MADRID.- La Asamblea General de la Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE) volvió a ratificar este miércoles, como hizo hace un 
año, la moratoria para la implantación de los nuevos grados de tres años
 hasta septiembre de 2017. Esta decisión es vinculante, de manera que 
los centros que incumplan este acuerdo, podrían ser expulsados de la 
CRUE, según informaron fuentes universitarias.
Este es el tercer punto del orden del día del encuentro de los 
rectores, que se inició sobre las 11.00 horas de la mañana. La votación a
 favor del retraso de la implantación de los nuevos títulos fue 
mayoritaria, según las mismas fuentes, que señalaron que los rectores 
consideran necesario acordar unas "pautas comunes" para la aplicación 
del decreto '3+2'.
La mayoría de los dirigentes universitarios no ven coherente que una 
misma carrera tenga una duración distinta en función del centro que la 
imparta, de manera que solo admiten tres años para los grados totalmente
 nuevos y que no tienen ninguna semejanza con los ya existentes. Como 
ejemplo, Administración y Dirección de Empresas, que actualmente es de 
cuatro años de duración, no podría ofertarse como una carrera de tres.
Esta nueva ratificación del acuerdo alcanzado en febrero de 2015 se 
produce después de que una decena de universidades (nueve de ellas 
pertenecientes a la CRUE) hayan solicitado la validación de estudios de 
tres años. Las mismas fuentes señalaron, no obstante, que una cosa es 
que tengan ya acreditados estos grados y respeten el acuerdo y otra que 
los oferten en septiembre de 2016.
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Educación, los centros 
que pidieron la validación de grados de tres años, la mayoría privados, 
son la Universidad de Nebrija (cuatro títulos); Alfonso X El Sabio 
(tres); la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (cuatro); la 
Oberta de Cataluña (uno); la Universidad de Nebrija (tres); la 
Universidad Internacional de La Rioja (dos); la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes (uno); y la Universidad Europea de Madrid (cuatro); 
la Universidad Internacional Isabel I de Castilla (uno), que no 
pertenece a la CRUE.
Sólo hay dos campus públicos que solicitaron la validación a las 
agencias de evaluación competentes: la Universidad Pompeu Fabra, para 
dos titulaciones, y la Universidad de Barcelona, para una.
CRUE Universidades Españolas, que está integrada por la mayoría de 
los campus, 50 públicos y 26 privados, acordó hace un año, en febrero de
 2015, una moratoria de la aplicación del 'decreto 3+2' impulsado por el
 exministro de Educación José Ignacio Wert hasta 2017 con el objetivo de
 "analizar la adaptación a este nuevo sistema de una manera razonable".
El hecho de que algunos centros se hayan adelantado y ofrezcan ya 
estos grados de tres años el curso que viene es un "error de bulto" para
 el vicerrector de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, José
 Luis García Grinda. "Es un planteamiento equivocado de entrada que 
exista esta posibilidad porque lo que genera es una confusión enorme en 
los alumnos", dijo en declaraciones durante la Semana de la Educación 
celebrada en Madrid hace dos semanas.
"Lo lógico es que una titulación tenga la misma duración en todo el 
Estado", aseveró García Grinda, que alertó de que los estudiantes se van
 encontrar con la disyuntiva de "por qué tres años en lugar de cuatro" o
 si las competencias adquiridas "son o no las mismas".
 "Al poner una 
titulación de tres años, atraes a más alumnos, pero si al final quieres 
que tengan las mismas competencias, tienes que impartir un máster de dos
 años, que es más caro", añadió.
Esta opinión mayoritaria entre las universidades públicas la comparte
 también el rector de la Universidad Pontificia Comillas Icade-ICAI, 
Julio L. Martínez, que recordó el "compromiso" adquirido en el seno de 
la CRUE de demorar la aplicación del decreto. "Nos gusta que se respeten
 los acuerdos", apostilló.
"No hay que poner el carro antes que los bueyes", indicó en AULA este
 dirigente universitario sobre la aplicación por algunas universidades 
del 'decreto 3+2' y subrayó que la calidad de la formación universitaria
 "se deriva de las competencias adquiridas y no de la duración de los 
grados".
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