“La mejor fortaleza de los tiranos,
 es la inacción de los pueblos”
Maquiavelo
  Como una sensación de asfixia. Es lo que padecen muchos ciudadanos en 
varios países de la Unión Europea (UE), afectados por tanta reducción, 
tanto recorte y tanto ajuste. Una sensación agudizada por la 
comprobación de que la alternancia política no modifica la “furia 
austeritaria” de los gobernantes. 
En España, por ejemplo, a una sociedad vapuleada por las brutales 
medidas de ajuste adoptadas a partir de mayo de 2010 por el Presidente 
(socialista) José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del conservador 
Partido Popular (PP) Mariano Rajoy prometió, durante la campaña de las 
elecciones generales del pasado 20 de noviembre, el “cambio” (1) y 
“devolver la felicidad”. Venció con mayoría absoluta. Pero nada más 
tomar posesión de su cargo, emprendió a su vez la más agresiva operación
 de recortes sociales de la historia reciente de España.
Lo
 mismo ocurrió en otros Estados; en Grecia, por ejemplo, o en Portugal. 
Recordemos que, en este país, en junio de 2011, el socialista José 
Sócrates, después de imponer cuatro impopulares programas de “disciplina
 fiscal” y aceptar un no menos detestado plan de rescate de la troika (2),
 perdió las elecciones. Pero el vencedor conservador, Pedro Passos 
Coelho, actual Primer Ministro, muy crítico antes con las políticas de 
recortes de los socialistas, no tardó en afirmar, una vez elegido, que 
para cumplir con las exigencias de la UE, su objetivo era “aplicar una 
dosis aún mayor de austeridad” (3)...
¿De qué sirven entonces las elecciones si en lo esencial, o sea las 
políticas económicas y sociales, los nuevos gobernantes hacen lo mismo 
(incluso en peor grado) que los precedentes? Quienes se hacen esta 
pregunta dudan, de hecho, de la democracia. En el marco de la Unión 
Europea, se ha perdido el control ciudadano sobre una serie de 
decisiones que determinan la vida de la gente. En realidad, las 
exigencias –prioritarias– de los mercados están limitando seriamente el 
funcionamiento democrático. Muchos gobernantes (de izquierda y de 
derecha) están convencidos de que los mercados tienen siempre razón. Y 
de que el problema, según ellos, es precisamente la democracia, el 
debate público. Prefieren inversores competentes a “electores 
inconscientes”.
Por su parte, los ciudadanos tienen el sentimiento de que, dictada por 
los mercados, existe en Europa hoy una agenda oculta con dos objetivos 
concretos: reducir al máximo la soberanía de los Estados y desmantelar 
por completo el Estado de bienestar. Si quedan dudas a este respecto, 
basta leer las recientes declaraciones de Mario Draghi, presidente del 
Banco Central Europeo (BCE), en las que afirma: “El modelo social 
europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes 
presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados (...) En
 cuanto al Pacto Fiscal europeo (4), se trata en realidad de un avance 
político mayor porque gracias a ese tratado los Estados pierden una 
parte de su soberanía nacional” (5). Más claro, imposible.
En realidad vivimos en una suerte de despotismo ilustrado en el que la 
democracia se define menos por el voto o por la posibilidad de escoger, 
que por el respeto de reglas y tratados (Maastricht, Lisboa, MEDE (6), 
Pacto Fiscal) adoptados hace tiempo o en vías de ratificación ante la 
indiferencia general, y que resultan verdaderas cárceles jurídicas sin 
posible evasión.
De
 ahí, de nuevo, las preguntas de tantos ciudadanos defraudados: ¿sirve 
de algo votar, si estamos condenados a elegir gobernantes cuya función 
consistirá en aplicar reglas y tratados definidos una vez por todas? 
(7).
Tenemos un caso de “disimulación democrática” ante los ojos: 
precisamente el del Pacto Fiscal europeo. ¿Por qué no existe un debate 
público sobre este Pacto, actualmente en vías de adopción, que va a 
condicionar la vida de millones de ciudadanos? Como el Mecanismo Europeo
 de Estabilidad (MEDE) del que depende, ese Pacto constituye un ataque 
brutal contra los derechos de los ciudadanos. Obligará para siempre a 
los Estados firmantes (entre ellos España) a reducir gastos sociales, 
salarios  y pensiones. Priorizará además la autoridad de la Unión 
Europea sobre las políticas presupuestarias de los Estados miembros. Y
 limitará las competencias de los Parlamentos nacionales, restándoles 
soberanía y convirtiendo a veces a algunos países en meros protectorados
 europeos (8).  
