MADRID.- Las principales patronales de la distribución española salieron al
paso de los reproches al sector realizados por el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que señaló el martes a
la industria como la principal culpable de la diferencia de precios de
la alimentación entre origen y destino y, por tanto, de la crisis que
vive el campo español, expone Expansión.
El sector pidió a Planas que revise los datos que ofrece su propio
ministerio y que indican que el 80% de la producción agraria de frutas y
hortalizas de España, por un valor total de 17.796 millones de euros,
se destina a la exportación, mientras que que, del 20% restante, dos
terceras partes tienen como destino la industria transformadora, los
mercados ambulantes, las fruterías independientes o la hostelería.
Del
20% de la producción que se deriva al mercado interno, sólo algo más de
un 7% lo absorbe la distribución, indicó Ignacio García Magarzo,
director general de Asedas, la patronal que agrupa a Mercadona, Dia,
Ahorramás, IFA o Covirán, entre casi una veintena de cadenas.
"Estamos
abiertos al diálogo para buscar soluciones, pero hay que tener presente
que la distribución no es el agente más importante. Los precios que
perciben los agricultores y ganaderos están sometidos a una gran
volatilidad derivada de muchos factores. Recurrentemente se utiliza el
falso debate de los supuestos márgenes excesivos de la distribución, sin
centrar el foco en los problemas reales de los agricultores", añadió el
portavoz de Asedas.
García Magarzo pidió, además, que cualquier
solución que se busque a la situación del campo "no debe pasar por
encarecer los precios de la alimentación porque el consumidor no debe
pagar los problemas de la cadena" y recordó a Planas que "los precios de
la alimentación en España están cinco puntos por debajo de la media
europea".
"Desconocer la realidad"
Aurelio
del Pino, presidente de Aces, donde se integran Carrefour, Lidl,
Alcampo, Eroski o Supercor (El Corte Inglés), se manifestó de una forma
similar. "Las empresas de distribución no compran directamente al
agricultor individual, sino a cooperativas y sociedades agrarias, o a
industrias que ofrecen el producto ya transformado", explicó el
directivo, para el que comparar los precios de origen y destino,
olvidando la cadena de valor que hay entre medias, supone "desconocer la
realidad" y "obviar el valor del trabajo" de todos los procesos.
Del
Pino considera que la distribución se mueve ya en un entorno muy
competitivo, con márgenes netos que no suelen superar el 2%. "El
problema de los precios en origen responde a los propios mercados en
origen y no a la comercialización", señaló el presidente de Aces. En
este sentido, aseguró que las variaciones de precio que se ven en las
tiendas a lo largo del año "se marcan en origen, ya que el coste de
llevar un limón a la tienda es mucho más estable".
Un
representante de un grupo de supermercados, que prefirió no ser
identificado, señaló, sobre la polémica, que el Gobierno "está
simplificando el debate" para encontrar un enemigo fácilmente
identificable por parte de los agricultores y recordó que la
distribución participa en todos los foros sectoriales, como el
Observatorio de la Cadena Agroalimentaria, el Consejo de la AICA o el
Acuerdo Lácteo, entre otros.
Reunión con Carrefour
El
ministro Planas se reunió ayer con representantes de Carrefour, entre
ellos Rami Baitiéh, su director general en España. El contenido del
encuentro no fue hecho público y el Ministerio se limitó a publicar una
escueta nota en la que dijo "querer establecer un diálogo con todas las
partes" y reconoció que "la solución no está en un sólo eslabón, sino en
el conjunto de la cadena, desde los productores a los consumidores".
Estalla la guerra
El
malestar de agricultores y ganaderos se extiende como un reguero de
pólvora por la geografía española ante una situación que califican de
agónica por la falta de rentabilidad. Los problemas que arrastra el
sector, que llevó sus protestas a las misma puertas del Ministerio
de Agricultura tras haberse manifestado en otras muchas CCAA como
Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura,
vienen de lejos y no son fruto de una única causa, sino de una
combinación letal de factores.
SMI, la puntilla
Sin
embargo, la subida del SMI, que se ha disparado un 29% entre 2019 y
2020, ha sido la gota que ha colmado el vaso del sector, que ya estaba a
punto de rebosar, pese a la insistencia de Luis Planas de restar
importancia a este factor, que, a su juicio, "en ningún caso ha sido
determinante" en la situación del campo.
Un diagnóstico con el que no
coinciden agricultores y ganaderos, para quienes el incremento del
salario mínimo representa la "puntilla" para un sector en el que llueve
sobre mojado. De hecho, entre los lemas de la manifestación convocada en Madrid por las principales organizaciones agrarias y ganaderas,
Asaja, COAG y UPA, figuraba el de "Precios, SMI e impuestos más
adaptados al agro".
