización de los procesos a través de las nuevas tecnologías, el apoyo a los programas, así como a la modernización de los astilleros.

El mal tiempo influye en el estado de ánimo del 85% de los murcianos

MURCIA.- Según los datos recogidos a nivel nacional por Daikin, la llegada del invierno, el descenso del número de horas de luz y de las temperaturas afectan de manera muy negativa al estado de ánimo de la población. En concreto en Murcia, a 8 de cada 10 murcianos (85%) les cambia el estado de ánimo con la llegada del invierno. Liderando así junto a País Vasco (85%) y Comunidad Valenciana (84%) los lugares donde los habitantes se ven más afectados. 

A nivel nacional, destaca que el 81% de los españoles digan verse afligidos por el mal tiempo. Frente a ellos, en comunidades como Aragón (66%) y Navarra (72%) el porcentaje de población que dice sentirse influido por los cambios en el tiempo es bastante inferior.
Según los resultados del barómetro, son por supuesto los fenómenos atmosféricos más habituales del invierno como el viento (31%), la lluvia (17%), el frío (16%) o la niebla (8%), los que más impacto negativo tienen sobre los murcianos, aunque no en todas las regiones se producen los mismos efectos.
En las comunidades del norte como País Vasco (50%) y Galicia (43%), zonas conocidas por sus chubascos constantes, es precisamente la lluvia la que tiene un impacto más negativo sobre estado de ánimo de sus habitantes. Sin embargo, en zonas como Castilla La Mancha apenas un 13% se ve afectado.
¿Pero cómo se enfrentan los murcianos a esta situación? A la hora de afrontar los cambios de temperaturas y el frío propio del invierno, el estudio refleja que los murcianos optan por combatirlo realizando actividades de ocio en sus casas (76%).
Entre las preferidas está quedarse en casa viendo una película o una serie, la cual es precisamente la opción perfecta para el 57% de los murcianos.
Por comunidades, canarios, murcianos y andaluces son los que más disfrutan de ella. Otra de las opciones de ocio más populares del invierno es quedarse en casa leyendo un libro (19%), la cual destacan en especial -y por encima de la media- los cántabros (23%) y los extremeños (23%).

Un anónimo desvela cómo se repartían las mordidas en el fraude de las obras del AVE entre Alicante y Murcia

MURCIA.- Un escrito sin firma enviado a la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia y que la Benemérita ha entregado al Juzgado de Instrucción que investiga el presunto fraude cometido en las obras del AVE describe la forma en que, supuestamente, se urdió el mismo y el modo en que se repartían las cantidades procedentes del exceso de facturación o de las facturas tachadas de falsas.

En un escrito entregado en el Juzgado se indica que el sobre iba dirigido al equipo de delincuencia económica de la misma y que aunque en el matasellos no figuraba el nombre completo de la ciudad donde fue depositado el mismo se puede deducir que esta población era Alicante, ya que solo falta la letra inicial.
El anónimo va encabezado con la leyenda "por si lo pueden considerar de interés para las diligencias de investigación en la "Operación César", nombre este último con el que fue denominado este presunto caso de corrupción en el que se investiga un supuesto delito de malversación de caudales públicos y otros en las obras del tramo del AVE ubicado entre Crevillente y Murcia.
El documento se refiere a la forma en que se promovió la percepción de mordidas y la manera en que se llevó a cabo el reparto de las mismas.
Y añade que para conseguir, presuntamente las mismas, el procedimiento que se utilizaba consistía en certificar obras no ejecutadas en unidades de difícil medición, como desvíos provisionales, o en unidades de difícil comprobación una vez ejecutadas las mismas, como excavaciones, entubaciones, etc.
El Juzgado ha dado traslado del anónimo al fiscal y a las demás partes personadas en las actuaciones.

El peso de la antigüedad sube del 30% al 40% en las oposiciones a la Administración regional

MURCIA.- La Mesa Sectorial de Administración y Servicios ha decidido elevar del 30% al 40% el peso que tendrá la antigüedad y los méritos en la nota final que saquen los interinos en las oposiciones a funcionario del próximo año. El acuerdo alcanzado esta mañana entre la Consejería de Hacienda y los representantes de los sindicatos establece además que los empleados eventuales podrán quedarse en la plaza que ocupan en este momento. 

