DOS OBSTÁCULOS
No se puede construir
Con estos dos obstáculos administrativos, la construcción de la urbanización no es posible dentro de esta zona. No obstante, a raíz de la nulidad del auto del TSJ, la finca mantiene su consideración de urbanizable a todos los efectos, de acuerdo con la orden que firmó en febrero del año 2006 el consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana.
¿POR QUÉ NO SE NOTIFICÓ?
Se pasaron los plazos
El auto del TSJ que paralizó el decreto de Bascuñana se decidió el 26 de julio del 2007, atendiendo a un recurso de la Asociación de Naturalistas del Sureste. Los magistrados consideraron que la paralización de dicho decreto «no causaba perjuicio alguno al interés general», y que la decisión judicial estaba tomada sobre la base de las decisiones del Gobierno regional y del Ayuntamiento aguileño de suspender el proyecto.
Era, de hecho, una suspensión judicial sobre algo que ya estaba suspendido administrativa y políticamente. Eso no impidió que el auto del TSJ tuviera una gran repercusión social debido a la actuación que llevaba a cabo la Fiscalía, la cual imputó al alcalde aguileño y a varios ex altos cargos de la Comunidad, entre otros. Los magistrados, asimismo, advertían de que las partes no ponían en duda la existencia de valores ambientales en la zona, por lo que la urbanización podía resultar perjudicial en tanto que no se entrara en el fondo del asunto.
TRINITARIO RECURRE
El TSJ anula el auto
El nuevo titular de la Consejería de Obras Públicas, José Ballesta, que estaba recién llegado junto con su equipo, disponía de 20 días para remitir todo el expediente de La Zerrichera al TSJ. Así como nueve días para emplazar a las partes. Esto segundo no lo hizo, razón por la cual los abogados de Trinitario Casanova, propietario en aquella época del Grupo Inversor Hispania, recurrierron. Fuentes del Ejecutivo regional niegan cualquier intencionalidad y lo atribuyen a un descuido, ya que el defecto procesal no varía la situación del proyecto urbanístico.
El 22 de enero pasado, la Sala del TSJ declaró la nulidad de lo actuado hasta ese momento. La causa se retrotrae al día anterior en el que se dictó el auto, lo cual quiere decir que se empieza de nuevo. El siguiente paso del TSJ será resolver de nuevo las medidas cautelares y estudiar las alegaciones del Grupo Hispania. Como se sabe, Trinitario Casanova vendió su empresa al Grupo 2000 de José Ramón Carabante. Todo, menos precisamente el proyecto de La Zerrichera.
UN RETRASO
La causa empieza de nuevo
También se han personado, y presentado alegaciones, Inverlur Águilas 1 SL e Inverlur Águilas 2 S.L., la inmobiliaria de La Kutxa, la Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián, que es la propietaria de los terrenos que le vendió Casanova.
Otras fuentes judiciales consultadas consideran esta nulidad «un retraso» de la causa. No se atreven a adelantar qué nueva decisión tomará el TSJ, aunque creen que puede ser la misma que la del verano pasado.
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional rechazó el miércoles la petición del PSOE de revocar el decreto de la Consejería de Obras Públicas que declaró urbanizable La Zerrichera argumentando, entre otros motivos, que había que esperar a las decisiones judiciales en curso. El diputado Martín Quiñonero señaló no obstante que la modificación urbanística -de unos terrenos protegidos como ZEPA- era «viable y realizada de acuerdo con todos los estudios ambientales».
Los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, por su parte, han realizado un informe sobre el decreto que se prepara para aprobar el Plan de Gestión de la zona, en la Sierra de La Almenara, indicando que la Consejería de Obras Públicas debe pronunciarse sobre los efectos que pueden tener en dicho Plan algunas figuras de planeamiento ya aprobadas, como la de La Zerrichera. La Consejería debe advertir en una disposición que ese proyecto urbanístico podría quedar derogado o modificado.