Un nuevo informe internacional, en este caso de la Comisaria del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Dunja Mijatović,
ha sacado los colores al Gobierno español que, como si la cosa no fuera
con él, no deja de acumular amonestaciones una tras otra.
Como en los
casos precedentes, se cuestiona la interpretación que hace de la
libertad de reunión y de manifestación y el uso excesivo de la fuerza
por parte de la policía contra manifestantes pacíficos.
El informe de Mijatović no puede ser más contundente a la hora de
destacar que una manifestación pacífica no puede estar, en principio,
sujeta a la amenaza de sanciones penales.
La pérdida de derechos y libertades en España
en los años del Partido Popular se vio acrecentada con el auge del
independentismo en Catalunya y el referéndum del 1 de octubre.
La
llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa no supuso la
finalización de la represión sino que el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, mantuviera la línea de su predecesor, Juan Ignacio
Zoido.
Aunque es sabido, porque lo han dicho los líderes republicanos, que
la finalización de la represión contra el independentismo forma parte de
la carpeta que negocian PSOE y Esquerra Republicana para la investidura de Sánchez, es bueno recordar que la acumulación de descrédito para el Ejecutivo español en esta materia es algo que al deep state español no le hace ni fu ni fa.
Así, el Gobierno español soporta estoicamente la crítica
internacional por la falta de libertades. Y hace tiempo que decidió no
ponerse colorado por este asunto. La unidad de España, primero.
(*) Periodista y director de El Nacional
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