A pesar de las facilidades para los interinos y empleados con contrato laboral aprobadas esta mañana en la mesa de negociación, CSIF mantiene la convocatoria de huelga de dos horas para el día 26 que anunció anoche, tras la celebración de una asamblea.
Este sindicato, al igual que Asociación de Funcionarios Interinos y Contratados Laborales de la Administración regional (AFIC), mantiene que la actual regulación permite a los empleados del Servicio Murciano de Salud competir por las plazas que salen a oposición en mejores condiciones, al considerar que tienen más antigüedad y que, por lo tanto, saldrán beneficiados en el concurso de méritos.
Los interinos y empleados con contrato laboral de la Administración regional se han movilizado para exigir mejores condiciones en las oposiciones. La protesta evitó que la Mesa Sectorial aprobara este martes las condiciones por las que se regirán las oposiciones. La Consejería de Hacienda, que ha vuelto a reunir esta mañana a los representantes sindicales, ha introducido algunas modificaciones en su propuesta inicial.
Según ha informado en una nota de prensa, la Comunidad y los representantes de los empleados públicos han acordado "promover la estabilidad laboral en la Administración regional, con la puesta en marcha de unas condiciones más favorables para el acceso del personal temporal a la nueva convocatoria de empleo, mediante la valoración de su experiencia en el desempeño de los puestos de trabajo".
En la Mesa Sectorial de negociación ambas partes establecieron los criterios de selección para la nueva convocatoria de Administración y Servicios, que consta de 1.561 plazas correspondientes a la oferta de empleo público y la oferta extraordinaria de 2017 y 2018.
De esta cantidad, 1.045 plazas serán convocadas dentro del proceso consolidación del empleo temporal y 322 serán de promoción libre. A esta cifra se suman otras 196 de promoción interna.
La directora general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Carmen María Zamora, señaló al respecto que "todas las medidas adoptadas facilitan la consolidación de los puestos de trabajo que ya desempeñan los funcionarios interinos y a la vez respetan los principios de libre concurrencia y de igualdad de oportunidades, inherentes a cualquier proceso de selección de empleo público".
El proceso selectivo se basa en un concurso-oposición que otorga un 40 por ciento de la nota final a la valoración de los méritos y el 60 por ciento restante a la puntuación obtenida en el examen tipo test. 
Así se amplían los baremos iniciales, que otorgaban el 70 por ciento de la nota final al examen y el 30 por ciento a los méritos aportados.
Los méritos aportados se valorarán con cuatro puntos, de los que 0,5 se otorgarán a los candidatos que hayan aprobado alguna de las últimas tres oposiciones del mismo cuerpo, escala y opción sin conseguir plaza.
Los otros 3,5 puntos se repartirán de la siguiente manera: dos puntos por servicios prestados en la Administración regional en el mismo cuerpo, escala y opción o con funciones similares, un punto por servicios prestados en cualquier administración y otros 0,5 puntos por formación.
"Introducimos estas modificaciones para que prime la experiencia laboral en el caso de los empleados que ya ocupan un puesto de trabajo y evitar, en la medida de lo posible, que tengan que abandonarlo por la apertura de un proceso selectivo, ya que se trata de estabilizar el empleo", añadió la directora general.
La Comunidad sostiene que los nuevos criterios de selección "garantizan que los interinos que aprueban la oposición pueden permanecer en los puestos de trabajo que desempeñan en la actualidad. 
Además, se creará una lista de espera para los candidatos que no obtengan plaza, en la que se contabilizarán los últimos diez años de antigüedad y las personas que ya están en las listas tienen garantizada su continuidad, proporcionándoles así mayor seguridad de permanencia en su trabajo".
Las plazas convocadas por el turno de libre acceso siguen manteniendo los criterios de valoración, que son el 80 por ciento de la puntuación para la fase de oposición y el 20 por ciento para el concurso de méritos.

Los interinos que aprueben la oposición podrán permanecer en los puestos que desempeñan

MURCIA.- La Comunidad Autónoma y los representantes de los empleados públicos han acordado este jueves promover la estabilidad laboral en la Administración regional, con la puesta en marcha de unas condiciones más favorables para el acceso del personal temporal a la nueva convocatoria de empleo, mediante la valoración de su experiencia en el desempeño de los puestos de trabajo.