¿Se puede salir de semejante situación? Las elecciones presidenciales en
 Francia abren quizás una perspectiva. No tanto por los millones de 
electores que, hartos y desesperados, votaron por una extrema derecha 
antieuropeísta y xenófoba. Sino porque el propio candidato 
socialdemócrata François Hollande –favorito según todas las encuestas–, 
ha prometido, a ese respecto, cambiar las cosas. 
Consciente de que la elección del presidente de Francia afecta el curso 
de Europa, Hollande exige, en particular, añadir al Pacto Fiscal un 
paquete de medidas de estímulo, solidaridad y crecimiento. Y también que
 el BCE baje los tipos de interés y preste directamente a los Estados (y
 no a los bancos privados) para abrir de inmediato la senda de la 
recuperación. 
Aunque los cambios demandados son mínimos y sin duda insuficientes, 
Hollande se opone a la canciller alemana Angela Merkel y al Bundesbank, 
quienes dictan en realidad las políticas económicas y financieras de la 
UE. Pero el socialista francés precisó que si Alemania no aprueba estas 
modificaciones, Francia no ratificará el Pacto Fiscal.
¿Qué pasará si, una vez elegido, Hollande mantiene su idea de sacar a 
Europa de la “opresión austeritaria” y de la recesión, impulsando 
reformas estructurales y estimulando el crecimiento? Dos cosas pueden 
ocurrir. Primera posibilidad: los mercados, como avisó Mario Draghi, 
atacan de inmediato a Francia y la ponen contra las cuerdas; Hollande se
 acobarda,  da marcha atrás, acaba inclinándose como sus amigos 
socialdemócratas Zapatero, Sócrates y Papandreu ante la especulación y 
se convierte a su vez en el líder de izquierda más impopular de la 
historia de Francia.
Segunda posibilidad: sabiendo que en la UE nada se puede hacer sin 
Francia, segunda economía de la zona euro (y quinta del mundo), Hollande
 mantiene su posición y la radicaliza.  Decide  apoyarse en la 
movilización de las fuerzas populares europeas (empezando por las del 
Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon), recibe el soporte de muchos 
gobiernos europeos partidarios asimismo de políticas de estímulo y de 
crecimiento; consigue modificar la línea del BCE-Bundesbank. Y acaba 
por demostrar que cuando, en una democracia, el mandato del pueblo 
coincide con una firme voluntad política no hay objetivo que no se pueda
 alcanzar.
  (1) “Súmate al cambio” fue su lema de campaña, copiado del que utilizó 
el Presidente chileno Sebastián Piñera (derecha) en su carrera electoral
 victoriosa de 2010.
(2) Constituida por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
(3) Jornal de Noticias, Lisboa, 29 de febrero de 2012. Las 
políticas austeritarias de Passos Coelho están conduciendo a Portugal a 
una catástrofe social semejante a la de Grecia; el 15% de la población 
activa está sin empleo (35% de los jóvenes), 25% de los portugueses se 
halla bajo la línea de la pobreza, y se calcula que, este año,  la 
recesión será del 3,3%. En los últimos seis meses ha habido ya dos 
huelgas generales: el 24 de noviembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012.
(4)
 Impulsado por Alemania, el Pacto Fiscal o Tratado para la Estabilidad, 
la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, fue 
firmado el 2 de marzo de 2012 en Bruselas, con la excepción del Reino 
Unido y de la República Checa, por 25 Estados de la UE. Obliga a cada 
país firmante a incluir en su Constitución un límite de déficit 
estructural del 0,5% y contempla sanciones automáticas para quienes 
sobrepasen el 3%. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero 
de 2013.
(5) The Wall Street Journal, Nueva York, 23 de febrero de 2012.
(6) Mecanismo Europeo de Estabilidad, organismo intergubernamental 
creado por el Consejo Europeo (los 27 jefes de Estado y de gobierno de 
la UE) en marzo de 2011. Entrará en vigor el 1 de julio de 2012. 
Sustituye al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y al 
Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF).
(7) Léase: Christophe Deloire, Christophe Dubois, Circus politicus, Albin Michel, París, 2012.
(8) Léase: Ignacio Ramonet, “Nuevos protectorados”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2012.

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