"Estamos a favor de que se pague un sueldo digno a
los trabajadores, pero esto nos supone muchos más costes. Si suben el
SMI, tienen que buscar alguna bonificación para nosotros, aunque sea a
través de reducción de Seguridad Social", afirmó el presidente de
Asaja Madrid, Francisco Navarrete.
Los datos de empleo también
contradicen al ministro Planas, con la destrucción de más de 47.000
puestos de trabajo en el sector agrícola en enero, de acuerdo con las
cifras de paro registrado publicadas el martes por el Ministerio de
Trabajo.
La pérdida de empleo se concentró en regiones como Extremadura y
Castilla-La Mancha, ambas regidas por barones socialistas, que no han
dudado en trasladar sus protestas al Ejecutivo de Sánchez, para el que
la guerra del campo se ha convertido ya en la primera gran prueba de
fuego de la legislatura.
Brecha de precios
Pero si
bien el alza del SMI ha confluido con el estallido de la tormenta
perfecta en el sector, no es, ni mucho menos, el único problema que
arrastra el campo desde hace años, donde a la losa que representa el
salario mínimo se han sumado en los últimos años otros costes
adicionales como la subida del precio de los carburantes o el
encarecimiento de determinados abonos o fertilizantes. Todo ello en un
escenario de endémica falta de rentabilidad, fruto de la abismal brecha
entre el coste de producción y el precio en origen y su precio de venta
en tiendas.
Según explicó a Expansión Pere Roque, presidente
de Asaja Lleida y productor de fruta dulce, el coste real de producir
un kilo de melocotones ronda en la actualidad los 32-35 céntimos,
mientras que el precio medio que recibe el agricultor es de 20 céntimos;
es decir, por debajo del coste de producción, una situación
insostenible para los agricultores que ven como ese mismo kilo de
melocotones se vende al consumidor a un precio de entre 1,30 y 1,50
euros tras pasar por una larga cadena que incluye su proceso de
transformación y envasado, el transporte hasta los mercados mayoristas
y, por último, la llegada a las tiendas y supermercados.
Hay
otros muchos ejemplos, porque esta diferencia se replica, en mayor o
menor medida, a lo largo de toda la cadena alimentaria. Así, el precio
en origen de la cebolla es de 0,20 euros por kilo, mientras que su
precio en tienda se dispara hasta 1,44 euros; es decir, siete veces más
o, si se prefiere, un 620% más que en origen, según los datos de enero
de COAG.
En el caso de la naranja, el diferencial de precios es superior
a las seis veces, al pasar de 0,25 euros en origen a 1,60 euros en
destino (un 532% más), mientras que en el sector ganadero, el kilo de
pollo, uno de los alimentos más consumidos por los españoles, tiene un
precio en origen de 0,94 euros y se vende al consumidor a 2,83 euros, el
triple (un 201% más).
En este camino ascendente de los precios desde el
campo hasta la mesa, la distribución es el último eslabón pero no el
único, pese al empeño del ministro Planas y del presidente Sánchez de
cargar las tintas contra el sector distribuidor, que apenas absorbe una
mínima parte de la producción de frutas y hortalizas que no se destinan a
la exportación (ver informaciones en página 25).
En este caso, el campo
acusa a la distribución de utilizar determinados productos como reclamo
en sus campañas publicitarias, agravando así la espiral de bajada de
precios que padece.
Aranceles y la PAC
A
los problemas internos se añaden también los externos, como la ofensiva
arancelaria de la Administración Trump sobre productos agroalimentarios
europeos en represalia por las ayudas ilegales a Airbus, que ha
golpeado los intereses del campo español en sectores tan sensibles como
el aceite, el vino o los quesos, convirtiéndole en pagano de los platos
rotos de un conflicto ajeno, vinculado a las ayudas públicas al sector
aeronáutico en Europa.
Otro foco de presión para el Ejecutivo de
Sánchez, en tanto que estos aranceles, en vigor desde el pasado mes de
octubre, ya están erosionando las cuentas de las empresas, que reclaman
al Gobierno español y a Bruselas contundencia en la defensa de sus
derechos y una respuesta que no acaba de llegar.
Otro de los
caballos de batalla es la futura PAC (Política Agrícola Común), un
instrumento clave para la supervivencia del sector primario español, que
ha visto como las ayudas y subvenciones menguaban en los últimos años y
ahora espera con expectación, y no poca preocupación, la negociación de
la PAC para el periodo 2021-2027 ante el temor a que la UE aplique la
tijera al presupuesto (que ha ascendido a 400.000 millones entre 2014 y
2020) tras la salida de Reino Unido del club comunitario.
Sánchez ya
anticipó ayer que la negociación de la PAC y de los fondos de cohesión
se augura "larga, tensa y compleja".
Al cóctel de adversidades
del sector su suma lo que denuncian como competencia desleal por parte
de países extracomunitarios como Marruecos, Túnez o Chile, con costes de
producción más bajos y que no cumplen con los estándares de la UE.
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