Así, los nuevos criterios de selección garantizan que los interinos que aprueban la oposición pueden permanecer en los puestos de trabajo que desempeñan en la actualidad.
Además, se creará una lista de espera para los candidatos que no obtengan plaza, en la que se contabilizarán los últimos diez años de antigüedad y las personas que ya están en las listas tienen garantizada su continuidad, proporcionándoles así mayor seguridad de permanencia en su trabajo.
En la Mesa Sectorial de negociación ambas partes han establecido los criterios de selección para la nueva convocatoria de Administración y Servicios, que consta de 1.561 plazas correspondientes a la oferta de empleo público y la oferta extraordinaria de 2017 y 2018.
La directora general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Carmen María Zamora, ha explicado, al respecto, que "todas las medidas adoptadas facilitan la consolidación de los puestos de trabajo que ya desempeñan los funcionarios interinos y a la vez respetan los principios de libre concurrencia y de igualdad de oportunidades, inherentes a cualquier proceso de selección de empleo público".
El proceso selectivo se basa en un concurso-oposición que otorga un 40 por ciento de la nota final a la valoración de los méritos y el 60 por ciento restante a la puntuación obtenida en el examen tipo test. Así se amplían los baremos iniciales, que otorgaban el 70 por ciento de la nota final al examen y el 30 por ciento a los méritos aportados.
Los méritos aportados se valorarán con cuatro puntos, de los que 0,5 se otorgarán a los candidatos que hayan aprobado alguna de las últimas tres oposiciones del mismo cuerpo, escala y opción sin conseguir plaza. 
Los otros 3,5 puntos se repartirán de la siguiente manera: dos puntos por servicios prestados en la Administración regional en el mismo cuerpo, escala y opción o con funciones similares, un punto por servicios prestados en cualquier administración y otros 0,5 puntos por formación.
"Introducimos estas modificaciones para que prime la experiencia laboral en el caso de los empleados que ya ocupan un puesto de trabajo y evitar, en la medida de lo posible, que tengan que abandonarlo por la apertura de un proceso selectivo, ya que se trata de estabilizar el empleo", ha explicado la directora general.
Las plazas convocadas por el turno de libre acceso siguen manteniendo los criterios de valoración, que son el 80 por ciento de la puntuación para la fase de oposición y el 20 por ciento para el concurso de méritos.

Hugo Morán: "No hay ninguna razón para que el trasvase no siga funcionando como hasta ahora"


MURCIA.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado hoy que "no está en la hoja de ruta del Gobierno prescindir de ninguna de las infraestructuras de suministro de agua", incluido el trasvase Tajo-Segura, que seguirá funcionando "como hasta ahora".

Así se lo ha trasladado esta mañana a los periodistas antes de reunirse con los representantes de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que hoy celebran su consejo de administración en Murcia.
Morán ha señalado que no hay "ninguna razón para que el trasvase no siga funcionando como hasta ahora", pero ha recordado que su funcionamiento está sujeto a un recurso, la disponibilidad de agua, que no depende de "decisiones políticas, sino de ciclos naturales".
Preguntado sobre las acusaciones vertidas por el PP contra el Gobierno central de querer "paralizar" los envíos de agua del trasvase, ha considerado que ese partido ha tenido "bastante experiencia", pues se enfrentó a once meses consecutivos de trasvase cero entre 2017 y 2018.
Al gobierno le toca ahora, ha dicho, "revertir la situación de parálisis" en las inversiones para el desarrollo de infraestructuras, ya que en 2010 se invertía una media de entre 1.000 y 1.200 millones de euros anuales en esa materia, mientras que en 2015 "se tocó fondo" con solo 300 millones de inversión.
Asimismo, ha señalado que ahora se destinan unos 500 millones anuales, cifra que será difícil aumentar en los presupuestos de 2019, porque, según ha indicado, no se ha llegado siquiera a un acuerdo para ampliar el techo de gasto.
El agua, ha recordado, será un recurso cada vez más escaso y las previsiones sobre cambio climático apuntan a que la Península ibérica sufrirá un descenso de entre el 20 y el 40 por ciento de su capacidad hídrica, lo que obliga al Gobierno a avanzar en medidas para afrontar esa escasez.
Así, la voluntad del Ministerio para la Transición Ecológica es la de aumentar la capacidad de desalación en las infraestructuras ya existentes, llegando a duplicar su capacidad de producción de cara al año 2021, ha explicado Morán.
El Ministerio, ha añadido, no ha trasladado por el momento ninguna orden en relación con el precio del agua, tal y como adelantaban hoy algunos medios de comunicación, que apuntaban al fin de la denominada "tarifa de sequía" por la que se subvencionaban sus costes.
Morán ha recordado que, sobre ese asunto, hay abierto un expediente de infracción de la Unión Europea a España por incumplir los objetivos de gestión de costes de las instalaciones de desalación y el reto, una vez se dé respuesta a ese expediente, será el de equilibrar el precio que pagan los usuarios con los costes que generan las instalaciones para evitar su quiebra, ha indicado.
El secretario de estado se ha referido también a la desaladora de Torrevieja, en la que este verano se ejecutó una nueva instalación eléctrica para ampliar su capacidad y que, sin embargo, aún no ha aumentado su producción de agua porque, según ha explicado, está en proceso de resolución un expediente relacionado con la trasmisión de las obras ejecutadas a la empresa gestora, que está previsto que se resuelva de manera "inmediata".
En su opinión, "es posible garantizar en el futuro el abastecimiento de agua en todo el territorio con una planificación adecuada", por lo que diseñar una nueva política de agua es fundamental y, para ello, se está avanzando ya en la elaboración del "libro verde del agua", a través de un intenso proceso de diálogo con todos los agentes implicados.
Así, ha recordado que el Ministerio ha abierto ya una ronda de contactos con todas las confederaciones hidrográficas para poder conocer sus situaciones reales, y ahora ha decidido "ir más allá", con lo que el propio Morán visitará las confederaciones en sus territorios, comenzando hoy en Murcia por la del Segura, con cuyos dirigentes se ha reunido esta mañana.
Además, para contactar con todos los agentes implicados, se ha mantenido esta mañana el encuentro con la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que abastece para el consumo humano a 80 municipios de la Región de Murcia, Alicante y Albacete.
Morán se reunirá también con las comunidades de regantes de Totana.

