MURCIA.- El instructor desde 2009 del caso Novo Carthago de presunta corrupción urbanística en zonas protegidas junto al Mar Menor ha decidido procesar a diez de los investigados, tres de ellos
exconsejeros del Gobierno murciano por prevaricación, y archivar las
actuaciones respecto a otros once.
La
causa que investiga además en algunos casos los presuntos delitos de
cohecho y blanqueo de capitales va a continuar para los exconsejeros Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana.
Se archivan las actuaciones sobre una hija del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, Rosario Valcárcel, y su esposo, y el exconcejal de Cartagena, Agustín Guillén.
El auto señala que el proyecto urbanístico fue emprendido por la empresa Hansa Urbana, cuyo consejero delegado, Rafael Galea, figura entre los procesados.
Ese
plan preveía construir 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de
lujo en Lo Poyo, que incluía terrenos con protección medioambiental
junto al Mar Menor.
Según los
indicios encontrados en la instrucción, se considera que los
investigados llevaron a cabo presuntamente actuaciones para modificar
los planes generales de ordenación urbana de Cartagena y de los recursos
naturales de la zona para que el proyecto fuese viable.
Entre
los exaltos cargos del Ejecutivo murciano contra los que continuará el
procedimiento abreviado se encuentran también varios exdirectores
generales, entre ellos, los del Medio Natural, Carlos Brugarolas y Antonio Alvarado.
Al referirse al expresidente Valcárcel,
el auto indica que no se ha encontrado indicio alguno de que hubiera
podido ordenar o imponer ninguna de las medidas adoptadas en un intento
de que Novo Carthago pudiera salir adelante.
Y
añade que del hecho de que asistiera a la presentación del proyecto,
llevada a cabo en junio de 2003 en un hotel de La Manga del Mar Menor,
no se puede derivar una trascendencia penal.
En cuanto a su hija y a su yerno,
llamados a declarar como investigados por si algunos regalos de bodas
procedían de donaciones de Galea, el juez señala que tampoco se ha
demostrado esa posibilidad, por lo que deben quedar fuera del
procedimiento.
Por el
contrario, sí considera que puede haber existido un trato de favor por
la empresa Hansa hacia el exconsejero y exdelegado del Gobierno central
en la región murciana Francisco Marqués en la venta de una vivienda.
El
juzgado ha rechazado distintas peticiones de prueba solicitadas a lo
largo del proceso por el fiscal y varios de los investigados.
En cuanto a las reclamadas por la fiscalía, que solicitaba que la Agencia Estatal de Administración Tributaria investigara
sociedades participadas por exconcejales de Cartagena, dice que no
proceden por tratarse de personas que no han sido investigadas y porque
sería una información prospectiva.
El
auto indica que en un plazo de 10 días el ministerio público y los
investigados podrán presentar sus escritos de acusación o defensa.
La resolución recuerda que las diligencias fueron abiertas en 2009 y que en 2013 fueron elevadas al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia
dado el aforamiento del que gozaba entonces Cerdá, que desapareció
cuando dimitió de su cargo, lo que supuso que las diligencias volvieran
al juzgado de origen.