La derecha ya ha ganado / Carlos Elordi *

Aunque los resultados andaluces no han sido precisamente un buen presagio para la izquierda, aún es pronto para hacer pronósticos sobre lo que ocurrirá en las próximas elecciones generales. Los que sí está claro es que la derecha ha logrado ya una gran victoria, seguramente irreversible. 

La de imponer su discurso, el del tremendismo sobre la crisis catalana, que ha acogotado al gobierno, cegándole cualquier salida alternativa que tuviera un mínimo fuste. Lo que queda en el aire es si las cosas podían haber sido de otra manera. Aunque es posible es que eso sólo produzca melancolía.

Se ha dicho mil veces que el éxito en política depende del buen manejo de los tiempos, de acertar con el momento en que se deben tomar las iniciativas. Pero tan importante como eso, e indisolublemente unido a lo anterior, es anticipar los movimientos que pueda hacer el rival. Pedro Sánchez ha fallado en ambos extremos y ya le es prácticamente imposible rectificar.

Empecemos por lo segundo. Hace seis meses, cuando triunfó la moción de censura, la percepción generalizada, y también la del nuevo gobierno socialista, era que la derecha estaba noqueada. El PP se esforzaba por improvisar un nuevo líder en medio de la perplejidad por haber perdido el poder y de enormes dificultades y graves tensiones internas. 

Por su parte, los líderes de Ciudadanos no conseguían ocultar que el cambio de gobierno les había pillado fuera de juego y que se habían quedado sin discurso.

Eso ocurrió durante algunas semanas. Pero luego cambió, poco a poco pero sin pausa. Y en La Moncloa no dieron muestra alguna de que se habían dado cuenta. De hecho, es posible que no lo hayan visto hasta hace nada: ¿por qué si no el CIS ha seguido recibiendo instrucciones de fantasear sobre el crecimiento electoral del PSOE?

Machacado y hundido en las encuestas, el PP ha sabido mantener el tipo. Pablo Casado, que al principio parecía un pelele que miraba al cielo, ha demostrado ser un líder tenaz, inasequible al desaliento a la hora de repetir un discurso elemental, trufado de falsedades y demagogia, pero que ha sonado bien para quien estaba dispuesto a escucharlo. 

Albert Rivera ha hecho más o menos lo mismo, siguiendo sustancialmente el mismo guion, lo cual algún día puede costarle caro.

Pero hacía falta algo más que eso para salir del agujero. Y concretamente dos cosas. La una tiene nombre y apellido. Se llama José María Aznar. La otra es el apoyo formidable que la derecha tiene en su escuadra mediática, que en política, y más en las particulares condiciones españolas, contribuye con un elemento sustancial: el de imponer el discurso, el de orientar a la gente sobre lo que es prioritario, sobre cuáles son los asuntos que de verdad importan.

Cataluña ha sido el tema escogido en esta situación. Porque Pedro Sánchez tenía que pactar con los independentistas para tirar adelante, porque ese movimiento daba argumentos un día sí y el otro también, y porque los sentimientos de desconfianza, si no de animadversión, hacia lo que ocurre más allá del Ebro son amplios y antiguos entre muchos españoles.

Desde un primer momento, Pablo Casado no solo no ocultó sino que alardeó de que Aznar era su líder. Necesitaba de esas fotos en la que se le veía sumiso ante el expresidente del gobierno para mostrar que su peso político era mucho mayor del que le conferían sus hasta entonces limitadas dotes y su mediocre trayectoria. Aznar es un personaje denostado e incluso despreciado en la izquierda, pero sigue teniendo un gran predicamento en la derecha y, en particular, en los círculos del poder.

Es lamentable que alguien como él sea en estos momentos un personaje crucial de la escena política española. Pero hay que reconocerle que su vieja idea de que solo se avanza insistiendo hasta la saciedad en unos pocos mensajes fuertes, pulida y repulida tras no pocos sinsabores, ha terminado triunfando. 

Siguiendo su consigna, públicamente expresada con su tosco estilo desde el púlpito de FAES, el PP y Ciudadanos han conseguido que la crisis catalana aparezca como el principal y casi único problema de España a los ojos de muchos españoles. La prensa de derechas ha contribuido sustancialmente al logro de ese objetivo.

Y Pedro Sánchez no ha sabido cómo salir de esa trampa. Podía haberlo hecho. Pero por lo que fuera –su temor a meterse en un terreno que podía terminar atrapándole, el de provocar la reacción de una parte significativa del PSOE, o la falta de un verdadero proyecto a medio y largo plazo- no se ha atrevido a dar los pasos que le habrían permitido sortear esa presión.

Que tenía que pactar con los independentistas para seguir caminando era obvio hace seis meses como lo sigue siendo ahora. Pero también lo era que tenía que abordar esa tarea desde el primer momento, aprovechando el aura de éxito que le había proporcionado la moción de censura. 

Sin esperar a nada, y menos a que ERC o Puigdemont rebajaran sus exigencias a cambio de su apoyo. Entablando negociaciones prácticamente una semana después de haber llegado a La Moncloa. Y dispuesto a pagar el coste que ello implicaba. Como hizo José María Aznar en 1996, cuando concedió a Pujol todo lo que éste pedía a cambio de votarle en la investidura.

Aunque parte de ese coste fuera decir que el 1 de octubre en Cataluña no hubo rebelión ni sedición o que los líderes independentistas tenían que salir a la calle. El mundo no se habría hundido por haber hecho eso. Sí, la derecha la habría armado. Pero se habría tenido que tragar unos nuevos presupuestos. Sánchez pareció darse cuenta de eso hace poco más de un mes, cuando era demasiado tarde.

Por cierto, su fallo no exime un ápice de culpa a los líderes independentistas catalanes en el fracaso. Si la derecha vuelve al gobierno un día, que puede no estar muy lejos, Cataluña lo va a pagar. Dicen que Puigdemont y Torra creen que ese escenario les va a favorecer. Allá ellos.



(*) Periodista


¿Quién miente, presidente? / Ramón Cotarelo *

La sesión monográfica de ayer nos dejó un cuadro bastante completo de la situación en Catalunya. Completo, sin embargo, no quiere decir que esté claro. El barullo y el griterío del Congreso y fuera del Congreso en relación con Catalunya impide el distanciamiento y la frialdad necesarios para entenderlo. 
 
En gran medida, la agitación está provocada para impedir un análisis de alguna utilidad. Está pensada para confundir, exasperar y llevar el conflicto a un punto de no retorno.

Interesados en la ceremonia de la confusión están todos aquellos que, no hace mucho, sostenían con suficiencia que la cuestión catalana, no tenía importancia, que era una algarada, una cortina de humo para ocultar la corrrupción del 3%; que el soufflé se desinflaría  por sí solo; que era cuestión de descabezar el movimiento independentista; que todo obedecía a la locura de un puñado de visionarios; que los personalismos se cargarían la unidad; que esta se rompería en cuanto les tocaran el bolsillo. Etc., etc. 
 
Tantos años ignorando la realidad por un complejo hecho de arrogancia, desprecio, autoritarismo e ignorancia  y esta les ha estallado en los morros. A todos. Y ha hecho caer las caretas. Todas.

Confrontado con la realidad de un movimiento independentista de amplísimo apoyo social, solidario, transversal, movilizado, radicalmente pacífico, revolucionario, democrático y electoralmente mayoritario, el nacionalismo español desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda se lanza fiero al zafarrancho de combate. 
 
Ayer lo demostró ampliamente en la bronca sesión del congreso, digno escenario de repetición de la que hay montada en las calles y en las redes, que son tan calles como las otras. 

Nos abriremos paso en el indescriptible guirigay de ayer separando cuidadosamente las dos vías paralelas por las que discurre la respuesta del nacionalismo español al problema que él mismo ha creado. La vía de los hechos y la de las ideas. El intento de tercera vía de Podemos de hablar de "las cosas de comer" soslo sirve para confundirlo todo más y delatar sus pocos deseos de mojarse en este peliagudo asunto. 
 
En ambas parcelas se cruzaron ayer los disparos, mezclándolo todo y tratando de hacer imposible todo entendimiento. Sin embargo, separarlas y explicarlas es fácil con el debido método.

La vía de los hechos. Abrumadoramente presente. Insultos, agresiones verbales, menosprecios, conminaciones, amenazas. Un eco del clima de las calles con bandas de matones agrediendo a ciudadanos pacíficos en Catalunya ante la indiferencia, sino la complicidad, de la fuerza pública. Bandas que suelen tener vínculos con partidos con representación parlamentaria estatal o autonómica. 
 
Declaraciones sanguinarias que ya hablan abierta y conminatoriamente de muertos. Dicen hacerlo a raíz de la mención a la vía eslovena del presidente Torra y manipulando, de paso, su significado. Pero, las amenazas de violencia, incluso letal, del nacionalismo español vienen de antes. Margallo ya avisó de que el Estado no se retiraría pacíficamente de Catalunya y uno de C's, no recuerdo cuál, vaticinó que montarían "un Ulster" catalán.

La vía de los hechos es de violencia prometida y, se entiende, de cualquier intensidad. Frente a ello, el movimiento independentista se afirmará en su actitud no violenta; no colaborará, resistirá y quizá llegue a la desobediencia civil generalizada o acciones de mayor alcance, como la huelga. Pero siempre radicalmente pacíficas. 
 
La cuestión es cuánto puede aguantar el Estado la represión de un movimiento pacífico y democrático. De ahí que las amenazas, incluidas las del presidente del gobierno, suenen a perro ladrador y poco mordedor. Pero precisamente eso es peligroso porque azuza a los mastines. 

La vía de las ideas es otra lamentable catástrofe. Sánchez acusa a Torra de mentir. Eso es lo que hace él de modo sistemático en todo pero especialmente en Catalunya. Todas sus referencias son falsas, se formulan de mala fe y, en el fondo, no descansan en otro argumento que en la amenaza del 155, o sea, la amenaza de la vía de hecho. Ideas, ninguna. Propuestas, cero. Proyectos, nada. Mentiras como ruedas de molino, difundidas por los medios obedientes y sostenidas por el uso de la fuerza. De la fuerza bruta, no de la fuerza de la razón.

Niega Sánchez al independentismo la mayoría, pero el independentismo es mayoría parlamentaria que refleja la mayoría social según se articula en el sistema parlamentario que Sánchez defiende. Luego Sánchez miente. Responde que no, porque sumando todos los demás votos, incluso los nulos, la mayoría es no independentista. 
 
No solo miente; también manipula. Asegura que la sociedad catalana está dividida, aunque no a los extremos dibujados por el señor Riverado o Casavera, pero no está dispuesto a admitir referéndum de autodeterminación alguna entre otras cosas, dice, porque los referéndums solo sirven para dividir a las sociedades. 
 
Aquí ya se lía y muestra no saber bien de qué habla pero, en todo caso, vuelve a mentir. El referéndum catalán no dividiría a la sociedad catalana porque, según él, ya está dividida. Y, en todo caso, añade condescendiente, tanto que quieren ustedes un referéndum, traigan a esta cámara una propuesta con el 75% de apoyo y la valoraremos.  
 
Vuelve a mentir con mentira ya no de rueda de molino sino de noria de verbena. Esa propuesta es la del referéndum pactado de autodeterminación que han presentado siempre los indepes catalanes y, como acaba de recordar el presidente del Parlament, Torrent, tiene el apoyo del 80%.

¿Quién miente, presidente?
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Uno en Waterloo, el otro en combustión / Joan Tapia *

Pablo Casado, dicen que reforzado por el resultado andaluz —perdió solo 316.000 votos en la oposición y el PSOE de los ERE 402.000—, volvió a exigir ayer otro 155, esta vez por tiempo indefinido, alegando que la situación en Cataluña es insostenible.

El error —no solo de Casado— es no ver que el evidente desorden en Cataluña —más político que de orden público, porque pese a todo Barcelona no es París— es la consecuencia y la prueba de que el unilateralismo independentista ha perdido la brújula de navegar tras la aplicación sucesiva del moderado 155 de Rajoy y de la desinflamación de Pedro Sánchez. 

Lo escribí el pasado miércoles tras una semana de protestas de distintos colectivos (médicos, bomberos, profesores, estudiantes y funcionarios) contra la política social de la Generalitat —detalles sin importancia para Eduard Pujol, uno de los hombres de Puigdemont en Barcelona— y por la convocatoria de una huelga de hambre por parte de Jordi Sànchez, número dos de JxCAT y de los 'consellers' de dicha lista, contra el criterio de Oriol Junqueras y los de la lista de ERC.

Que el independentismo tenga serias divisiones es incluso lógico tras el gran ridículo de la DUI —paliado, dato a no olvidar, por su victoria en las posteriores elecciones del 21-D—, pero que convoquen algo tan serio y relevante como una huelga de hambre contra la Justicia española sin acuerdo previo es mucho menos comprensible. Indica una gran fractura interna que ni la prisión provisional e incondicional sin fianza durante muchos meses ha logrado evitar.

Fueron las protestas contra la Generalitat, la huelga de hambre descoordinada y el hecho de que el mundo de la antigua CDC todavía no tiene candidato a la alcaldía de Barcelona lo que me confirmó —lo escribí el miércoles de la semana pasada— que el independentismo había perdido la brújula de navegar.

Pero lo acontecido los últimos ocho días es mucho más espectacular. No es ya que haya perdido la brújula, es que sus contradicciones han hecho que su liderazgo esté agonizante. Tiene un 'president' en Waterloo (Puigdemont) cada día mas desconectado e impotente ante el día a día de Cataluña. 

A otro presidente, Quim Torra, en avanzado estado de desintegración, porque ni quiere ni sabe dirigir un Gobierno. Y a un antiguo vicepresidente, Oriol Junqueras (un 'president' en potencia), que no puede poner orden desde la cárcel (comprensible), pero que también es víctima, como el día de la DUI, de creer que no debe plantar cara al maximalismo, a una parte de la clientela que se disputa el puigdemontismo.

Y la ausencia de liderazgo hace que dos actores secundarios tengan que intentar salvar los muebles. Por una parte, Elsa Artadi, una economista que viene de Mas Collell (el secesionismo racional) pero que está próxima (o ha estado) a Puigdemont (el independentismo primitivo). 

Por la otra, el prudente Pere Aragonès, actual vicepresidente económico, un hombre de Junqueras. No pueden marcar directrices porque no lideran, pero les toca imponer un poco de racionalidad en el último momento y mantener abierto un canal de comunicación con el Gobierno de Madrid. Son los coroneles (racionales a la fuerza) de un sueño político que de error en error camina hacia la irracionalidad y la desintegración. 

Y lo pueden hacer —mal o bien— porque, dato a no olvidar, pese a todo el secesionismo ganó las elecciones del 21-D convocadas por Rajoy tras el 155.

Ese es el capital del independentismo, es lógico que quieran utilizarlo, no rendirse y negociar. Lo que pasa es que los repetidos errores —maximizados por Torra— lo pueden malbaratar.

En los últimos días, Torra ha demostrado varias veces su incapacidad. Primero, en el estallido de una huelga de hambre que no debía ser convocada porque no ayudará a reducir la tensión ante el juicio ni favorecerá a los presos. 

En todo caso, no podía convocarse evidenciando la profunda aversión entre Puigdemont y Jordi Sànchez y Oriol Junqueras. Entre JxCAT y la antigua CDC por una parte y ERC por la otra. Torra no tiene la culpa de esta aversión, pero ante algo tan serio como una huelga de hambre, debía intentar arbitrar.

El segundo y más grave error es que el presidente de un Gobierno no puede discrepar públicamente de su ministro de Interior, en este caso Miquel Buch, criticando la actuación de los Mossos en las manifestaciones del día de la Constitución en Girona y Tarrassa. Ni pedir una purga y reorganización de los Mossos por haber actuado con demasiada contundencia. En todo caso, se sustituye al responsable de Interior.

Pero el problema de fondo es que el jefe del Ejecutivo no puede incitar a los manifestantes (los CDR) a generar presión en la calle, como hizo en el aniversario del 1 de octubre, ayudando así a generar serios problemas de orden público. Ni tampoco puede tomar luego su defensa frente a la policía o el 'conseller', como hizo el 6 de diciembre al exigir la purga.

Lo más grave es que la sensación de que 'aquí no manda nadie' provocó que los Mossos no impidieran el corte de tráfico el pasado sábado durante 15 horas —por un reducido grupo de CDR— en la autopista más transitada de España, que une la costa mediterránea con Francia. 

Y que al día siguiente volviera el desorden con el levantamiento de barreras de peaje. Los CDR anunciaron que el corte sería permanente hasta que Cataluña fuera independiente. ¿Permitió el 'conseller' la interrupción de 15 horas para que los CDR se acabaran retirando… hasta la próxima? La sensación de caos y desgobierno es inevitable.

Finalmente, Torra dio marcha atrás, no ha habido cambios en los Mossos y el 'conseller' Miquel Buch sigue en su puesto. Pero pese a que la Generalitat logró desconvocar la huelga de funcionarios de ayer, un grupo de Mossos cortó durante dos horas el tráfico en la Gran Vía barcelonesa (mas larga y más estratégica que la madrileña).

El Gobierno catalán se queja de tener pocas competencias, pero la realidad es que ha demostrado no saber gestionar una de tanta relevancia como la policial. Y su autoridad moral para reclamar más poder ha quedado erosionada.

El tercer error en pocos días es haber ensalzado y puesto como modelo para Cataluña la independencia de Eslovenia. Al decir que los eslovenos no retrocedieron y consiguieron lo que querían —la independencia— pese a la oposición del desaparecido Estado yugoslavo, Torra demuestra una gran ignorancia geopolítica.

Pero lo más grave es que la vía eslovena comportó violencia y muertos y que luego la desintegración de la antigua Yugoslavia provocó una de las mayores barbaries en la Europa de la segunda mitad del siglo XX. Evocar la crisis yugoslava es algo que solo puede generar malestar y división en la sociedad catalana, aumentar la incomprensión de la opinión pública española respecto a lo que sucede en Cataluña y perjudicar a los presos independentistas, que afrontan un delicado juicio ante el Supremo dentro de pocos días.

Si Torra fuera un ensayista y un agitador cultural nacionalista —que al parecer es su vocación—, solo sería un error. Si es el presidente de la Generalitat, la consecuencia inmediata debería ser la desautorización y la dimisión.

Aquí ha habido desautorización —lo explicaba bien ayer y con detalle Marcos Lamelas en El Confidencial—, pero no dimisión, porque el independentismo carece de la operatividad imprescindible para cambiar el liderazgo. En el fondo, el problema no es Torra. El problema es quienes nombraron a Torra, que por acción (Puigdemont) u omisión (Artur Mas) fueron los dos últimos presidentes de CDC, el partido tradicionalmente preferido de gran parte del empresariado catalán.

La desautorización era inevitable. El Foment, CCOO y la UGT, en una nota conjunta (cosa poco habitual), pidieron que no se incrementara la tensión política. La Pimec, a la que a veces se acusa de proximidad al independentismo, no vaciló en pedir, por boca de su presidente, Josep González, que el Gobierno se dedique a gobernar, no a incrementar la tensión. 

El Gobierno de Madrid advirtió de que si la Generalitat no sabía mantener el orden, enviaría la policía a Cataluña y en voz baja advirtió de la posibilidad de recurrir a la Ley de Seguridad Nacional y tomar el control directo de los Mossos. Los líderes del PP y Cs insistieron en su demanda de otro 155, pero esta vez pudieron defender sus argumentos en la mala fe y las amenazas de Torra.

Por eso el Consell Executiu del martes —y la rueda de prensa posterior de Elsa Artadi— fue una rectificación suave en las formas (en realidad, una enmienda a la totalidad) de las actitudes de Torra durante los últimos días.

El secesionismo carece de la capacidad de reconocer errores y de determinación para aprovechar la política de desinflamación y abrir una negociación con Pedro Sánchez. Y cuando el juicio a los presos —asunto grave que Tardà califica de gran desastre nacional español— se avecina sin que la Fiscalía suavice sus posiciones, estalla de rabia e impotencia, saca a la luz sus contradicciones y Torra avanza en su combustión presidencial.

Pero el independentismo sabe que su situación sería peor si la derecha estuviera en La Moncloa. Por eso estalla contra Pedro Sánchez, pero tampoco quiere ayudar a derribarle. Tardà cuidó ayer las formas más que en sus últimas intervenciones.

El PP y Cs apuestan por que la exigencia del 155 debilite progresivamente y acabe haciendo caer a Sánchez. Quizá sea así, pero la política de desinflamación reposa sobre algo irrebatible: pese a todos sus errores y su ridículo ante el 155 de Rajoy, el secesionismo ganó las elecciones del 21-D con un 47% de los votos. ¿Se puede gobernar Cataluña y mantener la democracia española aplicando indefinidamente el 155 al 47% de catalanes que revalidaron la mayoría independentista? ¿Cuándo acabaría el nuevo 155 y qué heridas habría dejado para el futuro?

Pedro Sánchez sabe que esa es su fuerza. El independentismo presiona para imponerle medidas, pero no puede. Y tiene miedo de derribarle. El PP y Cs no están en La Moncloa y su fórmula es más arriesgada que la cauta (aunque gandula) de Rajoy. 

Por eso Sánchez advierte al independentismo (no dudará en aplicar la ley en caso necesario) y les indica que la desinflamación no es gratis y solo será admitida por la sociedad española —se ha visto en Andalucía— si tiene algún resultado positivo. 

Por eso no descarta —e incluso sugiere— levantar acta del rechazo a la desinflamación —¿tras el no a los Presupuestos de 2019?—, convocar elecciones y que sea lo que Dios quiera.

Como es optimista —y pese a todo, ayer demostró que está en forma—, cree que Dios votará por él.


 (*) Periodista y ex director de La Vanguardia